Cristina Mouriño.
10 millones de euros al año. Este será el ahorro que prevé lograr la Consejería de Igualdad, Salud y Política Social con la subasta de equivalentes terapéuticos que en estos momentos se encuentra suspendida. María José Sánchez Rubio ha recordado que pese a la suspensión cautelar dictada por el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía, el plazo para la presentación de ofertas permanece abierto, mientras el tribunal analiza el procedimiento recurrido por algunos laboratorios.
María José Sánchez Rubio.
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Sánchez Rubio ha comparecido ante la Comisión de Salud y ha defendido que con esta medida “pretendemos reducir al máximo los costes de la factura hospitalaria que en los últimos cinco años se ha incrementado un 37 por ciento y en 2012 alcanzó los 648,5 millones”. La Consejería de Salud ha ahorrado más de 1.000 millones de euros con las políticas de uso racional del medicamento, según ha destacado la consejera.
“En este procedimiento hemos buscado el consenso profesional, ha explicado. De los 22 lotes de principios activos que contempla el acuerdo marco no hay ninguno que sea de los considerados “exclusivos”. Sánchez Rubio ha asegurado que “no van a suponer cambios en los tratamientos instaurados a no ser que lo decidan los médicos”. “Ni vamos a limitar el acceso a los tratamientos ni vamos a mermar la libertad de prescripción de los profesionales”, ha añadido.
El PP ha subrayado que “ha de respetarse la libertad de prescripción del médico”, ya que a su juicio, con la subasta se produce una intromisión. Asimismo, ha recordado que el Gobierno central ya aludió a la invasión de competencias que supone la medida andaluza. Además ha reprochado que el procedimiento no está avalado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), por lo que no es viable.
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