María Márquez. Madrid
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha comparecido en el pleno del Congreso para defender los presupuestos de su departamento para el próximo año. Tras la salida de la crisis que está experimentando el país, según Mato, ahora es el tiempo de consolidar el Estado de bienestar, algo que lograrán estas partidas.
La ministra Ana Mato, en el pleno.
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Los más de 1.900 millones de euros que contempla la sección 26 de los Presupuestos Generales del Estado atienden, en opinión de la ministra, las necesidades sanitarias y sociales. Dejando atrás la “deuda heredada”, estas partidas (“serias y responsables”) abren una nueva etapa para el Ministerio de Sanidad. Mato ha desgranado una parte importante de ellas, mientras que ante algunas ha pasado de refilón y sin concretar números, como ha sido el caso del Plan Nacional del Sida o la “investigación en salud”, dos ámbitos que precisamente han sido mirados con lupa por la oposición parlamentaria.
Dependencia
La ministra se ha mostrado especialmente orgullosa de un Sistema de Atención a la Dependencia que ahora funciona, según su criterio, de forma “más simple, más transparente y atendiendo a los más necesitados”. Sin actualizar datos de octubre, ha anunciado 192.770 nuevos beneficiarios en este año, 107.900 dependientes menos en lista de espera y 346.000 altas en la Seguridad Social de puestos relacionados con este sector. El Plan Nacional sobre Drogas mantiene sus partidas (14,8 millones de euros) al igual que la Organización Nacional de Trasplantes, emblemas del Sistema Nacional de Salud que Ana Mato ha querido destacar junto al ahorro de compras centralizadas (72 millones), la ‘e-salud’ (10 millones), o las medidas sobre las enfermedades raras.
Rebaja del PIB
El portavoz de Sanidad de UPyD, Toni Cantó, ha justificado su petición de devolver las competencias sanitarias al Estado por las cifras de gasto, si bien sus enmiendas logran reasignar 1.600 millones de euros. Desde Izquierda Plural, Gaspar Llamazares ha recriminado a Mato que ‘vendiese’ a la Comisión Europea la posibilidad rebajar el 6,5 por ciento que se dedica desde el PIB a sanidad hasta un 5,8 por ciento, “tres puntos menos que lo que dedican Alemania o Francia”. Josep Sánchez i Lliure, portavoz de CiU, ha lamentado que estos presupuestos den “una cobertura especial” al gasto de la Administración central en detrimento de lo destinado a las comunidades autónomas, y además ha criticado la limitada aportación del Estado en el copago de la atención a la dependencia.
El portavoz socialista de Sanidad, José Martínez Olmos, ha tirado de la deuda para señalar a la ministra actual como responsable de 5.000 millones que se han acumulado durante el presente año, “todo un récord” en su opinión. Su compañera de partido Rosa Aguilar ha rechazado la suficiencia para las partidas sociales dado el aumento de la demanda de un 72,2 por ciento.
Por último, el portavoz ‘popular’, Rubén Moreno, ha ‘recordado’ que en estas partidas hay compromisos “incumplidos” de ministros socialistas anteriores, como es el caso de las cantidades destinadas al Hospital de Valdecilla, el Clínic de Barcelona o el futuro centro hospitalario de Melilla.
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