ENTRARÁ EN VIGOR EN SEIS MESES

Luz verde a la Ley de Derechos y Deberes en Materia de Salud


También salió adelante la Ley de Creación de las Categorías de Personal Estatutario de Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios y Prestaciones

Redacción. Toledo
La Ley de Derechos y Deberes en Materia de Salud comprometida por el presidente Barreda en el último Debate sobre el Estado de la Región es ya una realidad. Aprobada con los votos de la mayoría socialista en el Pleno de las Cortes regionales, la norma “crea el marco legal apropiado para la sanidad del siglo XXI en Castilla-La Mancha”, según el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata.

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El consejero Fernando Lamata.

El texto aprobado recibió diez enmiendas por parte del PP, cuya portavoz, Carmen Casero, argumentó que su partido habría hecho “otra ley”, aunque “por responsabilidad han contribuido con sus enmiendas a mejorar el texto presentado por el Gobierno socialista”. Asimismo, explicó que el PP ha intentado recoger los “anhelos y las carencias” que tiene la sanidad y que le han transmitido diferentes colectivos de la región.

Esta nueva ley responde, según el consejero, a “la necesidad de promover y reforzar la responsabilidad compartida en el buen uso de los recursos sanitarios y en el cuidado de la salud como elementos claves de la sanidad del siglo XXI”. Así, Lamata señaló que cada ciudadano tiene la responsabilidad, como la tienen los profesionales y las administraciones, de cuidar la sanidad pública de máxima calidad que disponen como si fuera su propia casa.

Sin embargo, el Partido Popular no está igual de satisfecho con la norma, y así, Casero criticó que cuenta con carencias y lo calificó de ser un “copia y pega” de otras legislaciones de otras regiones que hace mucho, según recalcó, iniciaron el viaje en cuanto a los derechos de los ciudadanos. Además, reiteró que “corren malos tiempos para hablar de los derechos de los ciudadanos”, poniendo como ejemplo la subida del IVA y la futura subida del recibo de la luz.

Por último, la diputada popular se mostró en contra del régimen sancionador que incluye la ley al entender que la norma puede prescindir de este título ya que se incluye en la legislación estatal. En resumen, indicó que esta ley contempla “muchos huecos” y consideró que los hombres y mujeres necesitan soluciones de gobiernos “firmes”, por lo que apeló a un “cambio de timón” e invitó a todos los profesionales sanitarios y al resto de población a “protagonizarlo” con el PP.

Por su parte, el diputado socialista Jesús Fernández Vaquero defendió la norma por ampliar los derechos y establecer deberes y un marco de convivencia en el sistema sanitario. En cuanto al régimen sancionador criticado por Casero, el portavoz socialista considera que la ley debe de ser “clara” para los jurídicos y los ciudadanos y “deben saber a qué atenerse”.

En este contexto, Fernández Vaquero lamentó que después de estar más de un mes discutiendo con el objetivo de intentar mejorar el texto, se venga al pleno y “todo esto se transforma” y adquiere otra dimensión “en base a una estrategia que le marcan a ustedes”. “Ustedes no tienen autonomía, a ustedes le marcan día a día la línea”, inquirió a los populares.

Entrará en vigor dentro de seis meses

La norma, que entrará en vigor dentro de seis meses, define el marco jurídico y las reglas de juego para que la relación entre el paciente y el profesional se lleve a cabo en un marco de confianza, con derechos y deberes por ambas partes, según señala la Junta.

Establece en una única norma los derechos y deberes que tienen los ciudadanos y los profesionales sanitarios en el ámbito de la salud y la colaboración ciudadana en la gestión de la salud pública y de su propio estado de salud.

Así, recoge los derechos de los usuarios relativos a intimidad, confidencialidad, información, consentimiento informado, voluntades anticipadas, acompañamiento, gestión del proceso de enfermedad, tiempo de espera, segunda opinión, libre elección, participación activa en la gestión sanitaria entre otros.

También sus deberes en materia de salud, que pasan por el adecuado uso de los recursos sanitarios, la responsabilidad de los ciudadanos con su salud, la colaboración con las autoridades sanitarias y mantener el debido respeto a los pacientes, a los acompañantes y al personal que presta sus servicios en los centros

Además, incorpora como derechos la confidencialidad de la información referida al patrimonio genético, la asignación a cada paciente de un profesional que actuará como coordinador de su proceso asistencial, la elaboración de una carta de derechos y deberes de las personas relativos a la salud y a ser atendidos con las mayores garantías de calidad y seguridad.

Inspectores sanitarios

Por otro lado, el consejero se mostró satisfecho por la decisión de las Cortes de Castilla-La Mancha de aprobar también la Ley de Creación de las Categorías de Personal Estatutario de Inspección y Evaluación de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

Lamata señaló que esta ley es una herramienta de mejora de la calidad asistencial en Castilla-La Mancha y alabó la labor de los inspectores sanitarios que desarrollan su trabajo como servidores públicos que ayudan a resolver los problemas que puedan tener los ciudadanos en el ámbito de la sanidad pública.

La diputada del PSOE, Matilde Valentín, que fue la encargada de defender el texto durante el debate sobre la norma, compuesta por cinco únicos artículos, enmendados por el Partido Popular, que votó en contra de aquellos que mantenían enmiendas, explicó que, estando separadas hasta ahora las labores y el régimen estatutario de los profesionales objeto del texto, era necesario “hacer una nueva adscripción de las funciones”.

Argumentó, así, que la ley es fruto del consenso con los sindicatos, inspectores y organizaciones afectadas, y valoró el hecho de que haya un servicio propio de inspección como una “herramienta para mejorar la calidad de la asistencia”, que permitirá “detectar, corregir y prevenir deficiencias estructurales y organizativas de la atención que reciben los ciudadanos”.

La parlamentaria popular Carmen Casero, manifestó, tras mostrar su respeto por el desarrollo profesional del personal sanitario, su convicción de que estos “tienen derecho a la carrera profesional no por concesión graciosa del Gobierno sino porque hay normativa que así lo dice”.

Casero, tras considerar que el colectivo de profesionales de la inspección es “absolutamente necesario para el normal funcionamiento de la administración sanitaria”, pasó a criticar el hecho de de la Gerencia de Inspección de Servicios Sanitarios y Prestaciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se haya creado “para recolocar” a antiguos altos cargos.

En ella, señaló se ha colocado al antiguo secretario general del Sescam “de una manera encubierta” y a otras personas, aprovechando el decreto que reordenó la Consejería de Salud y Bienestar Social, y acusó al Ejecutivo de “crear un corralito particular” en este servicio que cuenta “con los mismos papeles que el aeropuerto de Ciudad Real: cero”.

Aprovechó, en este punto, para pedir “el cese inmediato del gerente de la Inspección”, Rafael Peñalver, al considerar “inadmisible” que por su parte se estén mandando correos “en los que le cuenta al colectivo lo que pasa en los plenos desde una óptica política”, algo que calificó como “absolutamente intolerable” y por lo que señaló que “está siendo tarde para la Junta tomar cartas en el asunto”.

Valentín, en su segundo turno de intervención, dijo desconocer “de qué carta está usted hablando”, contestó a Casero que “hay que ser serios y no frívolos” y criticó un “ejercicio de frivolidad que no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza”, para a continuación aseverar, hablando de recolocaciones, que “la mayor recolocada” es María Dolores de Cospedal.

Respecto a la ley, insistió en que la carrera profesional sólo es posible siendo personal estatutario, y respondió al PP que el peso de las enmiendas que mantiene este grupo parlamentario vivas tras su paso por Comisión y que le impide aprobar la ley “es tan mínimo que deberíamos haber hecho un aproximamiento”, algo en lo que también coincidió finalmente el consejero de Salud y Bienestar Social, al demandar a los populares que “reconozca el valor de estos profesionales y se sume al apoyo de esta ley”.

Categorías estatutarias

El texto aprobado, según reza en su exposición de motivos, crea las correspondientes categorías estatutarias de personal de inspección y evaluación de prestaciones y servicios sanitarios y adopta las disposiciones necesarias para adscribirlas a las plantillas y puestos de trabajo del Sescam, a través de la correspondiente Gerencia de Inspección de servicios sanitarios y prestaciones.

La ley establece asimismo la previsión del proceso y requisitos básicos de integración en el régimen estatutario del Sescam de los funcionarios de las escalas superior y técnica de inspección y evaluación sanitaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.