PSOE e IU unen su fuerza parlamentaria contra la reforma sanitaria de Mato
Han anunciado iniciativas conjuntas aliándose también con la Fadsp
María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Los portavoces socialistas Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos, y Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, han firmado un documento ‘en defensa de la sanidad pública’ en el que, junto a la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), representada por Marciano Sánchez Bayle, se comprometen a unir sus fuerzas parlamentarias para rebatir la reforma sanitaria emprendida por el Ministerio de Sanidad. En la diana, eliminar las restricciones impuestas para la atención a inmigrantes ilegales y los copagos.
Jiménez, Martínez Olmos, Llamazares y Sánchez Bayle
han valorado la importancia de este acuerdo.
En declaraciones a los medios, el presidente de la Fadsp ha recalcado que España “está empezando a dejar de ser el ejemplo de buen funcionamiento de la sanidad pública” que era, en su opinión, hasta la citada reforma sanitaria. Por su parte, Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, ha afirmado que esta alianza política es la respuesta a la “contestación social sin precedentes” que ha recibido el Gobierno ante sus últimas políticas sanitarias, en alusión a la llamada ‘marea blanca’. También ha valorado esta acción conjunta Trinidad Jiménez, portavoz socialista y secretaria de Política Social del PSOE, subrayando la importancia de que “dos grupos políticos de esta relevancia defiendan el Sistema Nacional de Salud, que hemos construido entre todos en los últimos 35 años”.
El documento
El texto que han firmado los dos grupos parlamentarios y la Fadsp, se pone de manifiesto el malestar ante el impacto negativo del Real Decreto 16/2012, destacando la asistencia a “inmigrantes sin papeles”; la modificación “sustancial” de la cartera de servicios; o el “acceso a los medicamentos”. En el plano futurible, el documento habla de “exclusión de cobertura gratuita de ‘screening’, fecundación in vitro o pruebas de detección de anomalías genéticas “entre otras muchas”. El euro por receta y la “provisión privada” también aparecen como consecuencias negativas del RD 16/2012. Los firmantes se comprometen a ejecutar “en todos los ámbitos en los que tienen capacidad” ocho medidas entre las que se encuentran la elaboración de una ley que “garantice la naturaleza pública de la financiación” o impulsar el desarrollo de la Ley General de Salud Pública, entre otras.
