Redacción. Palma
El PP en el Parlamento balear ha rechazado una moción del PSIB con la que pretendía instar al Gobierno central a retirar el anteproyecto de reforma de la ley del aborto, ya que los 'populares', quienes han votado en contra, consideran que la ley de plazos debe ser modificada por otra normativa "que respete los derechos del concebido".
Catalina Palau.
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Durante el pleno, el PSIB ha aceptado las enmiendas presentadas por el PP con las que sumaba a distintos puntos de la moción la expresión "en cumplimiento de la normativa vigente", si bien finalmente los 'populares' han votado en contra de todos los apartados.
Según el portavoz adjunto del PSIB en el Parlamento, Vicenç Thomàs, estas enmiendas presentadas por el PP eran "difíciles de entender". "Ustedes definen y aceptan que la interrupción debe ser una decisión de la mujer, libre, gratuita; están diciendo que están de acuerdo con la Ley de 2010", ha manifestado el socialista sobre las enmiendas antes de que el PP votase en contra.
Thomàs, quien ha pedido al PP que deje "tranquilas" a las mujeres, ha explicado los 11 puntos de su moción, dos de los cuales eran para reconocer que la salud es un derecho fundamental que se debe garantizar universalmente. Además, recogía la importancia de que exista un acceso a la interrupción del embarazo "libre y gratuita", que se garantice el acceso a métodos anticonceptivos y que haya equidad en el acceso a los tratamientos de reproducción asistida.
Mientras, la 'popular' Catalina Palau ha explicado que a su formación no le "gusta" la Ley de plazos de 2010 puesto que desean "que sea modificada por otra que respete los derechos del concebido". Asimismo, ha señalado que las enmiendas que han presentado están dirigidas a "respetar el marco normativo vigente".
No obstante, ha dicho estar muy "lejos" de la forma de pensar del socialista y ha presentado otra enmienda in voce -que no ha sido aceptada por Thomàs- que hacía referencia a la tramitación del anteproyecto de la ley orgánica.
Por otro lado, la 'popular' ha señalado que el Govern está llevando a cabo un "trabajo intenso" en relación a la estrategia sexual y reproductiva. Además, ha indicado que el Gobierno central mantiene la financiación de 23 anticonceptivos orales, tres de ellos de última generación y "si no hay más es porque los laboratorios no se han querido ajustar a los precios", ha dicho antes de hacer referencia a unos posibles "intereses ocultos" del PSIB sobre la financiación de este tipo de fármacos.
PP: la liberación de la pastilla ha triplicado su uso
La parlamentaria también ha opinado la "liberalización" de la pastilla del día después "ha multiplicado por tres su uso" porque hay "muchas mujeres" que se la toman "sin conocer los efectos secundarios". Por otro lado, ha asegurado que no se ha producido "ningún cambio de criterio" en relación a la reproducción asistida.
"En el Congreso podrán aportar lo que estimen conveniente, no nieguen al Gobierno su capacidad legítima de legislar", ha dicho Palau al socialista antes de afirmar que, cuando él era conseller de Salud de la comunidad, "alimentaba las clínicas abortistas", "sin exigirles una documentación que certificase que todo se desarrollaba como establecía la ley" y sin que le preocupase "qué información recibían las mujeres, ni si todas las que abortaban eran mayores de 16". "Ahora las mujeres tienen más seguridad sanitaria y jurídica", ha concluido la 'popular'.
Por su parte, la portavoz adjunta de MÉS, Fina Santiago, ha coincidido con la moción del PSIB y ha remarcado la importancia de que haya información sobre esta materia porque "el acceso a la salud sexual pasa por la información porque sino podemos encontrar a mujeres que tengan que abortar dos veces".
La diputada ha lamentado que el PP haya "excluido" al 56 por ciento de las mujeres que tomaba la píldora anticonceptiva, así como a las homosexuales que quieren ser madres y someterse a una inseminación artificial. Además, el estado civil o si son familias "reconstituidas" también les condiciona en este acceso, ha asegurado.
Més: el 80% rechaza la reforma
Santiago ha hecho hincapié en que el 80 por ciento de la población rechaza esta reforma y que la Ley de 2010 "no supuso ningún problema". "Venimos a hacer política, ustedes quieren imponer su moral. Nos quieren imponer una moral, la moral es una cuestión de creencias. La ley durará el tiempo que durará el PP en el Govern y confío en que sea poco tiempo", ha concluido la econacionalista.
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