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Lunes, 04 de junio de 2012   |  Número 48
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ASAMBLEA DE MURCIA
SE UNE A LA INTENCIÓN DE ASTURIAS, ANDALUCÍA O PAÍS VASCO
El PSOE pide la inconstitucionalidad de las medidas del Gobierno en materia sanitaria
Denuncia también la privatización de servicios sanitarios, como el de hemodiálisis del Hospital del Rosell

Teresa Rosique, portavoz de Sanidad del PSRM.

Redacción. Murcia
La diputada socialista Teresa Rosique ha intervenido ante el pleno de la Asamblea Regional para defender una moción sobre la inconstitucionalidad de las medidas aprobadas por el Gobierno de España para garantizar el sistema de salud. Así, ha solicitado que el servicio jurídico de la Región de Murcia estudie el posible recurso de inconstitucionalidad del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España porque "perjudica a la ciudadanía de la Región de Murcia".

A su juicio, "va buscando aprovechar ahorros para reducir el déficit, y abrir la puerta al capital privado", cuestión que ha ejemplificado que "el servicio de Hemodiálisis del Hospital del Rosell", que "se ha privatizado, llegando incluso a las situación de que la sede de esta empresa estará dentro del Rosell". Rosique también ha dicho que el Real Decreto "se ha aprobado de manera unilateral" y que además "se miente cuando se dice que cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas", cuando "Asturias, Andalucía o País Vasco, están estudiando un recurso de anticonstitucionalidad".

La diputada socialista ha defendido, de tal forma, "los principios de la Ley General de Sanidad desde el año 1986". Además, Rosique ha indicado que "el Real Decreto acaba con la universalidad de la sanidad pública, puesto que sólo nos atenderán si somos asegurados o beneficiarios de los asegurados". Todo esto perjudicará a "los mayores de 26 años que no hayan accedido al mercado laboral y a los inmigrantes sin papeles" lo que "es una medida discriminatoria" y "va contra los derechos humanos". Al respecto, el diputado del Grupo Mixto, José Antonio Pujante, ha señalado que estas medidas de ajuste en Sanidad, adoptadas por el Gobierno de España, no tienen sentido "cuando se apoya a la banca que está en crisis", y opina que hay que dejar hundirse a Bankia y crear una banca pública.

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