E. Ortega / M. Márquez / Imagen: M. Á. Escobar. Madrid
La reforma de la Ley del Medicamento continúa su trámite legislativo de urgencia con el fin de que pueda estar aprobada antes de que termine el verano. Este miércoles, la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha votado las enmiendas al texto remitido por el Congreso de los Diputados, de las que se han aprobado dos de PSOE, dos de Entesa y la totalidad de las presentadas por el Partido Popular, que tiene mayoría absoluto en la Cámara Alta.

Aurelio Abreu, secretario segundo (Grupo Socialista); Francisco José Fernández, vicepresidente primero (Grupo Popular); la presidenta, Carmen de Aragón; el letrado, José María Coves; e Ibán García del Blanco, vicepresidente segundo (Grupo Socialista).

Asimismo, se han rechazado tres vetos a la totalidad de la reforma, presentados por el Grupo Socialista, Entesa pel Progrés de Catalunya (GPEPC) y el Grupo Mixto.

Durante el debate previo a la votación de las enmiendas, la cuestión andaluza, las subastas de medicamentos,ha permanecido en el fondo de la cuestión de la reforma. “Como ya viene siendo habitual, se introduce contenido para modificar otras leyes lejos del objetivo inicial, la trasposición de directivas europeas”, concretamente las de farmacovigilancia y medicamentos falsificados, critica María Chivite, senadora del Grupo Socialista. “Lo que no consigue el Gobierno en los tribunales lo quiere lograr mediante iniciativas legislativas”.

Asimismo, la senadora socialista denunca que la trasposición de las citadas directivas se hace "fuera de plazo". Por su parte, Mónica Almiñana, senadora por Entesa, critica "la falta de respeto del Gobierno por los procesos legislativos" y advierte de que con la reforma "se atacan y reducen competencias de las comunidades autónomas".

Mientras, Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad del PP en la Cámara Alta, asegura que l reforma conduce a la “cohesión interterritorial en el acceso a todos los servicios” y afirma que el Ministerio de Sanidad “ha sido líder en acciones en situaciones en las que había inacción”.

El Centro de Referencia Estatal del Trastorno Mental Grave tendrá que esperar

La portavoz socialista Encarna Llinares ha defendido este miércoles una moción para instar al Gobierno a la apertura del Centro de Referencia Estatal (CRE) de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, ubicado en Valencia en un edificio nuevo cuyas obras terminaron en 2010. Se trata de un asunto que la propia Llinares había llevado al pleno de la Cámara después de que las Cortes Valencianas aprobasen el pasado mayo (por unanimidad) elevar dicha petición al Ejuctivo estatal. La negativa a incluir una enmienda del Grupo Popular defendida por José Antonio Rubio Mielgo ha provocado que la moción socialista no saliese adelante. Rubio Mielgo pedía en el texto que Llinares ‘entendiese’ que las dificultades económicas que atraviesa el país impiden que se ponga en marcha la selección del personal y que habría que esperar a que la situación financiera mejorase. La portavoz socialista ha recalcado que por parte de ‘los populares’ no ve “un compromiso claro y urgente” para que CRE de Valencia comience su andadura. El debate también ha provocado la disconformidad con respecto al carácter del centro, ya que Rubio Mielgo ha insistido en que “no es un centro asistencial” como defiende Llinares en sus intervenciones, sino dedicado a “la investigación, innovación y formación”, como el resto de instalaciones de este tipo.