Redacción. Palma de Mallorca
La Diputación Permanente del Parlamento balear ha rechazado, con los votos en contra del PP, celebrar de un Pleno extraordinario para debatir sobre la propuesta del Govern de que las mujeres que vayan a abortar a clínicas privadas tengan que adelantar el coste de la intervención hasta que el servicio público lo reembolse.

Marga Prohens (PP), Vicenç Thomàs (PSOE) y Fina Santiago (PSM-IV-ExM).

Así, con 9 votos en contra frente a los 5 a favor de los diputados del PSIB y del PSM-IV-ExM, se ha acordado que no se celebre una sesión plenaria fuera de periodo ordinario de actividad parlamentaria.

La petición surgió del PSIB, que pretendía debatir una proposición no de ley sobre la decisión adoptada por el Ib-Salut, al considerar que se está vulnerando la Ley Orgánica 2/2010 en la se garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las condiciones que se determinan en esta Ley, tal y como ha remarcado el diputado socialista, Vicenç Thomàs, durante su intervención.

Por su parte, la 'popular', Marga Prohens, ha acusado a los partidos de la oposición de ser "alarmistas" al generar una polémica que, en su opinión, "responde a una estrategia política e ideológica, que no coincide con la realidad", puesto que "el Govern garantiza en todo momento una prestación sanitaria que está regulada por ley".

En este sentido, Prohens se ha referido a la necesidad de contener el déficit en la CCAA y ha apuntado que la eliminación de los conciertos con las clínicas abortivas representará un ahorro de 1 millón de euros anuales. Según los datos aportados por la diputada del PP, en Baleares se realizaron 3.295 abortos en 2010, un 3,7 por ciento más los practicados en el año anterior.

Prohens ha informado que en este momento se está elaborando un protocolo de actuación "con el que se cumple íntegramente la Ley orgánica" en el que establecerá el tipo de decisión que se debe acordar en función cada caso.

Asimismo, ha añadido que "hasta este momento ninguna mujer se ha quedado sin poder ejercer este derecho en las Islas" y ha señalado que la semana que viene comienza el periodo ordinario de sesiones en la Cámara Autonómica, razones que hacen que sea injustificable la petición de tratar este asunto en un Pleno extraordinario.

Críticas de la oposición

Otra de las críticas vertidas por Thomàs se refiere a que la normativa vigente es de aplicación estatal, por lo que al incumplirse en Baleares, se deja a las mujeres de las islas en una situación de indefensión respecto a las del resto de CCAA.

Con todo, el portavoz socialista ha insistido en que la interrupción voluntaria del embarazo "es una prestación sanitaria que está dentro de la cartera de servicio comunes en el Servicio Nacional de Salud, y que debe realizarse a través de los centros públicos y, de no ser así, debe existir el compromiso escrito de que será el sistema público sanitario el que asumirá los costes", un extremo que, según ha dicho, no se cumple en Baleares.

Desde el grupo parlamentario PSM-IV-ExM, Fina Santiago, ha acusado al Govern de generar una "preocupación social" tanto entre los ciudadanos de las Islas como también a nivel estatal, dado que, según ha dicho, el asunto ha transcendido a los medios de comunicación de todo el país.

"El Parlament no puede estar al margen de lo que está pasando en la calle", ha insistido la diputada nacionalista, al tiempo que ha señalado que existen "dudas legales" sobre la medida acordada por el Ejecutivo del PP y ha apuntado que hay "motivos ideológicos en el trasfondo de este asunto".