Redacción. Barcelona
Los partidos catalanes han cerrado la comisión de investigación del Parlament sobre la sanidad catalana, y lo han hecho divididos y entre reproches por no querer abordar a fondo las presuntas irregularidades que han existido en el sector público de la salud en los últimos tiempos.
Boi Ruiz, consejero de Salud de la Generalitat, durante su comparecencia en la Comisión de Investigación de la Sanidad.
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Se han votado las conclusiones de todos los partidos, y las que han sido aprobadas se incorporarán al dictamen final de la comisión de investigación, un documento que deberá votarse en el pleno del Parlament.
CiU, PSC y PP han tumbado conjuntamente la mayoría de propuestas del resto de partido que alertaban de irregularidades en la gestión de casos como el 'holding' Innova de Reus, la gestión del Hospital de Sant Pau de Barcelona y la actuación de la patronal del Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC), especialmente en lo relativo a la Corporación de Salud Maresme y La Selva y las adjudicaciones al Grupo Serhs.
Se ha llegado a rechazar una conclusión de ERC que recogía que habido "importantes desviaciones presupuestarias" en la construcción del nuevo edificio del Hospital de Sant Pau, algo que ha sido recogido en un informe por la propia la Sindicatura de Cuentas de Catalunya.
La comisión tampoco pedirá responsabilidades a gestores de la sanidad que han estado en el foco de la polémica en los últimos meses como el expresidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS) Josep Prat, el exdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) Carles Manté, el exalcalde de Lloret de Mar Xavier Crespo y el expresidente del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) y presidente del Grupo Serhs, Ramon Bagó.
En este sentido, se ha rechazado una propuesta de la CUP que quería instar a la jurisdicción contencioso administrativa a tramitar una situación de "inhabilitación" para ejercer un cargo público para estas cuatro personas y para el conseller de Salud, Boi Ruiz.
Los únicos consensos que ha habido entre los grupos han sido para buscar más mecanismos de transparencia en la sanidad, impulsar un código ético para mejorar las prácticas y mejorar la regulación de las incompatibilidades de los gestores de la salud pública.
También se han aprobado varias propuestas que apuestan por que la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Catalunya (Aquas) se erija como el organismo independiente que vele por la transparencia de todos los actores e instituciones de la sanidad catalana.
Falta de autocrítica
El diputado de CiU Albert Batet ha defendido que los catalanes pueden confiar en su sistema de salud, y que de los casos de gestión que han generado polémica no puede "generalizarse" que la sanidad catalana funciona mal.
El diputado de la PSC Jordi Terrades también ha considerado que la principal conclusión de la comisión es que se ha demostrado la "validez" del modelo catalán, en el que deben introducirse mejoras porque han existido malas prácticas, ha admitido.
La diputada de ERC Alba Vergés ha cargado contra nacionalistas y socialistas por su actitud en la comisión: "No pueden ir a la comisión con la premisa de que todo ha ido bien y, por lo tanto, sin hacer nada de autocrítica y aceptar propuestas de otros grupos".
ICV-EUiA irá a la fiscalía
El diputado de ICV-EUiA Marc Vidal ha anunciado que su partido, al margen del dictamen que se acabe sometiendo a votación en el Parlament, trasladará a la Fiscalía sus conclusiones y la documentación a la que ha tenido acceso a través de la comisión de investigación.
El ecosocialista ha cargado contra CiU y PSC, los dos partidos que han gestionado la sanidad pública catalana en los últimos 30 años, a los que ha acusado de vetar numerosas comparecencias y evitar abordar situaciones irregulares de la sanidad pública más propia del "modelo siciliano" que del catalán.
La diputada de la CUP Isabel Vallet ha lamentado que la transparencia es insuficiente si no se abordan "cambios estructurales" en el sistema, y el diputado de C's José Manuel Villegas ha cargado contra la gestión del conseller Ruiz y ha puesto en duda que sea la persona idónea para gestionar los retos de futuro de la sanidad catalana.
El diputado del PP Jordi Roca ha criticado que "todas las irregularidades se han tomado desde despachos públicos de la Generalitat", pero al rechazar el PP sistemáticamente todas las conclusiones y propuestas de otros grupos, ha contribuido a tumbar muchas que recogían estas presuntas irregularidades.
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