José Antonio Rubio, Enzo Lazzerini, José Martínez Olmos y Daniel Álvarez Cabo.

Más allá de las diferencias políticas entre los representantes políticos que han integrado la mesa, el debate ha servido para poner de manifiesto un punto común: la necesidad de integrar el aspecto moral al actual modelo de aprobación de innovación dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) e integrarlo dentro de la norma. En ese sentido, se ha hecho especial referencia a los tratamientos que consiguen ligeros aumentos del tiempo de vida estimado o los utilizados para tratar enfermedades raras como el mejor ejemplo de la problemática actual.

En ese sentido el más claro ha sido el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Daniel Álvarez Cabo, asegurando que “la innovación es una obligación ética de todos los que se dedican a la sanidad”, incluyendo dentro de la misma la aplicación de nuevas políticas y modelos organizativos. “Al final, la decisión última la sigue tomando alguien con bata”, ha agregado el homólogo de su partido en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea, durante el turno de preguntas. El hecho de que las competencias en materia de Sanidad estén transferidas a las comunidades autónomas hace que la equidad, también en adquisición de innovación, sea algo prácticamente imposible de conseguir a no ser que se introduzcan variaciones al modelo.

La más llamativa de todas la ha ofrecido el portavoz del Grupo Socialista en el Senado, José Martínez Olmos, que ha señalado el epicentro del problema en el hecho de que “El Ministerio aprueba las innovaciones, pero no las financia”. “La financiación de aquellos medicamentos especialmente importantes por su trascendencia o porque supongan una notable inversión económica debería ser financiado por el Gobierno, al menos en forma de anticipo”, ha señalado después de hacer referencia a las dificultades de las autonomías para compatibilizar este tipo de inversiones con la lucha para reducir el déficit.

Llegados a este punto, el debate pasa a centrarse en la siguiente pregunta: ¿es posible que el SNS financie toda la innovación? José Antonio Rubio, vocal del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad en el Senado, no ha dudado en responder que no, agregando además la cuestión de si todos los avances representan un avance lo suficientemente significativo para que así sea. “La innovación es un privilegio que se va convirtiendo en derecho en la medida que el Gobierno lo financia”, ha declarado antes de incluir dentro del debate la necesidad de organizar la priorización para la inclusión de nuevas terapias teniendo en cuenta aspectos como la fuente de financiación o la existencia o no de incentivos por resultados, entrando así en el campo de los acuerdos de riesgo compartido.

Martínez Olmos y Álvarez Cabo también han tenido margen para tratar el tema de la financiación. Así, mientras que el primero ha apuntado la necesidad de reevaluar los precios tras analizar los resultados tras la primera compra e intensificar las políticas europeas en la relación de los estados con la industria, el segundo ha abogado por utilizar el ‘big data’ como herramienta de evaluación y ha lamentado la desaparición del Fondo de Cohesión, que a su juicio “ha supuesto un freno al flujo de pacientes entre CCAA en busca de tratamientos innovadores”.