Redacción / Leire Sopuerta.
El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, ha cifrado en 283 días el actual tiempo de demora de la Junta de Castilla y León -con fecha de 21 de noviembre- en el pago a proveedores sanitarios, 300 en los pagos referidos al capítulo II del presupuesto y 64 para las inversiones recogidas en el capítulo VI, según el cómputo que establece el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
La socialista Mercedes Martín y el consejero Sáez Aguado.
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Según ha explicado en el Pleno de las Cortes, ese criterio de CPFF no computa el capítulo IV, que paga "al día" a las oficinas de farmacia y por una cuantía "muy importante" que ha cifrado en 562 millones de euros por más de 45 millones de recetas. De tener en cuenta ese dato, ha asegurado Sáez Aguado, la media del tiempo de demora en el pago a proveedores bajaría de una manera importante.
Sáez Aguado ha contestado a la procuradora socialista Mercedes Martín que se ha interesado por el tiempo medio de demora en el pago a los proveedores sanitarios previsto por la Junta al finalizar el año, a lo que el consejero ha contestado que "será el que sea" y que informará con fecha de 31 de diciembre de 2011.
Martín ha acusado a la Junta de asfixiar a los proveedores sanitarios, que están sin liquidez, y de hacer peligrar muchos puestos de trabajo y se ha preguntado si la "milagrosa" presencia de Mariano Rajoy en el Gobierno de la nación ingresará en el bolsillo de la Junta de Castilla y León el próximo 5 de enero los más de 500 millones de euros que debe a los proveedores, según sus cálculos.
El consejero de Sanidad ha aprovechado su turno de dúplica para ironizar sobre el cambio de actitud de los procuradores socialistas a los que ha visto "contentos" y "más sonrientes" en este pleno al mismo tiempo que ha tachado de "intolerables" las insinuaciones de la socialista sobre la intención de la Junta de vender la sanidad.
Dependencia
El consejero también ha respondido una respuesta sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la comunidad. “La Junta garantiza la atención a los dependientes de forma general y de manera bastante razonable”. Tras criticar que el Gobierno nacional no financia la norma en los términos que fija la ley, ha asegurado que “no va a permitir” que el PSOE se apropie de esta norma “porque el PP también apoyó la iniciativa en el Congreso de los Diputados y son las comunidades las que la financian mayoritariamente”.