El senador del Grupo Mixto, Pedro Eza, ha interpelado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el pleno del Senado.

María Márquez. Madrid
El senador del Grupo Mixto (UPN) Pedro Eza, ha trasladado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, la inquietud de Navarra ante la inconstitucionalidad que ha percibido en “dos artículos y varios apartados de disposiciones adicionales” del RD 20/2012, que supone la reforma de la Ley de la Dependencia. Si bien ha recalcado que los servicios jurídicos y la Abogacía del Estado no habían detectado estas irregularidades, la ministra ha ofrecido a Eza “un mecanismo para resolver estas diferencias de criterio” y evitar así llegar a los tribunales.

En el pleno del Senado, Eza ha advertido de la intención navarra de “reclamar la inconstitucionalidad” de la norma en caso de no llegar a ningún acuerdo con el Ejecutivo central. Por su parte, la ministra de Sanidad ha reiterado el “respeto escrupuloso” por las competencias autonómicas, al tiempo que ha recordado que el RD 20/2012 contó con “la amplia mayoría” de acuerdo en el seno del Consejo Interterritorial, en la que ha incluido a la consejera navarra, Marta Vera.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón ha sido el encargo de responder al senador socialista Roberto Lertxundi.

Constitucionalidad de la Ley del Aborto

Gonzalo Moliner, presidente del Tribunal Supremo, declaraba el pasado mes en una entrevista en El País, que la actual Ley del Aborto es “constitucional”. Esta consideración le ha dado pie al portavoz del PSOE en el Senado, Roberto Lertxundi, a preguntar al Gobierno, en el pleno de la Cámara alta de este martes, si “comparte” la opinión de Moliner.

El encargado de responderle ha sido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha advertido a Lertxundi que “no haga política de cizaña ni busque un conflicto entre poderes del Estado”, en alusión a Moliner y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala.

El senador ha insistido en que “solo tres países de los 27 de la UE” cuentan con una legislación con plazos de libre acceso, pidiendo que España no se quedase atrás con la futura reforma normativa que planea el Ejecutivo. El ministro de Justicia, que ha preferido no manifestarse sobre la norma, se ha limitado a declarar que Moliner había mostrado “respeto institucional” al puntualizar que la decisión sobre la norma corresponde al Tribunal Constitucional.