Cristina Alcalá. Madrid
El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, durante su sesión plenaria, el Real Decreto Ley de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. La medida, impulsada por el Ministerio de Hacienda, pretende dar instrumentos de liquidez a las administraciones locales y autonómicas, principalmente, a aquellas entidades que tengan problemas de endeudamiento y financiación.
Cristóbal Montoro.
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“Con estos mecanismos, no estamos rescatando a ninguna comunidad o ningún ayuntamiento, así como tampoco estamos favoreciendo a ninguna administración concreta”, ha resaltado el titular de esta cartera, Cristóbal Montoro. “Sino que estas medidas permitirán que millones de personas sigan accediendo a los servicios que garantizan el estado del Bienestar, como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.
Según Montoro, poner en marcha este real decreto permitirá que el crédito muchos proveedores, entre ellos los sanitarios, se retome, una circunstancia que retornará “la credibilidad de las administraciones públicas” e impulsará a la recuperación económica del país.
El Parlamento ha estado dividido entre los grupos que apoyaban la medida del Gobierno y aquellos que le han dado la espalda. El popular ha sido el único que ha alabado el “compromiso del Gobierno con las cuentas públicas y con la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales)”, tal y como ha remarcado el diputado Juan José Matarí.
Por su parte, los socialistas han criticado que, para el Ejecutivo, no es una prioridad la cohesión social, ya que, con esta ley, se recentraliza la financiación de las comunidades autónomas pero no se aborda el problema de su financiación. Una idea que comparte Ricardo Sixto, de La Izquierda Plural, quien considera que “la ley de financiación es insuficiente y las entidades están ahogadas, con hospitales saturados y escuelas masificadas”.
En contra también han votado UPyD y el Grupo Mixto, mientras que la abstención ha venido de las formaciones nacionalistas, que no han apoyado la medida porque, tal y como ha explicado Josep Sánchez i Llibre, de CiU, “este real decreto es como un ibuprofeno para las administraciones locales”: no palian del todo sus problemas.
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