María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Momento difícil el que le ha tocado a Mario Mingo al frente de la Comisión de Sanidad del Congreso. Con la diplomacia que requiere el cargo, no busca abrir heridas con la oposición pero califica de forma rotunda de “error” el abandono de PSOE e IU de la Subcomisión de Sanidad, nacida para encontrar un diálogo que, tras diez meses de Gobierno del PP, no se ha recuperado. Optimista, confía en que “pasado un tiempo” el muro entre los grupos parlamentarios se irá derrumbando, y también en que la ministra comparecerá en breve en la Comisión, una vez que su ausencia ha provocado un ultimátum con retirada de proposiciones no de ley incluida. Las etiquetas de privatizadores y destructores de la Ley de Dependencia no hacen mella en él, al contrario que la masa crítica que se ha levantado contra la clase política, para la que pide más responsabilidad.

Mario Mingo, presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados.

¿Qué balance haría de estos primeros diez meses al frente de la Comisión?
El papel que tengo ahora es más institucional. Durante 12 años he sido portavoz de mi grupo parlamentario, tanto en el Gobierno como en la oposición, y el papel ahora es de moderador y de garantía de que todos los diputados cumplan sus derechos y obligaciones. Presidir la Comisión a mi juicio es muy positivo. Estoy muy satisfecho.

En cuanto a la actividad…
La actividad es la siempre, la habitual. Han estado los altos cargos del Gobierno para ver los presupuestos, hemos visto proposiciones no de ley, ha comparecido la ministra, la secretaria general… Además hemos ido a distintos laboratorios y la Mesa y los portavoces nos reunimos con frecuencia.

¿No cree que la crudeza de la crisis económica está enturbiando el clima de debate de la Comisión?
Hay dos cuestiones básicas a la hora de decir por qué no vamos a mejor. En primer lugar, la crisis, pero lo que más influye es la actitud que ha adoptado el grupo parlamentario socialista y su forma de hacer oposición. Creo que el PSOE, aunque ha sido vapuleado en las urnas por el resultado electoral, en su fuero interno todavía no se siente responsable, y por eso no cambia la actitud. Eso requiere un examen en el seno de su partido y un tiempo. Hay una riada de opinión en contra de los políticos y esto va a tener repercusión en los dos grupos mayoritarios, en el PP y el PSOE.

En los debates de la Comisión, y también en el pleno, es habitual que salga el tema de “la herencia” como una especia de arma arrojadiza entre los dos grupos mayoritarios. ¿Qué opina?
Es natural. Yo llevo ocho años proponiendo un Pacto de Estado en Sanidad junto a CiU. Nos reunimos muchísimas veces en la legislatura pasada y no hemos logrado alcanzar este Pacto, fundamentalmente porque no se quería afrontar la sostenibilidad del sistema. Se negaban a estudiar y adoptar propuestas en este sentido, pero cuando llegan las elecciones y nos encontramos con que el SNS no es sostenible porque en dos años acumula una deuda de 16.000 millones… Esto tiene que cambiar, tiene que pasar un tiempo prudencial y después de ese tiempo, volveremos a charlar y creo que el PSOE e IU volverán a trabajar en conjunto. Yo quiero creer que los responsables sanitarios del PSOE quieren hacerlo y conseguir así los mejores objetivos para la sanidad. El problema es que el PSOE ha elegido un modelo de oposición en este momento que es incompatible con un Pacto de Estado.

La Subcomisión se veía precisamente como el camino hacia ese Pacto. Con el abandono de PSOE e IU, ¿qué expectativas tiene?
Esa es una decisión política que a mi juicio es errónea. Por eso digo que cuando pasen unas semanas o unos meses, podríamos hablar de nuevo. La ministra ha dicho además en muchas ocasiones que quiere que todos los grupos se incorporen a este trabajo. Tenemos que reformar el SNS porque de lo contrario no es sostenible. No hay que olvidar que todas las políticas de estos primeros diez meses derivan del acuerdo entre el Ministerio y las autonomías para alcanzar la sostenibilidad del sistema.

Dados los acontecimientos, no parece viable que esta legislatura se alcance el Pacto…
Yo tengo esperanzas porque en ocho meses el Gobierno ha conseguido pactar con las comunidades autónomas muchas cosas. Por otro lado, en la legislatura pasada, el PSOE pactó con las autonomías otras cosas, y eso también lo incorporamos al Pacto. Espero que en los próximos meses se incorporen los grupos a la Subcomisión y se estudie y se trabaje para adoptar medidas suficientes para modificar estructuralmente el SNS garantizando calidad, cohesión y sostenibilidad.

Pero si PSOE e IU han puesto como condición que la ministra retire la reforma sanitaria…
El PSOE dice que con el Real Decreto ha desaparecido la universalidad. Es verdad que la redacción se ha modificado en relación con la Ley de Cohesión, pero el resultado final es que sigue habiendo aseguramiento, el SNS se sigue financiando vía impuestos, y ahora hay colectivos que ya no están fuera del sistema. El 16/2012, fruto del acuerdo con las comunidades autónomas, ha conseguido que todos los españoles estén incorporados en el SNS, excepto rentistas que no han trabajado nunca y tienen rentas superiores a 100.000 euros anuales (muy pocos), y los inmigrantes ilegales. Lo lógico es que no exista nada ilegal. Para este grupo de personas, se están ofreciendo alternativas. ¿Entonces cómo se puede decir que el PP ha destruido la universalidad del SNS si abarca a más gente que antes? Es verdad que el PSOE lo interpreta como un mantra, como una modificación del modelo y lo entiendo, pero yo creo sinceramente que, en la práctica, la decisión tiene el acuerdo de las autonomías y la Unión Europea.

¿El hecho de que en la Comisión estén sentados una exministra y un exsecretario general de Sanidad mantiene esa esperanza de acuerdo?
El hecho de que estén sentados personas que han estado dirigiendo la sanidad española, procedentes de cualquier grupo, es francamente bueno, porque cuanto mayores sean los conocimientos, es mejor para trabajar. Es bueno que Trinidad Jiménez y José Martínez Olmos estén en la Comisión. Lo que les he pedido en todo momento es que me encantarían que volvieran a la Subcomisión. También Manuel Cervera, portavoz del PP en la Comisión, se lo ha pedido, en público y en privado.

¿Cree que ha sido un error centrar el tema de la reforma sanitaria en el inmigrante ilegal?
Esa es una batalla política, y un error. Es como el debate primero de los divorciados, se ha sacado punta de dónde no la hay. O el tema de la aportación en los medicamentos, que se discutió en la legislatura pasada en numerosas ocasiones, y todos los expertos de la industria aconsejaban modificar la aportación porque se entendía que era injusta, siendo un sistema muy anticuado que se formuló en los años setenta. Ahora que un parado sin ayudas tuviese que pagar el 40 por ciento de las medicinas y un señor con pensión digna no pague nada, no es lógico. Los tiempos han cambiado.

¿Qué opina de la crítica que está sufriendo estos días la ministra por su poca presencia en la Comisión?
La oposición siempre critica, como es natural, ese es su papel, yo también lo hice en los ocho años como portavoz. He revisado cuántas veces han venido las ministras de Sanidad en los distintos periodos de sesiones: lo más habitual es una comparecencia por periodo de sesiones; en algunas ocasiones, ninguna; y tras una crisis o una situación especial, a lo mejor, han venido dos veces. La ministra Ana Mato ha venido una vez, y estoy convencido de que vendrá en este periodo de sesiones. Lo que no es frecuente, ni para mi juicio razonable, es que determinados grupos políticos digan: o viene la ministra o no hay Comisión. Esto es inaceptable. Así que yo espero que el PSOE, IU y UPyD cambien de actitud y entiendan que tiene que haber un razonable trabajo parlamentario. También tengo que decir que la ministra ha contestado a numerosas interpelaciones en el pleno del Congreso.

La principal crítica de la oposición es que tras la reforma, que tiene suficiente entidad, no haya comparecido…
Ha comparecido en la convalidación del RD en el pleno del Congreso, y todos los grupos políticos manifestaron su oposición a pesar del acuerdo con las comunidades autónomas. En el mes de agosto, la ministra se ha reunido con las comunidades, y el acuerdo ha continuado.

¿Cree entonces que veremos a la ministra antes de final de año?
Pues yo creo que sí. No tengo en este momento la confirmación, pero me parece lo razonable y lo lógico. Cuando encuentre una fecha adecuada, irá a la Comisión.

Volviendo al RD 16/2012, ¿considera las medidas que recoge suficientes?
Este RD era imprescindible. En materia de gasto farmacéutico, en regulación de prestación sanitaria a europeos, innovación, acreditación, recursos humanos… Pero quedan muchas cosas por hacer. Hace ocho años estábamos de acuerdo en que eran necesarias medidas para garantizar la cohesión interterritorial y se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad y Ley de Profesiones Sanitarias, pero finalmente no se han desarrollado. Las diferencias territoriales ahora son mayores que antes de 2003. Una de las facetas que el Pacto de Estado tiene que garantizar es la atención sanitaria global a cada individuo, de calidad, y exactamente igual en todas las autonomías, un principio básico que establecimos en 2003 y esperamos poder renovar en 2013.

¿Entonces no hacen falta más medidas?
Hay que renovarse constantemente. El SNS es bueno, pero tiene carencias de cohesión, de participación ciudadana, acreditación, evaluación, y conceptos anticuados en organización. Es decir, el margen de maniobra para modificar procedimientos anclados en el pasado y que han sido ampliamente superados en el momento actual, es amplio. Aquí la pregunta básica es cuánto dinero queremos dedicar a la sanidad, y no se trata de discutir el procedimiento porque quizás no le corresponda a la Comisión de Sanidad discutir el modelo de financiación, pero sí tener un mínimo básico de conocimiento y saber cuál es la decisión del gobernante, así como garantizarlo como hemos garantizado las pensiones con el Pacto de Toledo.

En esta línea, hay dos corrientes: la que defiende que el 8,5 por ciento actual del PIB es suficiente y la que aboga por aumentarlo. ¿Cuál es su idea?
Estoy convencido de que necesitamos dedicar un porcentaje mayor del PIB. En cuanto a qué porcentaje tiene que ser o qué aportación pueden hacer los ciudadanos, hay muchos matices, pero esto está en línea con todos los países desarrollados. Hay un margen amplísimo de mejora en la gestión. Si no apostamos por la innovación, nos anclaremos en el pasado. Estoy convencido de que dentro de unos años, el gasto en medicamentos será mayor.

Esto llama la atención porque tanto la política del Gobierno anterior como la actual es reducir el gasto farmacéutico…
Yo hablo del futuro. Ahora mismo no es lógico que España gaste un 30 por ciento y los países europeos un 20 por ciento. Dentro de unos cuantos años, 15 ó 20 años, la innovación permitirá potenciar extraordinariamente la prevención de las enfermedades y la cronificación de aquellas que hoy son mortales.

¿Queda entonces mucho por hacer en innovación?
Muchísimo. Las demandas de futuro serán, desde un punto de vista económico, muy exigentes, así que los ciudadanos dedicarán más dinero a su salud de lo que se dedica hoy.

Parece difícil llevarlo a la práctica en medio de la crisis económica…
Todo el país está atravesando grandes dificultades, por lo que hay que priorizar lo imprescindible, pero no hay mal que cien años dure. En el momento en el que salgamos de esta situación, trabajaremos ampliamente y mejoraremos la ley de investigación biomédica y potenciaremos la labor de las empresas farmacéuticas, imprescindibles para mejorar la salud de los españoles. Sin ellas, estamos perdidos.

La industria innovadora se está quejando de que el Gobierno prime al medicamento genérico frente al de marca…
Mi partido introdujo los genéricos en España, en 1998, y en 2003 hicimos los precios de referencia de la mano de la ministra Ana Pastor. Ambas eran medidas que se hacían en otros países europeos y fueron las decisiones estructurales que más han contribuido a controlar el gasto en medicamentos. Luego ha habido muchas decisiones por parte del gobierno socialista y popular. Los genéricos están priorizados porque tienen una función, y por tanto tienen ventajas frente a las marcas. Las marcas tienen un periodo de licencia especial de 10 años, que me parece razonable. En líneas generales, la política de mi partido es la lógica defensa del genérico en virtud de acortar en la medida de lo posible los precios de los medicamentos, pero eso no significa que las marcas tengan que desaparecer, en absoluto. Necesitamos que en España haya gente que innove.

La reforma de la Ley de la Dependencia también acumula críticas de la oposición…
Permitidme que sea sincero. ¿Qué es lo que más le gusta a la izquierda? Llamarnos antisociales, y yo no lo entiendo, es imposible. La ministra está haciendo su trabajo estupendamente y en este campo, mejor. El otro día escuchaba la comparecencia del secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno, quien declaraba que 8 de cada 10 euros del Ministerio era para servicios sociales. Eso es la mejor muestra de que somos “sociales”.

La crítica se centra en que el PP, con la moratoria a los moderados, ha destruido la Ley…
El PP en la legislatura pasada votó que "sí" a la Ley, con numerosas enmiendas, y dijimos que había insuficiencia, advertimos de errores que se podrían producir. La financiación no existía y los porcentajes prometidos de financiación no se cumplieron.

¿Cree también que es un error de base? Decía el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, que si la Ley ahora no funciona bien es porque nunca ha funcionado bien.
Pues el secretario de Estado lo dijo mucho mejor que yo, que para eso sabe más.

¿Y sobre la etiqueta de privatizadores que también le achacan al PP?
Todo esto viene del año 1997, cuando el PP, con el apoyo del PSOE en la oposición, aprueba una ley que permitía utilizar distintas fórmulas de gestión en la sanidad pública. Desde entonces han pasado 15 años, y esto ha contribuido extraordinariamente al desarrollo de la sanidad española, posibilitando la construcción de cientos de hospitales y centros de salud. En todas las comunidades, sin excepción, se utiliza esta Ley, y es lógico, porque si nos ofrecen mejores resultados con el dinero público, es una ventaja para todos los ciudadanos y lo contrario es una irresponsabilidad anticuada, inaceptable desde un punto de vista político, pero fundamentalmente ético.

¿Es una cuestión de eficacia en la gestión?
Y de ética. El que apoya nuevas fórmulas de gestión es más ético, porque distribuye mejor lo que tiene.

En cuanto a la actual política nacional, hay una deriva nacionalista en el País Vasco y Cataluña. ¿Ha pensado cómo puede afectar al trabajo parlamentario de cara al Pacto de Estado?
La representación cambiará, si cambian los consejeros, en el Consejo Interterritorial, pero no en el Parlamento.

¿Cuál es su postura ante la colegiación obligatoria? Parece que sigue entredicho...
Yo creo en la colegiación obligatoria. Mi padre era médico, tuvo representación en el colectivo de titulares, y durante ocho años en la sección de jubilados. Él me enseñó a querer al Colegio y tener garantías de lo que significa la deontología médica y el cuidado deontológico que tiene que tener el Colegio. En el ejercicio público, algunos pueden pensar que las Administraciones les protegen, mientras que para los que trabajan solo en la privada, la única garantía que tiene el profesional y el paciente, es el Colegio. Su función para la sociedad, es trascendental. Este debate lo tuvimos en la LOPS y lo acordamos en ese sentido. Soy un defensor de la colegiación obligatoria y el presidente de mi partido así lo trasladó hace un año en la Facultad de Medicina.

Un momento de la entrevista a Mario Mingo, realizada por el director general de Sanitaria 2000, Ricardo López, y la redactora María Márquez.

Para finalizar, querríamos trasladarle la preocupación que tienen los ciudadanos por la clase política.
Las encuestas dicen que los ciudadanos consideran a la sanidad como la cuarta preocupación, mientras que si profundizas, baja a un 0,8 por ciento. ¿Quién dice que la sanidad es un problema? Los políticos, no la gente. Esto no significa que la sanidad no sea para la sociedad en su conjunto de muy especial interés.

En cuanto a los políticos, nunca hemos tenido una imagen peor. Cuando ejerzo de médico, nadie considera que no trabajo o cobro muy caro, nadie pregunta cuánto dinero tengo, y además me consideran excepcionalmente bien, en el primer puesto de la sociedad. Cuando estoy en el Parlamento, “me lo llevo”, no trabajo, me pagan una barbaridad de dinero... Yo creo que los políticos deberíamos responsabilizarnos más, tomar decisiones, convencer a los medios de comunicación y trasladar a la sociedad en su conjunto que somos parte de la sociedad y un buen reflejo de ella y que la mayoría de políticos somos gente normal, honrada, con un pulso social de querer ayudar a la gente y reformar la sociedad en la que vivimos, con preferencia por atender a los más débiles.