Redacción. Madrid
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, admite estar asombrada por la "sorpresa" que ha generado la resolución sobre el copago de fármacos hospitalarios ambulatorios, ya que esta medida fue conocida y "aprobada por mayoría" en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de salud (SNS), donde se cuenta con la participación de todas las comunidades autónomas.
Ana Mato.
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"Allí mismo fue donde se acordó regular la nueva aportación del usuario a la farmacia que ya estaba incluida en el real decreto ley que aprobamos en abril del 2012, y que fue aprobado por este parlamento. Posteriormente, se equiparó la orden de dispensación hospitalaria con la receta médica también después de pasar por el Consejo Interterritorial que lo aprobó por mayoría", ha explicado la ministra en respuesta a una interpelación de María Concepció Tarruella Tomás, portavoz de Sanidad de CiU. Es más, Mato ha adviertido de que, en este caso, se trataba de "una media que todas las comunidades conocen porque participaron en las reuniones técnicas desde el primer momento", por eso, ha añadido, "me asombra que se muestren sorprendidos y vengan a hablar ahora de nuevos copagos cuando la situación ya estaba aprobada en estas Cortes".
El grupo parlamentario catalán preguntaba a Mato por la posibilidad del Gobierno de rectificar o retirar el establecimiento del copago en la medicación hospitalaria ambulatoria, al considerar que puede poner en "peligro" al paciente crónico y con enfermedades graves. Tarruella ha recordado por su parte a Mato que "esta medida ha provocado todo tipo de reacciones adversas por parte de colectivos de pacientes, instituciones, médicos y también de los Gobierno autonómicos, sean del color que sean". "Las CCAA consideran que la medida se ha tomado de manera precipitada y sin previo aviso", ha advertido la diputada, quien ha destacado que desde el ministerio no se notificó a la opinión pública, pese a que hubo diversas oportunidades, la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Por su parte, Mato ha recordado que esta resolución publicada en el BOE, al igual que el resto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, tienen como objeto "garantizar la igualdad y la equidad en el acceso a las mismas prestaciones". Asimismo, ha reiterado, "todas las medidas "se toman siempre en base al diálogo y al acuerdo con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial". En cuanto a la equiparación de la orden de dispensación hospitalaria con la receta médica, regulada en el Real Decreto Ley 28/2012, la ministra ha explicado que "la farmacia es una sola, y el sistema de aportación es uno solo", y, por tanto, "es una medida de eficiencia que nos va a permitir introducir instrumentos de control, de transparencia y también de mejora de la gestión". Y en contra de las acusaciones de la oposición, esta no es una medida "ni recaudatoria ni disuasoria", ha añadido, al tiempo que destacaba que asegura la "equidad" ya que "homogeneiza la prestación farmacéutica en todo el país". Además, "garantiza el acceso a los medicamentos más innovadores por igual en todas las CCAA" y, ha afirmado, "acaba con la desigualdad entre españoles", que por los mismos fármacos, en unos sitios pagaban, en otros no, y en otros ni siquiera podían acceder a ellos. Mato acababa su intervención recordando a la diputada la imposición del 'euro por receta' en Cataluña, que el Gobierno central recurrió y que, a su juicio, "penalizaba a quienes estaban más enfermos o consumen más medicamentos", porque tenía un efecto acumulativo; y además, "discriminaba a los ciudadanos de Cataluña respecto al resto de España".
Plan de Inclusión Social 2013-2016
La ministra ha anunciado también que en las próximas semanas presentará el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016, que se basará en tres objetivos estratégicos: por un lado, impulsar la inclusión sociolaboral de las personas más vulnerables; garantizar un sistema de prestaciones que permita apoyar económicamente a las personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil; y, por último, garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población, especialmente en el campo de los servicios sociales, educación, sanidad y vivienda.
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