Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, suprimirá la Dirección General de Bienestar Social y Dependencia, cuyas competencias pasarán al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), con el objetivo de ubicar en un mismo organismo de la Administración la valoración de las personas dependientes y la concesión de prestaciones.

Ricardo Oliván, consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia.

Oliván ha hecho este anuncio en la sesión plenaria que celebran en las Cortes de Aragón, al ser interpelado por la diputada del Grupo Socialista María Victoria Broto.

"Estamos haciendo todo lo posible con los recursos que tenemos para atender a los que más lo necesitan", ha dicho Oliván, quien se ha sumado a las tesis de la presidenta del Ejecutivo, Luisa Fernanda Rudi, al afirmar que la Ley de Atención a la Dependencia, como está configurada, no es asumible para las arcas públicas.

Se ha quejado de que el 65 por ciento de las prestaciones son económicas y tienen como destino los familiares que cuidan a las personas dependientes, mientras que el 35 por ciento restante no son ayudas económicas y ha expresado su intención de invertir esta proporción.

En el ámbito de la atención a la dependencia y de los servicios sociales en general el Gobierno regional pretende aplicar los "criterios de eficiencia ineludibles en todo momento" con el único objetivo de "prestar mejor los servicios sociales a los ciudadanos aragoneses". El consejero ha recordado que la gestión del Bienestar Social se enmarca en las disponibilidades presupuestarias y ha resaltado que, excepto en dependencia, las partidas se han mantenido o incrementado.

La Ley de Atención a la Dependencia "no se dimensionó desde el punto de vista financiero adecuadamente" prueba de lo cual, ha dicho, es que "las previsiones de beneficiarios se han multiplicado por tres".

Ha matizado que las prestaciones económicas son para los dependientes, no para sus familiares y ha considerado que los servicios profesionales, "además de crear empleo dan unas mayores garantías de calidad de la atención que todo el cariño que un familiar pueda concederle a un dependiente".

Este Gobierno tiene "una política clara de potenciar los servicios en detrimento de las prestaciones económicas, que tienen que ser excepcionales". Ha apuntado que el Ejecutivo está depurando los datos de perceptores de atención a la dependencia para enviar al Gobierno de España los datos "netos".

IAI

Por otra parte, el consejero ha comentado que se aprobarán nuevos Decretos en materia de adopción y de homologación de los distintos protocolos de atención al usuario.

El IASS impulsará el Plan de la Infancia y la Adolescencia y se priorizará la atención al colectivo infanto-juvenil de pacientes de salud mental. También se adaptarán los programas de acogimiento de menores a las características concretas de estos y se actualizarán y difundirán los protocolos de protección a menores y adolescentes maltratados.

Ricardo Oliván ha continuado indicando que se están desarrollando los programas de envejecimiento activo y que se está negociando un nuevo acuerdo con las entidades sociales del ámbito de la discapacidad para mejorar el contenido y dar respuesta a las necesidades concretas de este sector.

En cuanto al ingreso aragonés de inserción (IAI) ha señalado que la modificación de la normativa pretende atender a las personas "que más lo necesitan" y que "hay recursos limitados", aunque el crédito con el que se dota esta partida es ampliable.

Sistema "garantista"

La diputada del PP, María Victoria Broto, ha preguntado al consejero si cree en un sistema "garantista y no asistencial" y en la consolidación del cuarto pilar del Estado del Bienestar, la atención a la dependencia. Ha considerado "vergonzoso" hablar de "beneficencia".

Ha afirmado que "tenemos muchas personas con dificultades". Broto ha dicho que hay 9.000 personas dependientes esperando a recibir sus prestaciones, 10.000 familias sin ingresos, 37.000 hogares con todos los miembros en el paro, 116.000 trabajadores desempleados de los que el 65 por ciento no cobran subsidio alguno y una de cada 15 personas no pueden tener la temperatura adecuada en sus hogares.

Ha señalado que en 2011 se tramitaron 911 expedientes de solicitud del IAI y en 2012 fueron casi 9.000, tras lo que ha criticado la dotación, de 21 millones, de esta prestación, al afirmar que las entidades que actúan en este sector cifran las necesidades en 32 millones. "Se tiene que ampliar si es necesario", ha añadido.

Ha criticado que se dan altas en proporción a las bajas que se producen y que se están derivando a algunas familias a las ayudas de apoyo para la integración familiar, de tal forma que en vez de percibir 621,26 euros cobran 153,26 y los que no tienen hijos "no cobran nada".