Antonio Sáez Aguado, consejero de Sanidad.

Redacción. Valladolid / Imagen: R. Cacho. ICAL
La Consejería de Sanidad prevé ahorrar entre 30 y 40 millones de euros este año sobre el gasto de 2010 y cerrar el ejercicio con unos 3.400 millones de euros de desembolso. Así lo ha explicado el responsable de este departamento, Antonio Sáez Agudo, durante su comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes para explicar la deuda que Sacyl tiene contraída con sus proveedores.

Sáez Aguado ha insistido en que está en condiciones de garantizar este ahorro y que la Consejería no va a generar más deuda con sus proveedores en 2011, para lo que ya se han puesto en marcha algunas medidas de contención y ahorro. Así, se ha refirido a los recortes que ha sufrido la estructura de su departamento, con dos direcciones generales menos en esta legislatura; a la política de dispensación de genéricos, así como al impulso de compras centralizadas y agregadas, como ha ocurrido ya con la adquisición de las vacunas contra la gripe.

En su intervención ha destacado que la Junta está “muy preocupada” por los pagos a los proveedores, aunque ha destacado que todas las comunidades autónomas excepto País Vasco y Navarra viven dificultades y retrasos en los pagos, algo que, a su juicio, demuestra el “fracaso” del modelo de financiación autonómica actual, ya que las dos únicas regiones que no se enfrentan a estas deudas son las que tienen un modelo distinto.

Ante esta situación, Sáez Aguado ha considerado que una problemática de esta magnitud debería tener una solución gestionada desde el Gobierno central para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, ya que “no es posible que la actuación de una comunidad autónomas pueda solucionar el problema”.

Problema de ingresos

Para el consejero la raíz de la situación está en los ingresos y no en el gasto, ya que, como ha recordado, Castilla y León ha dejado de percibir 724 millones de euros procedentes de distintos fondos de un modelo de financiación autonómica que “nació casi muerto”, una cuantía con la que se podría solucionar parte de la deuda a los proveedores que a 31 de diciembre de 2010 ascendía a 534 millones de euros.