María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
Los 23 votos del Grupo Parlamentario Popular han echado por tierra las aspiraciones socialistas de blindar la Ley Antitabaco ante una posible modificación para facilitar el consumo en Eurovegas. Los mismos que tampoco ven el copago hospitalario una amenaza para los pacientes, como han defendido Izquierda Plural y Grupo Vasco. La única Proposición No de Ley aprobada (y por unanimidad) ha sido la relativa a una futura ley general del Tercer Sector, propuesta por la socialista Rosa Aguilar.
Mario Mingo, presidente de la Comisión, acompañado por el vicepresidente primero, Antonio Román; la vicepresidenta segunda, Soledad Domínguez; el secretario primero, José María Alonso; el secretario segundo, Guillem García (derecha); y el letrado, Luis de la Peña.
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Pilar Grande, portavoz socialista, ha instado a este órgano del Congreso a “poner en valor los buenos resultados y beneficios en salud” la Ley Antitabaco. Remitiéndose al último informe facilitado por el Ministerio, Grande ha señalado que lo andado hasta el momento “es solo un primer paso”, de ahí la necesidad de blindar la Ley ante posibles modificaciones. El amplio cumplimiento de la norma entre “fumadores y no fumadores” ha sido otro de los argumentos socialistas, además de tildar de “lamentable” que la ministra no se pronuncie “tajantemente” sobre un posible cambio normativo con motivo de Eurovegas. En esta línea, el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha lamentado que el Gobierno baraje una excepción a la Ley alegando el “desempleo”. Felicidad Rodríguez, portavoz ‘popular’, ha asegurado que “no procede reiterar lo que ya figura en los diarios de sesiones” (en alusión a lo defendido por su grupo cuando se aprobó dicha norma). “El Gobierno sigue en la misma línea de prevención”, afirma Rodríguez, por eso ha dicho que no considera “necesaria aprobar esta PNL, por no aportar nada al debate”.
La diputada socialista Rosa Aguilar.
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Copago hospitalario
Llamazares ha tildado la medida ministerial de “oscurantista y sádica” y ha asegurado que “no es cierto” que haya sido consultada por las sociedades científicas ni que haya formado parte del Consejo Interterritorial ‘informal’ celebrado en Barcelona en septiembre. “No tiene sentido sanitario y tampoco económico”, ha criticado el portavoz de la Izquierda Plural.También el Grupo Vasco ha manifestado su preocupación (con otra PNL) ante la decisión de Sanidad. Isabel Sánchez ha criticado que el Gobierno “sancione la enfermedad” y ha deslegitimado al Ministerio de Sanidad para dictar esta orden, “en todo caso correspondería al Gobierno”. En País Vasco, ha explicado, solo provocaría un ahorro de 200.000 euros, cifra “ridícula”, según la portavoz, mientras que su puesta en marcha sería “claramente superior”. La socialista Guadalupe Martín ha preguntado al Grupo Popular si el Gobierno está “acusando de irracionales” a los pacientes o a los médicos de “ejercer una mala praxis” al justificar el copago hospitalario por la necesidad de ahorro.
Antonio Román ha sido ‘la voz’ del Grupo Popular en este asunto. Ha criticado que “se quiere atemorizar y hacer demagogia” al hacer “entrever” que los pacientes hospitalizados van a pagar por sus fármacos, hecho que no va a producirse tal y como ha asegurado. Retomando palabras de la ministra, Román ha afirmado que “no se pagará más de 4,20 euros” en esos “42 fármacos y 150 presentaciones” contemplados.
Futura ley general del Tercer Sector
De las 10 PNL presentadas en esta sesión, ha sido la única que ha obtenido el pleno respaldo de la Comisión. Argumentada por la portavoz socialista Rosa Aguilar, y aceptando una enmienda de ‘los populares’, los grupos parlamentarios instan al Gobierno a “la elaboración y aprobación de una Ley General del Tercer Sector que reconozca el papel del tercer sector de acción social como actor clave en la defensa de los derechos sociales acorde con el marco competencial que en esta materia corresponde al Estado”.
Los portavoces socialistas de Sanidad y Consumo, José Martínez Olmos y Pilar Grande. A continuación, los portavoces de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares y Caridad García. En la siguiente imagen, el portavoz de Sanidad del Grupo Popular, Rubén Moreno, acuerda textos con la portavoz de CiU, Conxita Tarruella, ante la diputada ‘popular’ Marta Torrado. A la derecha, la portavoz de UPyD, Rosa Díez.
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Otros asuntos
La diputada del Grupo Popular Marta Torrado ha presentado una PNL dirigida a instar a tomar nuevas medidas para una asistencia sociosanitaria integral a afectados por Alzheimer en el contexto de la Estrategia para el Abordaje de las Enfermedades Crónicas del SNS. Las dos enmiendas presentadas al texto han procedido de CiU (solicitando el reconocimiento a las competencias autónomicas y la necesidad de establecer en los Prespuestos Generales del Estado una dotación presupuestaria específica) y del GPS (han lamentado que la propuesta “esté fuera de tiempo”). Estos dos grupos de la oposición también han presentado sendas enmiendas a la PNL presentada por Rubén Moreno para “prevenir y abordar” las enfermedades crónicas en Atención Primaria. Moreno ha planteado la necesidad de que el Ministerio tome las riendas a la hora de “estratificar la población” según necesidades asistenciales, desarrollar las Escuelas de Salud y mejorar “el abordaje al dolor crónico”.
Rosa Díez, portavoz de UPyD, ha buscado la complicidad de los grupos parlamentarios para “armonizar la creación de infraestructuras sanitarias para garantizar equidad asistencial”. Díez ha enumerado las instalaciones culminadas pero “vacías, sin profesionales y sin capacidad de atender pacientes” ubicadas, según ella, en Comunidad Valenciana, Andalucía o Castilla-La Mancha. En esta línea, la portavoz de Izquierda Plura, Caridad García ha señalado el Hospital de Collado-Villalba, asegurando que “cuesta a los madrileños 900.000 euros mensuales”, de ahí que haya propuesto derogar la Ley 15/97 puesto que, ha argumentado, “es la promotora de la externalización y aprovechamiento de algunas comunidades para vender recursos que no se tienen”. Y mientras Martínez Olmos ha llamado la atención sobre las infraestructuras madrileñas, el ‘popular’ José María Alonso ha defendido que el Gobierno “no puede caer en el error del Gobierno anterior” refiriéndose a una “burbuja sanitaria” que amparó construcciones no justificadas. “Gracias a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha añadido Alonso, no vamos a caer en este error”. Finalmente, 38 diputados a votado en contra de la iniciativa.
La PNL presentada por Carles Campuzano, de CiU, sobre el cobro del cien por cien del salario ante la incapacidad temporal (IT) de los funcionarios, tampoco ha contado con el apoyo de la Comisión. Campuzano ha instado a que “la reducción del déficit publico no tenga consecuencias en enfermos crónicos, que no sea a costa de su calidad de vida”. La PNL ha contado con el respaldo socialista, y la diputada Gracia Fernández, ha hecho hincapié en el riesgo ante enfermedades infectocontagiosas y colectivos profesionales especialmente vulnerables. Teresa Angulo, ha respondido que el Gobierno es “consciente del sacrificio” y ha recordado las excepciones existentes (cirugías; quimioterapia / radioterapia; embarazo).
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