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María Márquez. Madrid
Pocas novedades en la intervención del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. En el ámbito de la dependencia, se ha congratulado de una disminución de la lista de espera del 25 por ciento en 2012 con respecto a 2011, que equivale a 82.000 personas.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, minutos antes de comenzar la sesión. Le acompañan en la mesa el presidente de la Comisión, Mario Mingo; el secretario primero, José María Alonso (izq.); el letrado Luis de la Peña; María Soledad Pérez, vicepresidenta segunda; y Guillem García, secretario segundo (dcha.)
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Con diez peticiones de comparencia y una propia, el secretario de Estado ha vertebrado su discurso en torno a la discapacidad, la familia, la infancia, la tercera edad y la dependencia. Dentro del II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, ha resaltado la inclusión de la estrategia de prevención del consumo de alcohol y tabaco por parte de menores, así como el Plan Integral de Atención a menores de 3 años con discapacidad, que se complementa con el baremo específico para este tramo de edad contemplado en la Ley de Dependencia, a punto de desarrollarse en la actualidad, y que afectaría a unos 1.500 niños. En el ámbito de la dependencia, además de anunciar los datos de la lista de espera de 2012, Moreno ha vuelto a defender la reforma planteada por el Gobierno y que pivota, entre otros pilares, en la simplificación de niveles de valoración así como el impulso de la prestación de servicios frente a la económica.
Rosa Aguilar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha acusado a Moreno de “abandonar” a las personas con discapacidad “desmantelando”, según ella, el sistema de atención “con los reales decretos del 30 de diciembre de 2011 y 13 de julio de 2012”. Aguilar le ha reprochado además que el Gobierno “confunde el argumento de la sostenibilidad de la Ley con la rentabilidad”. Entre otros argumentos, la portavoz socialista le ha instado a “admitir” que los recortes que atesora esta norma desde que el Partido Popular llegara al Gobierno es de más de un 30 por ciento.
Carles Campuzano, portavoz de CiU, ha instado a Moreno a “explicar la incertidumbre causada en Unión Europea” al exponer sus prioridades y anunciar un recorte, según él, de 1.000 millones en el ámbito de la dependencia. Esto lleva a Campuzano a pensar que “la aportación estatal va a desaparecer” y ha mostrado una especial preocupación hacia el aumento de las necesidades de la tercera edad. “Si su modelo es el de 2006 pero recortado, van a dejar a las familias desasistidas”, ha recalcado.
Desde Izquierda Plural, Caridad García, ha recriminado al secretario de Estado que se recorten fondos destinados a las comunidades autónomas, lo que provoca, en su opinión, que los servicios sociales estén actualmente descuidados. García ha criticado que el Gobierno no se preocupa realmente ante el aumento del envejecimiento y la cronicidad, y en esta misma línea, ha acusado al Ejecutivo de de defender “la esperanza de vida solo en una parte de la sociedad, media y media-alta”.
Toni Cantó, portavoz de UPyD, ha echado en falta que Juan Manuel Moreno dedicase algún momento de su discurso a la violencia de género, y en el ámbito de la dependencia, ha señalado el impacto negativo del RD 20/2012. “¿Es usted consciente de que la mayoría de solicitantes morirán sin recibir la prestación dada su edad?”, ha preguntado al secretario de Estado. El portavoz ha señalado que todavía hay 270.000 personas que esperan recibir una respuesta gubernamental a su situación y también se ha referido a las enfermedades raras, solicitando la actualización de las últimas medidas tomadas sobre ellas, como el mapa de recursos.
Y si Isabel Sánchez, portavoz del Grupo Vasco, ha puesto el acento en solicitar al secretario de Estado que el Ministerio de Sanidad “evite toda tentación en materia de recentralización”, Susana Camarero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ha justificado las reformas en materia de servicios sociales y dependencia en la célebre deuda heredada del anterior Gobierno. Y en esta línea ha resaltado que “no seguiremos las recetas socialistas” porque estas, en su opinión, no dan los resultados esperados. Por otro lado, ha criticado que la oposición “utilice como arma arrojadiza” la Ley de Dependencia.
Respuestas a la oposición
En su segundo turno de intervención, el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, ha rechazado los argumentos “catastrofistas” del Grupo Socialista, y ha aludido a la “herencia del anterior Gobierno” para explicar que la situación actual “no es fruto de la gestión de 18 meses”. En cuanto a ‘la mano tendida’ por parte de Rosa Aguilar para crear un acuerdo parlamentario sobre exclusión social y pobreza, Moreno ha asegurado que es proclive a dicho diálogo. En el plan concertado de la Ley de Dependencia, Moreno ha pedido a las autonomías “un mayor esfuerzo”, si bien ha reconocido que este ha sido “dispar”, siendo más eficaces unas que otras. También ha señalado que el juicio de Aguilar sobre estas prestaciones es “erróneo” y ha recordado que en 2006, cuando fue aprobada la norma, el PP insistió en no pisar el acelerador porque las expectativas eran, según Moreno, demasiado altas. Para el Gobierno prima el objetivo, en sus palabras, de que la Ley “sobreviva al tsunami económico” que experimenta el país y ha refrendado la apuesta por proteger de manera prioritaria al gran dependiente. |
