Cristina Alcalá / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La situación de la sanidad en España es un debate que continúa candente, en el que las formas de financiación y la sostenibilidad del sistema generan diferencias entre sus principales gestores. A pesar de no tener representación en las Cortes Generales, los partidos minoritarios tienen algo que decir sobre este servicio público esencial.
Esta publicación ha reunido a Joaquín Pagola, portavoz del Partido X; José Luis González Quirós, vicepresidente del Comité Ejecutivo Provisional de Vox; Carme Pérez, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña; Juan Antonio Palacios, representante de Podemos y Ramón Linaza, portavoz de Equo en Madrid, para conocer sus opiniones sobre esta materia.
Todos coinciden en señalar que la sanidad es una competencia que tiene que volver a la Administración central, ya que la segregación en las diferentes comunidades autónomas solo genera desigualdad en función del territorio. Su posición en referencia al copago farmacéutico es también ecuánime, al considerar que atentan contra la equidad de los pacientes.
Sin embargo, en referencia al Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo del PP hace dos años, los minoritarios no aúnan posiciones y no lo rechazan de forma conjunta: todos menos Vox ven que la norma acota la universalidad de la sanidad entre la población, mientras que la formación de derechas considera que hay que hacer algo con el nivel asistencial en España.
De izquierda a derecha, Carme Pérez, diputada de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña; Joaquín Pagola, portavoz del Partido X; José Luis González Quirós, vicepresidente del Comité Ejecutivo Provisional de Vox; Cristina Alcalá, redactora de Redacción Médica; Juan Antonio Palacios, portavoz de Podemos y Ramón Linaza, representante de Equo Madrid.
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¿Cuáles son sus opiniones acerca de la situación el Sistema Nacional de Salud (SNS) en España? ¿Qué deficiencias tiene actualmente la sanidad en el país?
Joaquín Pagola: Mal empezamos hablando de deficiencias porque estamos ante el servicio público mejor valorado sistemáticamente por parte de los ciudadanos. Y sin embargo, ¿qué posición ocupamos en el ranking mundial en corrupción? La posición 40. A diferencia de lo que ocurre en el Sistema Nacional de Salud, en el que ocupamos una posición muy alta en los rankings mundiales.
Tenemos que proteger nuestro sistema, tanto su eficiencia como su funcionamiento. Otra cosa es que haya ámbitos de mejora. Ahora mismo se está percibiendo que está siendo atacado y las administraciones públicas van en contra de lo que los ciudadanos les van marcando, por lo que éstos van a desbordar a la Administración y a los partidos políticos por la gestión que están realizando en sanidad, porque la ciudadanía tiene claro que quiere proteger este sistema.
Antes de los recortes, la valoración que teníamos de la sanidad era de prestigio social y actuar en contra de esto va a tener un alto coste.
José Luis González Quirós: Para hablar del SNS hay que distinguir varias cosas. La valoración de los ciudadanos de la sanidad por un lado, pero no solo eso. Los políticos tenemos la obligación, no de quedarnos con una valoración global, sino analizar en cómo funciona este sistema. No es incompatible una apreciación general del sistema con el hecho indiscutible de que se está deteriorando por muchas razones. Y, probablemente, la razón de mayor fondo tiene que ver con el tipo político.
El último consenso político en este sentido fue el Informe Abril de 1989, que detectó una serie de problemas que el sistema tenía ya y se podía acentuar. Sin embargo, las fuerzas políticas no han avanzado en este sistema.
Por tanto, tenemos un sistema apreciado pero que tiene problemas serios, el más importante, el de la sostenibilidad, que resulta muy costoso a los españoles. El segundo problema es de ineficiencia relativa, ya que funciona en muchos aspectos de forma absurda, por ejemplo, cuando los pacientes tienen que circular por las oficinas del médico para que le dispensen una receta que vale apena dos euros. Esto es absurdo y supone un coste muy alto.
Por otro lado, el sistema ha sido afectado a un proceso de descentralización que tiene multitud de deficiencias, provocando que ya no sea un sistema homogéneo; y también de coordinación, ineficiencia y desigualdad.
Además, cuando un sistema no quiere examinarse, hay que pensar que hay factores que impiden ese análisis. Tenemos que ser valientes y hacer un análisis de los problemas sanitarios, que los tiene, lo cual no significa que haya que acabar con el sistema o sustituirlo por otro distinto. Simplemente hay que corregirlo, someterlo a un sistema de control más estricto y tomar una serie de medidas que deben ser valientes o poco populares, pero que se necesitan.
Carme Pérez: Hay que enfocar el tema desde el punto de vista del modelo político y lo primero pasa por definir si la sanidad es una prestación social, es un negocio que se tiene que compaginar con la medicina privada o es un derecho de los ciudadanos. Eso es lo primero que concibe el modelo político de un sistema sanitario.
Para mí es un derecho social, es incuestionable, y creo que los partidos políticos mayoritarios no lo comparten, aunque digan que lo comparten. Además, creo que se ha roto el espíritu de la Ley General de la Sanidad, que preveía la equidad como regidora de la norma, además de la universalidad. Esto se ha roto en la descentralización de la sanidad en las 17 comunidades autónomas, que también ha acabado con este concepto de equidad que la norma preveía.
Además, mí no me gusta hablar de gratuidad de la sanidad, porque es evidente que lo pagamos entre todos ciudadanos, en todo caso retributivo, que no gratuito.
Por otro lado, el modelo que existe en Cataluña es un modelo claro de privatización de la sanidad, y no hay ningún estudio que aclare que este modelo sea mejor que el público, porque evidentemente si se privatiza, el dinero tiene que salir de alguna parte.
Si el sistema funciona mal, será problema de los gestores, no del sistema, y será estos los que habrá que cambiar. Y eso explica mucho de los intentos privatizadores, que en algunas ocasiones son opacos en muchas comunidades autónomas.
Juan Antonio Palacios: Nosotros los profesionales sanitarios sabíamos que el sistema necesitaba una reforma en profundidad, por supuesto. Pero nadie había adivinado que asistiríamos a este experimento de la crisis económica, una respuesta que se podría dar desde la austeridad o desde los estímulos.
La primera, desde la austeridad, busca la reducción del déficit a costa de reducir el coste del Estado del Bienestar y ya se sabían las consecuencias de estas políticas, y los estudios demuestran que esta recesión está creando el daño. Y se podría haber hecho diferente, como en Suecia en los años 90, donde la respuesta a la recesión fue un refuerzo mayor al Estado del Bienestar, consiguiendo unos estados magníficos.
Este sostenimiento genera resultados, donde el impacto del sufrimiento a los ciudadanos se reduce notablemente. Y es el momento de evaluar las políticas sanitarias que se están aplicando y el causante, ahora mismo, se debe a las políticas de recortes que se están aplicando, generando unos resultados muy dañinos para la población.
Ramón Linaza: Creo que lo que tenemos es un buen sistema con un mal gobierno. Hasta ahora hemos tenido un sistema universal, fuera de copago, y ahora mismo hay un mal gobierno, donde la descentralización no se ha hecho bien y ahora mismo tenemos un cambio de modelo con el Real Decreto 16/2012 que rompe con la universalidad del sistema.
Evidentemente son necesarias las reformas pero es imprescindible defender el sistema de salud pública que hemos tenido hasta ahora con atención universal.
Además, sería necesario un nuevo pacto de Estado en salud, pero creo que en la actual legislatura sería imposible, porque el Partido Popular, con su mayoría absoluta, está cambiando el actual modelo para pasar del derecho a la sanidad a un negocio.
¿Cómo han afectado los recortes presupuestarios de los últimos años en la financiación y en la sostenibilidad del sistema sanitario? ¿Tenemos hoy en día una sanidad de peor calidad? Y si es así, ¿a qué se debe?
Carme Pérez: Sí, por supuesto, yo no tengo ninguna duda. Un ejemplo lo vemos en las listas de espera, que se han disparado, y esto es uno de los índices que valoran en la calidad asistencial.
En Cataluña, por ejemplo, hay una lista de espera quirúrgica de 180.000 pacientes y más de 110.000 en la diagnóstica y esto es insostenible, aunque la calidad por parte del profesional sea la misma.
El empeoramiento de la calidad se ve también en la fuga de cerebros que sufre el país en estos profesionales sanitarios, donde los trabajadores formados se marchan al extranjero. Formar a un médico cuesta más de 10 años y los residentes que tenemos en Cataluña, en gran parte son extracomunitarios, porque los autóctonos prefieren ir a zonas mejores. No se puede negar que esto impacta en los recursos del sistema.
José Luis González Quirós: Nuestro sistema está lleno de ineficiencias y tiene una enorme opacidad en muchos aspectos, que impide conocer cómo funciona.
Estos datos están ocultos precisamente por la buena valoración del sistema, pero no tenemos instrumentos para analizarlos. Tenemos que ser conscientes de que tenemos un sistema enorme, mal conocido y que si queremos reformarlo, entendiendo lo contrario al recorte, tenemos que conocerlo más. Pero hay muchos intereses en juego para que no se conozca bien, de carácter sindical, corporativo, político, administrativo... Y yo soy partidario de hacer un juicio global, pero la necesidad de conocerlo a fondo para hacer las reformas me parece que tiene que ser indiscutible.
Juan Antonio Palacios: Está claro que existe una trampa administrativa porque ya se encarga el Ministerio de Sanidad de colocar datos lejanos y no desagregados. Y está claro que existe la sospecha del maquillaje de esos datos.
El informe Sepas muestra el impacto de esta política de recortes y privatización en el número de profesionales del sistema, en la calidad asistencial, en el aumento de las listas de espera... Y hay un deterioro de la salud pública y de la universalización con el Real Decreto 16/2012.
¿Las deficiencias que existen actualmente en el sistema sanitario público español se podrían solventar con la gestión externalizada de los servicios?
Juan Antonio Palacios: Para nada, es el resultado de donde estamos. Y las revisiones han demostrado que, en absoluto, la gestión privada mejore las deficiencias de la pública, y posiblemente todo lo contrario. Creo que la privatización tiene consecuencias, que si se suman a otros problemas que tiene el país como los copagos... Y luego tenemos el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, con la industria farmacéutica, y las consecuencias que va a tener.
Hay evidencias serias de resultados altamente negativos por las políticas que se han aplicado desde el 2008 y, además, por la estructura compleja del país habría que tratar cada caso.
Ramón Linaza: El ejemplo del modelo de sanidad pública y privada lo tenemos en Estados Unidos, que destina el 17 por ciento del PIB al gasto sanitario, el doble del que tenemos en España. Pero otros casos, como en Gran Bretaña, donde los hospitales habían sido privatizados y han sido revertidos.
Yo creo que cuando se dice que la gestión privada es más eficiente, creo que es más eficiente para las empresas que quieren sacar beneficios de ese mercado.
Pero además, al acabar con la universalidad del derecho a la salud, se convierte en una amenaza a la salud pública y es imposible controlar pandemias cuando tienes un sector de la población que no tiene acceso a la sanidad y está claro que, a largo plazo, aumenta el coste, porque si una persona no es atendida debidamente en Atención Primaria, revertirá en Atención Hospitalaria, lo que aumentará el coste.
Joaquín Pagola: Todos estamos de acuerdo de que el acceso a la sanidad es un derecho porque está recogido en nuestro marco constitucional, por tanto no es una prestación de un servicio, sino que es un derecho constitucional. Este derecho es sostenible a través de impuestos, es decir, el conjunto de la población.
Por tanto, al ser un espacio sostenido por todos y gestionado públicamente, ¿es un espacio para el lucro? Nadie duda de la sanidad privada, porque se sostiene con fondos privados. Pero, ¿estamos dispuestos los ciudadanos a generar un espacio de lucro con el dinero público? Si es así, vale, en qué porcentaje.
Pero esto es diferente a los modelos de gestión. En lo público, podrían adoptarse distintos modelos. Pero la pregunta es, ¿qué interés podrían tener los grupos empresariales para querer entrar a una zona que está sostenida con fondos públicos? Puede haber un desarrollo de la privada, lógicamente, que se capitalice, que se desarrolle y busque sus propios capitales, para generar un marco de financiación.
Está claro que estamos en un proceso de cambio, los ciudadanos hemos dejado de ser tontos y el tema de salud es un tema clave y que está creando alarma entre ellos socialmente.
Conclusión, el sistema necesita evaluación por resultados, de las políticas y se necesitan marcos en las zonas de la evaluación. Este sistema necesita auditoría ciudadana, y se va a producir, porque realmente se ha producido ya la alarma. Y la alarma es que quien te administra el sistema no lo hace en relación a tus intereses, que son intereses ligados a un derecho que es la salud, y que son en relación a otros intereses, en los que hay opacidad.
José Luis González Quirós: Estamos hablando de un problema que es común y que es real. A mi particularmente el debate de privatización o no me parece secundario, y que antes habría que definir cuál es el problema.
El sistema sanitario es el más complejo que existe, en el que implica no solo la relación médico-enfermo, sino que hay capitales en juego muy altos, tiene relaciones con el mundo jurídico, etc. Pero desde el punto de vista del personal, la formación de un médico en España, de media, cuesta 200.000 euros. Pero resulta que estamos formando médicos que el sistema no absorbe y se van.
Pero si nos preguntamos qué cobra un médico que ejerce en las mutualidades es inferior a lo que cobra una persona con un trabajo menos cualificado, por lo que el nivel retributivo entre uno y otro, además de la responsabilidad social que tiene y con una dificultad para formarse, es ridículo. Y esto también hay que analizarlo.
Y me parece que más que politizar el sistema sanitario, lo que interesa mucho a la sociedad española es que los políticos hiciéramos el sistema más transparente, que viésemos dónde están los costes, las deficiencias, las cosas que se pueden corregir y los absurdos que hay que evitar. Por ejemplo, Madrid tiene más facultades de Medicina que el Reino Unido y eso es un disparate para el sistema sanitario.
Carme Pérez: Los salarios de los médicos españoles son los cuartos de Europa, empezando por la cola, y cobramos una séptima parte de lo que cobran los belgas. Por lo que es un resumen claro de lo que hay. Son unos profesionales que siguen en el sistema público por vocación y, aunque es evidente que hay casos de absentismo, y los gestores, sean públicos o privados, tienen que cumplir con sus obligaciones, que no las cumplen. Pero yo doy fe que los chavales jóvenes que están empezando, y que llevan el peso de las urgencias, se les están retribuyendo con salarios que son ridículos.
En Cataluña, existe lo que se conoce como el ‘modelo catalán de salud’, donde fundamentalmente la medicina pública de los hospitales que hay en el Instituto Catalán de la Salud (ICS). Y ahora, la mayoría de la sanidad catalana, que se nutre con conciertos absolutamente opacos, es a través de centros privados y que huyen del control administrativo, en beneficio de algunas personas relacionadas con los poderes públicos catalanes.
Con esto no quiero decir que la gestión privada es fraudulenta, evidentemente, toda no lo es, pero en Cataluña tenemos un ejemplo paradigmático de lo que ha sido la gestión de grandes centros con grandes presupuestos cuando el gestor no tiene ningún interés en regularlo. Y nosotros estamos haciendo el camino que hizo Gran Bretaña en su momento, que tenía un sistema sanitario público potente y que funcionaba. Después caminó hacia la privatización para luego deshacer ese camino. Y si se trata de seguir este ejemplo, ni yo ni mi partido, e imagino que el resto de ciudadanos no podrán estar de acuerdo.
Juan Antonio Palacios: Yo quisiera responder sobre la deriva que estamos teniendo de los recursos humanos. Tengo que salir al paso de ciertas acusaciones de negligencia profesional o de absentismo, no solo en médicos, sino de todo el personal sanitario. Sinceramente, creo que los datos no corroboran eso y el debate no se centra en la masa salarial.
En Madrid, por ejemplo, durante 15 meses se ha tenido una intensa lucha en contra de la privatización, con tres oleadas de huelga, con pérdida salarial cuantiosa. Creo que los profesionales que están intentando plantear los cambios estructurales del modelo no están hablando en términos de masa salarial, sino en términos de eficiencia y de calidad.
Con respecto a la política de recursos humanos, tiene muchas aristas. Es evidente que las migraciones españolas han ido hacia Europa y las competencias las tienen las comunidades autónomas y el Gobierno central, quien es el que regula la oferta con los ‘numerus clausus’ y con las plazas de especialidad, y son las autonomías las demandantes del plan profesional. Y ese empleo ahora mismo altamente precario y para contárnoslo sí que hay opacidad.
En cuanto al último MIR, han quedado plazas sin cubrir en la última convocatoria y a corto plazo habrá un déficit de profesionales, sobre todo en Atención Primaria. O el déficit en las zonas rurales, que es igual de precaria.
¿Qué opinión tienen sobre el Real Decreto 16/2012, aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace dos años, y la introducción de copagos farmacéuticos en la sanidad española?
Joaquín Pagola: Este Real Decreto quiere basar su financiación desde el punto de vista del asegurado, cuando la sanidad en España está basada en impuestos que financiamos todos. Por lo que nos estamos cargando la universalidad del sistema y nos llama la atención Naciones Unidas porque el país no se hace cargo de la salud de todos sus miembros. Y con este decreto se podrán ver las consecuencias que trae para la salud pública y yo creo que serán negativas, por lo que hay que derogarlo. Tenemos que ir hacia un sistema que garantice la salud de todos los del territorio.
Hablan de que el sistema sanitario siempre será costoso. ¿La introducción de estos copagos sirve como nueva vía de financiación o deberían derogarse?
Ramón Linaza: Yo creo que deberían eliminarse porque atentan contra el principio de equidad. No está claro que reduzca el coste a largo plazo, porque hay un efecto perverso, porque la demanda tiene muy poca elasticidad: si tú requieres de un tratamiento, por mucho que te pongan el copago, no tienes muchas opciones.
Este efecto perverso también se puede ver en el surgimiento de enfermedades que ya se tenían eliminadas. Por tanto la recaudación también es muy discutible.
En cuanto a este decreto-ley, volvemos al año 1986 y acaba con el derecho a la salud como un derecho universal y acabar con esta medida sería una de las medidas a tomar.
Carme Pérez: no es copago, es repago. Y el Gobierno, en vez de profundizar en la salud como un derecho, se ha ido en sentido inverso y va en contra de su principio fundamental.
Las cantidades a pagar es otra historia, pero sobre todo, es analizar si se va en contra del principio general del sistema, que es la universalidad. Cuando uno empieza a introducir estos copagos, es muy difícil establecer el límite, por qué aquí y no allí… Y habría que actuar en consecuencia y si se quiere justificar que es para evitar el turismo sanitario, yo creo que es una idea que dicen bien poco de quienes la dicen porque tiene poco que ver con la realidad. Esto es un problema de salud pública importante y no se puede obviar. Además, las comunidades autónomas lo aplican de forma distinta, por lo que no hay unidad en la discriminación, sino que es aleatoria y arbitraria, para aplicarla de una manera a otra y llega a ser incluso una competición.
Juan Antonio Palacios: En relación al copago, yo lo consideraría un tripago: el euro por receta; el copago hospitalario, que nadie lo ha puesto en marcha; y al copago de unos cuantos productos fuera de la financiación del sistema.
Con el copago la reducción ha sido significativa con el número de recetas, hemos bajado un escalón, pero éste sigue creciendo. Pero está claro y así lo creemos los profesionales sanitarios, es que los recursos en sanidad tienen que proceder por la vía impositiva, suficiente y finalista. Puede haber algunas financiaciones selectivas de prestaciones en base a resultados, pero que nos dejen gestionarlas, y esta fue una de las demandas de las ‘mareas blancas’.
Por tanto, yo derogaría el copago y el Real Decreto 16/2012, sin lugar a dudas.
José Luis González Quirós: El copago siempre ha existido, porque no hay gratuidad, todo se paga en base a impuestos, y porque las recetas van unidas a un cierto pago. La solución pasa por articular un sistema de pago de recetas que tenga una cierta función de ‘ticket moderador’.
Pero no confundamos el recorte con la reforma. Yo creo que es necesario reformar el sistema, e introducir factores de moderación, pero el mero recorte no funciona para nada, porque lo que ahorras de un lado, aumenta de otro.
Por otro lado, no he estado diciendo que las mareas o los movimientos profesionales defiendan demandas salariales, evidentemente no es así. Pero por no introducir sospechas vamos a negar datos de la realidad.
En relación al turismo sanitario, es una manera muy demagógica de presentarlo. No podemos negar que hay casos de mujeres marroquíes que dan a luz en España. ¿Podemos asumir ese gasto? Quizás sí, pero no podemos negar esta situación y el mito del turismo sanitario tiene realidades concretas en las fronteras españolas.
El decreto en su conjunto es la típica medida coyuntural, que se centra en los detalles y no estudia el problema a fondo. Y tiene que haber algo parecido a lo que hubo con el Informe Abril, una comisión formada por expertos independientes, donde se incluyan a los profesionales sanitarios, que se hagan un diagnóstico del sistema, y los partidos políticos en vez de apuntarse al electoralismo y a lo que decir en función de los votos, se apunten a una realidad que es extremadamente compleja y difícil.
Por tanto, debemos someter al sistema en un estudio realmente serio, analizarlo a fondo y tratarlo de una forma más transparente.
Joaquín Pagola: Es posible que tengamos que empezar a pensar de un modelo de los años 70, intensivista, a un modelo del siglo XXI que tenga que ver con la cronicidad y con otra manera de concebir al paciente y al ciudadano.
Pero tenemos que hacer transparente la transparencia. Si una empresa se financia exclusivamente con la pública habrá un momento en el que tenga que ser auditado. Tienen que ser transparentes las empresas públicas y las privadas que se financian con dinero público. Conocer cómo es el origen de los fondos, cómo se han gestionado, cuáles son sus mecanismos y cómo se ha creado el lucro internamente de la sociedad que se financian con fondos públicos.
De igual manera en los mecanismos de concesionaria, gestionados por una empresa privada delegada por el sistema público. Y esto sí que es importante para la sostenibilidad del sistema y habrá que hacer una revisión en profundidad del sistema de lo que se está financiando con fondos públicos.
En relación a la cohesión de la asistencia sanitaria entre comunidades autónomas, la ministra Ana Mato declaró que prefería tener una sanidad a 17, en referencia a la desigualdad que se genera en función del territorio. ¿Es real esta desigualdad? Y si es así, ¿debería volver la competencia al Estado?
Carme Pérez: Es evidente que la desigualdad existe, porque tenemos 17 calendarios de vacunación, 17 modelos sanitarios distintos, 17 listas de fármacos que se costean o no se costean… Esto es una evidencia que rompe claramente el principio de equidad e igualdad que establece la Ley General de la Sanidad.
Además hay nuevas barreras, de que no se publican los resultados de los distintos hospitales ni en distintas comunidades autónomas, por lo que es dificilísimo que un paciente se traslade de una comunidad autónoma. Y en situaciones de crisis y de recortes, crea grandes desigualdades a lo largo de todo el territorio.
El problema no es solo de hacer la sanidad pública más eficiente y más eficaz, optimizando los recursos, pero en el fondo hay un modelo social, y cuando se aplican copagos y recortes, se está incidiendo en la población más frágil, la que tiene menos recursos, como los ancianos, los indigentes, los inmigrantes… Y esto es innegable.
Un modelo que excluye a una parte de la población porque no va a generar más ingresos es un modelo neocapitalista y no basado en la solidaridad entre las clases sociales, entre las clases autónomas y entre generaciones.
Por lo tanto, creo que hay que tener claro que es necesaria la complicidad del resto de fuerzas políticas para apostar por un modelo sanitario eficiente. Lo que no me parece lícito es que el Gobierno no explicite en su programa un cambio de modelo, vaya en dirección contraria y diga que no lo está haciendo, y no se excusen en la crisis para aplicar recortes. Que no nos engañen.
Juan Antonio Palacios: Por supuesto que hay desigualdad de financiación entre comunidades autónomas. Y volvemos a los datos conocidos. En 2009, la media de financiación per cápita, en 1.359 euros y en 2014, en 1.204, lo que supone una reducción.
Pero es que la diferencia entre la comunidad autónoma que más gasta y la que menos son 500 euros, siendo País Vasco la que más y Andalucía la que menos. Lo que supone una disfunción del sistema, tanto en calidad como en cantidad, lo que genera inseguridad en la población.
Si se extiende lo que la equidad topamos con el copago, porque se sospecha que las capas menos favorecidas son las que más están siendo afectadas por el copago, en la que hasta el 20 por ciento de la población más desfavorecida no recoge las recetas en la farmacia.
Yo creo que es el momento de aportar a la población los datos y que conozca lo que está pasando.
José Luis González Quirós: La división en 17 sistemas sanitarios es un disparate, en el que no encuentro ni una sola ventaja. El gasto administrativo se disparó desde que la sanidad se descentralizó y evidentemente, esa división no ha beneficiados a los pacientes, ni tampoco al personal técnico, sino que ha supuesto unas nuevas burocracias.
Es decir, ojo con la descentralización, porque a veces detrás de eso se ocultan verdaderos males y hay datos verdaderamente ocultos. Por ejemplo, el número de profesionales sanitarios de Madrid que escogen para sí mismos la asistencia privada está por encima del 50 por ciento, o entre los funcionarios públicos, el número también es altísimo. Hay que saber por qué pasa esto.
Por tanto, conozcamos mejor cómo funciona el sistema, y salgamos de un estado de opinión que no se quede solo en el que el sistema es bueno en su conjunto y analicemos sobre la base de datos reales y no sobre esquemas puramente ideológicos.
Joaquín Pagola: Sí hay diferencias de la prestación de servicios entre comunidades autónomas, que se cruzan con los modelos de gestión que aplican cada una de ellas, por lo que hay trabajo para desarrollar una cartera de servicios igual para todas. Es decir, hacer una estandarización del servicio que vas a recibir, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivas. Por lo que habría que hacer un abordaje, desde el punto de vista del ciudadano, para construir una cartera de servicios independientemente de su posicionamiento territorial que tenga.
Si tenemos un problema tan grande a nivel global y político es porque no ha habido transparencia con los ciudadanos. Y los implicados en este asunto, desde los políticos, como los profesionales y los pacientes puedan llegar a un consenso con la información que manejan, y pasemos a una situación en el que se trabaja por un sistema estable.
Ahora mismo estamos en una situación invertida, en la que el ciudadano solo es paciente y en la que no estamos seguros de los partidos que nos representan realmente estén trabajando por las políticas de salud entendidas como derecho de nuestro marco constitucional.
Ramón Linaza: Evidentemente hay una falta de cohesión entre los sistemas sanitarios autonómicos y que se debería ir a un modelo federal, es decir, la gestión descentralizada no debe ser incompatible con unos criterios generales y ser homogénea a todo el país.
Las prestaciones poco frecuentes deben ser financiadas por todo el conjunto y la política de recursos humanos también debe ser integral.
Creo que la descentralización del sistema sanitario se ha hecho mal, porque puede haber una asistencia descentralizada pero tiene que haber unos Consejos Interterritoriales federales que marquen las pautas, con fondos comunes, y evalúen de forma común el sistema. Por tanto, no es incompatible la asistencia descentralizada con unos criterios generales que garanticen la equidad del sistema a todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan.
CONCLUSIONES: En un fututo, ¿qué tipo de iniciativas o herramientas deberían incluirse en el sistema sanitario de España para mejorarlo?
José Luis González Quirós: Debe haber una actitud general de la sociedad, saber que su sistema sanitario es complejo, pero debe atreverse a examinarlos, a debatir y a tomar medidas de fondo.
Y ahora de repente, en los últimos cinco años, la sociedad empieza a responder ante un sistema totalmente corrupto, ante una democracia limitada, pero seguimos ante un déficit del análisis de los grandes sistemas educativos y sanitarios. Pero analizar eso es duro, porque no le gusta oírlo a los analizados.
Lo que hay que atreverse es analizar el sistema en su conjunto y no quedarse en recortes o pequeñas reformas que al fin y al cabo son chapuzas. Pero es difícil porque hay muchos intereses creados entorno a esto. Pero no se puede soplar y sorber a la vez, y hay que tener valor para hablar de eso y en el caso de la sanidad me parece clarísimo.
Joaquín Pagola: Cuando estamos hablando de salud pública tenemos que ser valientes y ver qué contexto estamos. La ciudadanía tiene una alta valoración de su SNS, y el trabajo de sus profesionales está prestigiado, como lo están los resultados.
¿Qué el sistema necesita evaluación? Sí, para mejorar, pero desde donde se considera. Además, está sustentando con fondos públicos y los usuarios tienen la sensación de que la gobernanza de estos sistemas necesita vigilancia, evaluación y control ciudadano.
Necesitamos desplegar sistemas de evidencias y de seguimiento, como el NICE británico, que permite que los estándares de calidad asistencial se puedan integrar con la población y podamos llegar a buenos modelos como el nórdico o el escocés.
En referencia a la formación del personal sanitario está también prestigiada y que en el SNS hay todo un mecanismo de formación inicial que funciona muy bien en sus fundamentos, y sin embargo, existan problemas en la formación continuada, en la dependencia con los lobbies y con las farmacéuticas, por lo que necesitarían auditoría y hacer una revisión.
En relación a la cartera de servicios, necesitamos transparencia en los mecanismos que la regulan, para saber cómo está siendo el mecanismo regulador que dice qué medicamentos se financian en relación con los productores.
Y por último, sí que necesitemos reorientar el sistema nacional de salud, en términos estratégicos, en relación a la población que tenemos, a la cronicidad y es verdad que la sostenibilidad del sistema va a obligar a tener nuevas asistencias desde la atención temprana y para poder garantizar en el tiempo vamos a tener que gestionar de forma diferente la salud y el tipo de atención que damos a las personas con enfermedades crónicas.
Ramón Linaza: Primero, necesitamos una financiación sanitaria suficiente y finalista. Además, una nueva ley del sistema nacional de salud que defina la ciudadanía sanitaria. Segundo, una agencia española de evaluación de tecnología que coordine y vele por la equidad en todo el sistema, con transparencia en la incorporación de protocolos y tecnologías financiadas por el sistema público.
Por otro parte, el tercer punto gira sobre independencia para disminuir la interferencia del coste político y modernización de la gestión. El cuarto, este nuevo modelo implica rendición de cuentas, por lo que sería necesario crear modelos de administración que no incluyan únicamente a miembros del Gobierno autonómico, sino también autoridades locales y representantes de los colectivos ciudadanos y de la profesión.
Quinto, hay una falta de planificación y pensamos que sería necesario un sistema de información único que incluyan los indicadores sociales. Sexto, reorientar el sistema hacia la prevención y la atención de proximidad. Y auditorias periódicas que detecten los problemas y actúen proactivamente.
Y por último, el desarrollo del I+D+i biosanitario que permita que el SNS sea también un generador de conocimiento y no un mero proveedor de servicios.
Juan Antonio Palacios: Al hablar de salud pública hay tres grandes paquetes. El primero hay que aplicar el término de ‘ante todo no hacer daño’. Y en este momento, necesitamos impulsar crecimiento pero sin sufrimiento humano y para eso, crear una oficina que analice el impacto de las políticas en la población, con la ayuda de las comunidades autónomas y el Gobierno central, pero que sean unos datos públicos.
Por otra parte, el tema del desempleo, y creo que todos los programas de movilización deberían ser contemplados también porque impactan sobre la salud.
Y por último, está el paquete de gestión de recursos sanitarios: financiación finalista y suficiente volviendo a los niveles de 2009 y buscar la homologación con la media de la OCDE; necesitamos un sistema fiscal progresivo; no más copagos; y por supuesto la derogación del Real Decreto-ley 16/2012; el refuerzo de la Atención Primaria y acabar con esa derivación de la pública a la privada.
Necesitamos un debate sobre este tema amplio, de todos, y hay que escuchar mucho. Porque habrá que reformular la Ley General de la Sanidad.
Carme Pérez: Habría que volver a la Ley General de Sanidad y nos hemos ido alejando de sus principios. Yo considero que el debate del modelo sanitario no es exclusivamente económico, sino que existen otros intereses y cada uno tiene que actuar en consecuencia.
En mi opinión y en base a mi ideología, la sanidad tiene que ser pública. Es un derecho de los ciudadanos que debe estar garantizado por los poderes públicos y debe haber unos controles por parte de las instituciones públicas.
Además, dotarla con los recursos que sean suficientes a través de las partidas presupuestarias y si no hay suficiente, habrá que sacarla de otras, para llegar a los niveles europeos. Porque si hay que cumplir lo que dice la Troika, también hay que estar a esos niveles, incluida la sanidad, por lo tanto, yo apuesto por la renta per cápita y por las condiciones de la sanidad alemana. Por lo tanto, estos recursos habrá que buscarlos a través de la fiscalidad.
En cuanto a la dispersión, hay que apostar por un sistema nacional público, con una gestión técnica y profesional descentralizada pero en absoluto política.
Por tanto, en mi opinión, es que hay que apostar por la sanidad pública, generalizada, bajo el control de los poderes públicos, con recursos suficientes y que garantice la equidad de todos los ciudadanos.
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