Cristina Alcalá. Madrid
Los grupos de la oposición con representación en la Cámara Baja han presentado enmiendas a la totalidad donde rechazan las cuentas de Cristóbal Montoro, apelando a los recortes que ha llevado a cabo el Ejecutivo en los últimos años, principalmente, al Estado del Bienestar, donde la sanidad tiene una importante presencia. No obstante, y debido a la mayoría parlamentaria de la que goza el Partido Popular, las enmiendas no han salido adelante.
Cristóbal Montoro.
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El PSOE compara estos números “con los de un gobierno socialista”
El PSOE defiende su postura alegando “recortes inútiles e injustos del gasto en educación, I+D+i, sanidad y dependencia” que no han impedido, en su opinión, “controlar el aumento considerable del volumen de la deuda pública y de la externa, salarios más bajaos y empleos más precarios”.
“La inversión en investigación y desarrollo se ha reducido un 25 por ciento”, alegan los socialistas. Es decir, una merma de 2.000 millones de euros desde 2011, “lo que pone de manifiesto que la mejora de la productividad de la economía española no es una prioridad para este Gobierno”. Como no lo es, según el principal partido de la oposición, la sanidad, donde se ha reducido sus números un 9,4 por ciento en los últimos tres años, o lo que es lo mismo, 400 millones de euros menos.
El principal partido de la oposición también hace referencia al Fondo de Cohesión Sanitaria, que ha visto drenado su presupuesto de los 87,2 millones “con un gobierno socialista” a los 2,3 millones actuales. En su enmienda a la totalidad, el PSOE carga contra la “ruptura” que se ha hecho con la universalización del sistema, contra los copagos y contra el “desmantelamiento de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid”.
Maquillaje electoralista, según UPyD
UPyD, por su parte, critica las “fuertes reducciones” que el Gobierno hizo al comienzo de la legislatura, y de los “cosméticos” que ahora utiliza de cara a las elecciones del próximo año. En su tendencia de recentralización de los servicios públicos básicos, el partido magenta alega que los recortes en educación y sanidad se han reflejado en los presupuestos autonómicos, que no pueden compensar en los PGE, pues éstos recogen solo alrededor de un 4 a un 6 por ciento, respectivamente, del gasto que controlan las autonomías en el porcentaje restante.
“No son presupuestos sociales”, alega el Grupo Parlamentario Catalán de CiU. “A pesar del significativo incremento de los ingresos del Estado en los últimos años, las transferencias a las comunidades autónomas destinadas a financiar estos gastos sociales van a ser inferiores a las que recibieron en 2013 y muy inferiores las de 2012”.
Otro de los que cargan las tintas contra las cuentas del Ejecutivo es Izquierda Unida, quien señala que el presupuesto destinado a sanidad sigue siendo un 8 por ciento menos, de 4.264 miles de euros en 2011 a 3.912 cuatro años después, y un 14 por ciento en I+D+i para la misma fecha.
El Grupo Mixto, integrado por los nacionalistas gallegos de BNG, Compromís, Amaiur y Coalición Canaria, apelan a la descentralización de materias como la educación y la sanidad, atribuidas por las comunidades, para cargar contra la pérdida en la calidad de los servicios y el “durísimo e indiscriminado” ajuste a las autonomías.
“Como hemos señalado en anteriores ocasiones, estos presupuestos continúan impulsando la disolución del Estado de Bienestar (…) con la compensación de los recortes en aspectos claves, especialmente en tiempos de crisis, como son la inversión en servicios sociales o en la sanidad pública, o en la protección familiar o en los sistemas de dependencia”, defiende Amaiur en su enmienda, quienes exigen que se eleven las partidas a niveles europeos.
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