LA COMISIÓN DE SANIDAD DEL CONGRESO APRUEBA EL TEXTO, QUE RATIFICARÁ EL SENADO

Consenso sanitario pero no económico ante la nueva Ley Antitabaco


El PP se alía con los hosteleros augurando despidos y cierre de locales, y el PSOE da luz verde a la financiación de la deshabituación tabáquica minutos antes de comenzar la reunión

María Márquez / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Exposiciones breves y votación rápida. Así transcurrió la reunión de la Comisión de Sanidad para aprobar la proposición no de ley que modifica la Ley Antitabaco de 2005. El acuerdo en líneas generales era evidente exceptuando la evaluación del impacto de la norma en el sector hostelero, dramática para el Partido Popular, con “pérdida de puestos de trabajo, cierre de locales y el ocio nocturno muy afectado para autónomos y empleados”, según su portavoz Mario Mingo. La anécdota la creó el PSOE, que tan sólo minutos antes del comienzo de la reunión comunicaba a la oposición el compromiso de financiar los programas de deshabituación tabáquica.

Uxue Barkos, portavoz del Grupo Mixto, rompió el hielo instando a los socialistas a “un punto de encuentro con las asociaciones del sector hostelero”. Idea recogida también por GER-IU-ICV, cuyo portavoz Francesc Canet, se mostró a favor de indemnizar a los empresarios que tomaron medidas en sus locales a raíz de la anterior norma. A continuación, el discurso volvió al plano meramente sanitario de mano del presidente de la comisión, Gaspar Llamazares, quien resaltó sus palabras “como médico” recordando que el fumador pierde diez años de expectativa de vida con respecto a los que no inhalan nicotina. Para Llamazares se trata de una norma “con valores profundamente democráticos” de la que resaltó la importancia de la restricción del humo en los centros sanitarios y parques infantiles además de la financiación de la deshabituación tabáquica, si bien matizó que “no se ha logrado completamente, pero el resultado sí es satisfactorio”.

Definir competencias autonómicas y gubernamentales

La portavoz del CiU Concepción Tarruella se mostró satisfecha por la aceptación de cinco de las seis enmiendas presentadas por su grupo. El único escollo, la demanda de beneficios fiscales para los establecimientos que habilitaron sus locales, rechazada por el PSOE.

Tarruella destacó también el estricto cumplimiento que ha demostrado Cataluña ante la normativa de 2005, preguntándose si esta reforma habría sido necesaria “si el resto de comunidades autónomas la hubiesen seguido de la misma manera”. La última intervención de esta primera parte fue para Mario Mingo, portavoz popular en dicha comisión, quien echa de menos un análisis más profundo de la repercusión económica de la futura legislación, augurando un escenario dramático para los puestos de trabajo y el cierre de locales dedicados al ocio nocturno.

El turno de portavoces fue inaugurado por Joseba Agirretxea, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), quien coincidió en resaltar el acuerdo en la “mayoría de asuntos” si bien aseguró “echar de menos más peso a la hora de promover la reforma”, realizada con una metodología poco hábil en su opinión. Por último, instó al estudio de la distinción de competencias entre comunidades autónomas y Gobierno central en cuestiones clave del futuro texto normativo como la deshabituación tabáquica.

La última intervención fue la de la portavoz socialista Pilar Grande, quien abogó por una ley “clara, concisa y sin recovecos que sea entendida por toda la sociedad” y recordó que el objetivo fundamental de su partido había sido el de “mejorar la salud de los españoles, en especial la de los trabajadores de la hostelería y los niños”.

La proposición de ley está ahora en manos del Senado, en el que previsiblemente contará con el mismo acuerdo general que ha cosechado en el Congreso de los Diputados. El objetivo final es su entrada en vigor el 2 de enero de 2011.