Leire Sopuerta Biota / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
La Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que impulsará un Pacto por la Sanidad y los Servicios Sociales. Se trata, ha dicho, de un “propósito irrenunciable” para el que convocará en este primer trimestre del año a los Consejos Territoriales y Conferencias Sectoriales “para poder fijar el contenido de los acuerdos”.
La ministra Ana Mato, junto a los integrantes de la Mesa de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
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En su primera intervención en el Congreso de los Diputados para explicar las líneas generales de su departamento, Mato ha explicado que el objetivo de este pacto es “conseguir trasladar a los ciudadanos un mensaje de tranquilidad y confianza en el futuro, en relación a las prestaciones que reciben y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos”. Tenemos que establecer, ha continuado, “las garantías para que los españoles tengan acceso a las mismas prestaciones con independencia del lugar en el que residen. “Trabajaré con rigor y honestidad para conseguirlo”, ha prometido.
La ministra Ana Mato.
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Un pacto en el que primero llegará a acuerdos con las comunidades autónomas y estos los trasladará a las fuerzas políticas. Esta iniciativa. Ha dicho, “tendrá su expresión en una propuesta para llegar a acuerdos que permitan articular un anteproyecto de Ley de Servicios Básicos para su debate en las Cortes”. Una norma, ha comentado, “que tendrá como objetivo fundamental la garantía de los servicios esenciales”.
La sostenibilidad del sistema sanitario es uno de los ejes fundamentales de su departamento, junto a la consecución de una cartera básica de servicios común con “suficiencia financiera y prioridad en el calendario vacunal único, que llevaré al primer Consejo Interterritorial”. Así como un nuevo modelo de prestación farmacéutica que incluye, entre otros aspectos, “el acceso a los medicamentos innovadores, el incremento del porcentaje de genéricos hasta alcanzar el promedio de la UE, un marco normativo estable y previsible para laboratorios, empresas de distribución y farmacias, y los criterios de coste-beneficio en el proceso de incorporación de nuevos medicamentos”.
En el campo de la mejora de la gestión de la sanidad, la ministra garantiza la continuidad asistencial a pacientes crónicos, la integración de Primaria y Especializada, la gestión por procesos y una tarjeta sanitaria válida para todo el Sistema Nacional de Salud, además de la generalización de la historia clínica digital y el uso de la receta electrónica. En el ámbito de los profesionales sanitarios, Mato ha asegurado que impulsará la Ley de Ordenación de las profesiones sanitarias, “que se aprobó en 2003 y que está casi inédita”, y creará un Registro Estatal de Profesiones Sanitarias, “como herramienta imprescindible de las necesidades de los profesionales”.
La ministra ha defendido que los ciudadanos "puedan tener la opción de elegir centro médico, facultativo, enfermero o pediatra". "Creo en la libre elección", ha aseverado Mato, justificando esta medida, ya implantada en algunas comunidades como Madrid, ya que "mejora la calidad y la equidad del sistema".
Además, ha dicho que con esta libre elección se dará "aplicación real" a lo establecido en la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002. "Las decisiones de los pacientes y su valoración constituyen el mejor estímulo y el mejor indicativo de qué es lo que está funcionando correctamente y qué es lo que debe mejorarse", ha señalado.
Sobre la Ley de Dependencia, Mato ha garantizado las prestaciones de la norma. "Los dependientes pueden estar tranquilos", ha dicho, tras explicar que introducirá en los criterios de financiación una ponderación que incentive la atención a través de servicios profesionales, como forma de conseguir una mejor calidad y generación de empleo y priorizará la prestación de servicios para la atención de calidad a las personas dependientes y que contribuya, además a la generación de empleo. .
La ministra ha encargado un informe "científico" y "médico" sobre la píldora poscoital para conocer cómo afecta el medicamento a la población femenina en general y a las menores en particular y conocer la regulación en otro países europeos. El informe servirá de base al Gobierno para decidir qué hacer con este anticonceptivo de urgencia.
Rosa Díez, portavoz de UPyD; Concepció Tarruella, representante de CiU; y Carmen de Aragón, presidenta de la Comisión de Sanidad del Senado. Los diputados Caridad García y Gaspar Llamazares, ambos de Izquierda Unida. Los representantes socialistas Pilar Grande y José Martínez Olmos. Y Emilio Olabarría, del PNV, y Joan Tardá, de ERC.
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En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, Pilar Grande, del PSOE, le ha deseado “mucho acierto” y ha criticado que su comparecencia “ha sido una declaración de intenciones, sin ninguna propuesta concreta”. La portavoz socialista ha mostrado su apoyo al Pacto, aunque ha recordado que en la pasada legislatura se trabajó para su logro, pero “el PP lo boicoteó”.
Desde CiU, Concepció Tarruella, también ha mostrado su respaldo al Pacto y ha pedido a Mato que resuelva el problema de los mestos, algo que la ministra ha catalogado de “cuestión importante a la que dará impulso y la creación de las nuevas especialidades. Asimismo, Tarruella ha solicitado que cambie el sistema de compensación a las comunidades por atención a pacientes desplazados. A su juicio, se debería volver al método de 2007, que empleaba los datos hospitalarios. “Cuando se hacía así las compensaciones eran mayores”, ha comentado.
Manuel Cervera, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Congreso, charla con Pilar Farjas, secretaria general de Sanidad. Julio Sánchez Fierro, secretario de la Comisión de Sanidad del PP. Y Jesús Aguirre, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado, junto a Cesar Antón, director del Imserso. A continuación, Ana Mato a su entrada a la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
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La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha lamentado que Mato sea responsable “de un ministerio muy grande, pero con pocas competencias”. A su juicio, la transferencia de competencias sanitarias “ha deteriorado la sanidad”. Díez ha demandado una norma nacional sobre listas de espera, un calendario vacunal único y la garantía del acceso universal a prestaciones de calidad.
Joan Tardá, de ERC, ha defendido la Ley de Dependencia. “Es uno de los grandes logros del PSOE y no aceptaremos que se desvirtúen los derechos que implica, ni que se privaticen, aunque sí estamos a favor de debatir sobre su reestructuración de la norma”. Tardá también ha apoyado el Pacto. Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV, cree que la ministra tiene “gran capacidad de trabajo y buenas intenciones”. Asimismo, ha pedido “respecto a las competencias autonómicas, cumplimiento de la Ley de Dependencia y evitar conflictos entre comunidades limítrofes”.
Gaspar Llamazares, de IU, ha lamentado que el Gobierno y el PP “pasen de puntillas” por el problema de la financiación sanitaria. Preocupado por los recortes que sufre el sistema sanitario, Llamazares no confía en la obtención de un Pacto por la Sanidad y ha solicitado a la ministra una evaluación de los modelos de gestión. Para el portavoz popular, Manuel Cervera, “la noticia del día es la propuesta del pacto” y la actual legislatura será “la de los pacientes crónicos y la prescripción enfermera”.
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