Cristina Alcalá. Madrid
Pocos días después de que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados aprobara el Informe de la Subcomisión sobre propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, la división entre sus miembros sigue estando patente. La iniciativa, que era la antesala del pacto político por la sanidad, no alcanzó el tan deseado consenso que querían algunos y se aprobó, únicamente, con los votos del Partido Popular, CiU y PNV. El resto, conformado por PSOE, UPyD y la Izquierda Plural, dijeron ‘no’ al texto, cerrando así la puerta a un acuerdo de mayorías en la Cámara Baja.
Rubén Moreno, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Sanidad, junto a Toni Cantó, el de UPyD.
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Unos califican el dictamen final de “éxito” y otros, sin embargo, de “auténtico fracaso”. Ante este panorama, parece difícil que los parlamentarios consensuen para poner en marcha un plan conjunto en esta materia en lo que queda de legislatura, más si cabe, cuando uno de los temas más espinosos que se puso sobre la mesa es el de la universalización de la sanidad.
Cuando queda poco menos de año y medio para las próximas elecciones generales, las principales formaciones del país no han sabido despolitizar un tema como es la sanidad, siguiendo la estela de lo que ya ocurrió en los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar.
La “línea roja” de la universalidad sanitaria
Portavoces de los diferentes partidos consultados por Redacción Médica acuerdan en señalar este término como uno de los más destacados que ha impedido acercar posturas. “Si el Gobierno quiere un pacto, primero tiene que rectificar las políticas derivadas de la aprobación del Real Decreto 16/2012”, señala José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Grupo Socialista. Una “línea roja” imposible de superar para Olmos, cuyas consecuencias en la salud de los ciudadanos el Ejecutivo “no ha reparado”. “La universalidad de la sanidad no es un deseo, es un derecho”.
Para su homólogo de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Toni Cantó, “el principio de universalidad es una de las grandes quiebras que ha provocado el PP”, que ha llevado al Sistema Nacional de Salud a vivir un grave problema. Sin embargo, Cantó no lanza sus críticas solo al partido del Gobierno, sino que reparte también entre el grupo socialista. A ambas formaciones acusa de utilizar esta materia como “instrumento electoralista y propagandístico”, mermando la sostenibilidad del sistema. El partido magenta se declara el único abanderado de que el Estado central recupere la competencia en materia sanitaria, ya que consideran “se rompe con el derecho a la igualdad de todos los españoles”.
Opinión que no comparte el portavoz del Grupo Popular en la Comisión, Rubén Moreno, quien explica a este diario que el tema de la universalidad “sí se recoge” en el texto. “Este sistema no ha sido universal nunca hasta 2012 con el Real Decreto”, afirma el popular, quien niega que en la actualidad haya colectivos de la sociedad que estén excluidos del sistema sanitario español, como denuncian varios grupos de la oposición. “Es radicalmente falso. Esta ley reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas vinculadas a la Seguridad Social”. Pero la cobertura va más allá, afirma Moreno, y llega a inmigrantes menores de edad, embarazadas y personas que han sido víctimas de tráfico.
Sin embargo, el Real Decreto 16/2012 aprobado por el Ministerio acota el acceso a la sanidad a inmigrantes ‘sin papeles’ y parados de larga duración mayores de 26 años. “Una cosa es la sanidad universal y otra cosa es mundial. ¿Qué país da ese tipo de cobertura? No hay país en toda Europa que de una prestación tan amplia como se da en España a los inmigrantes que están en situación irregular”, alega el portavoz popular.
La falta de diálogo con el Ministerio
El otro factor decisivo que impidió a los grupos ‘rebeldes’ dar su voto positivo a la medida fue la falta de diálogo, que según ellos, ha mostrado la ministra de Sanidad, Ana Mato. De hecho, durante la Subcomisión del pasado miércoles, Izquierda Plural, PSOE y UPyD acordaron en señalar el hermetismo de la Administración como una de las causas principales para desconfiar de que este informe fuera tenido en cuenta.
“Sanidad no ha estado dialogando con nosotros. Tenemos una ministra escondida como una avestruz”, critica Olmos, quien reconoce que en dos años y medio que lleva la titular de Sanidad en la cartera, el principal grupo de la oposición no ha interactuado con ella “más de una hora”.
“El Ministerio no tiene por qué ir a una mesa de debate en el Parlamento. Si alguien quiere que la ministra les dé cariño y hable con ellos, es un tema distinto”, afirma Moreno. Para el diputado popular, decir que el departamento que dirige Ana Mato no hará caso de las recomendaciones de la Comisión es “una manipulación” ya que, en su opinión, se está cumpliendo con los puntos acordados en el dictamen. “El PP tiene 186 escaños en el Parlamento y no necesitaría consensuar con los demás partidos, pero ésta era una oportunidad de oro y quería llegar a un acuerdo con las demás formaciones”. Un acercamiento, que según Moreno, ha pasado por incluir recomendaciones íntegramente de grupos parlamentarios que no han participado.
Menos positivo se muestra Cantó, quien asegura que el informe “quedará en nada” y que el Gobierno no adoptará ninguna de las recomendaciones al no ser vinculante. Por eso, señala que ni su partido ni él mismo han participado de “esa pantomima”. |
