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Lunes, 21 de febrero de 2011   |  Número 18
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ASAMBLEA DE MADRID
la presidenta de la comunidad, ESPERANZA AGUIRRE
“Estoy en contra del copago, mientras sea presidenta la sanidad será universal y gratuita”
Lasquetty dice que el documento sobre limitar la cartera de servicios “no obedece a ningún proyecto de política sanitaria del Gobierno regional”

Félix Espoz. Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado, durante el Pleno de la Asamblea de Madrid, que está “en contra del copago”. “Mientras yo sea presidenta de esta comunidad al sanidad será universal y gratuita, lo que no quiere decir que no cuesta; cuesta y cuesta muchísimo”, ha explicado.

Esperanza Aguirre.

Aguirre ha afirmado que cada madrileño paga 1.117 euros al año por la sanidad y “encima, según la última encuesta sanitaria que se ha hecho, la mayoría no sabe que la sanidad no sabe que se paga con los impuestos”.

La presidenta le ha recordado a Gregorio Gordo, portavoz de IU en la Asamblea y autor de la pregunta, que “el que habla del copago es el secretario de Estado del Gobierno de la Nación. ¿Si eso pudiera hacer sostenible la sanidad? Pero pagar un euro por una consulta que igual cuesta cien… es que cuesta más el coste de administración”. “Yo estoy más a favor de otras medidas de modernización como las que han hecho otros países de nuestro entorno”, ha añadido.

Por su parte, Gordo ha hecho referencia al informe de Atención Primaria en el que se señala que “quizá deba valorarse en determinados servicios la participación del paciente en el pago del tratamiento” y apunta a servicios como la ligadura de trompas, la prevención del cáncer e incluso la comida y las sábanas de los hospitales.

El diputado ha acusado a Aguirre de generar una demanda de algunos servicios, como la vacuna del papiloma humano y las pruebas de prevención del cáncer y ahora se niega a pagarlos. “Usted genera la necesidad, se gasta una pasta por el bien de las niñas y los ciudadanos y ahora que, ya no es importante la vacunación”, le ha espetado Gordo.

Gordo ha pedido a Aguirre que aclarara cuáles son sus intenciones después de recordar que el anterior consejero de Sanidad Juan José Güemes votó a favor de una ponencia que hizo el PP en el Congreso de Valencia en la que se recogía el copago como forma de financiación sanitaria y que el secretario de estado de Hacienda también se ha mostrado a favor de este sistema.

Lasquetty y el documento sobre las prestaciones de la cartera de servicios

El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha señalado que el informe de la Consejería en el que se hace referencia a limitar determinadas prestaciones de la cartera de servicios “no forma parte de ningún proyecto político”.

Javier Fernández-Lasquetty.

Fernández-Lasquetty ha explicado en la cámara que las comunidades autónomas carecen de competencias para limitar o reformar la cartera de servicios, potestad que recae sobre el Ministerio de Sanidad, “otra cosa es que luego lo haga sin consultarnos a las comunidades, que somos las que afrontamos los costes”.

Según el consejero, “en todas las autonomías hay técnicos que trabajan constantemente analizando los costes del Sistema Nacional de Salud”.

La pregunta sobre el informe fue planteado por Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del Partido Socialista de Madrid, le ha echado en cara a Fernández-Lasquetty que ese informe lleva el sello de la Dirección General de Atención Primaria de su Consejería, de la que está a cargo una persona que él mismo nombró, Antonio Alemany.

Para el portavoz socialista alguien debió dar la orden de realizar ese informe. “He leído su desmentido diciendo que este informe no es oficial, y yo le pregunto: ¿Usted qué pinta en la consejería? ¿Quién ha dado la orden? Este es un informe muy serio”, ha agregado. También le ha reprochado “no tener valor para posicionarse sobre este tema”.

El consejero ha asegurado que “fue la vicepresidenta Salgado la que en el consejo de política fiscal y financiera dijo a las autonomías que se iban a estudiar diversas medidas para contener el gasto sanitario”, por este motivo, “es lógico que las comunidades autónomas tengamos cuantificado de qué puede estar hablando el ministerio en este caso”.

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