Leire Sopuerta Biota.
Las Cortes de Castilla y León han aprobado por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Popular por la que se insta a la Junta a solicitar al Gobierno de España la suficiencia financiera de las comunidades autónomas para asegurar una asistencia sanitaria de calidad. Asimismo creen necesario redefinir el Sistema Nacional de Salud, potenciando el cometido del Consejo Interterritorial como principal órgano de coordinación y planificación del sistema.

Jesús Aguilar, del Grupo Popular.

La iniciativa, defendida por el procurador popular Jesús Aguilar, incluye también “ejercer, a través del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, las competencias, atribuidas por la Constitución, de establecimiento de las bases y la coordinación general de la sanidad para garantizar la necesaria equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud”; así como desarrollar “estructuras de carácter colaborativo para establecer servicios comunes en el conjunto del sistema”.

También apuesta la propuesta popular por “mejorar los mecanismos de transmisión de la información sanitaria entre los distintos Servicios de Salud autonómicos mediante el desarrollo de una única tarjeta sanitaria, una cartera de servicios unificada, la historia clínica compartida y un calendario vacunal único”.

Por último, la propuesta incluye que se diseñe una política de recursos humanos que aborde los aspectos “que requieran de un planteamiento común en todo el SNS” y que se establezcan modelos de compras agregadas, “en los que puedan participar voluntariamente las comunidades”.

El procurador popular Jesús Aguilar ha remarcado la importancia del liderazgo del Consejo Interterritorial “para que las comunidades no se vean obligadas a actuar por su cuenta debido a la lentitud del Ministerio de Sanidad”. Y ha asegurado que el PP “seguirá manteniendo un alto nivel de exigencia al Gobierno en materia sanitaria”. “Ya nos hubiera gustado -ha añadido- que el PSOE hubiese hecho lo mismo estos años”.

Mientras, la socialista Mercedes Martín ha defendido la necesidad de “una sanidad pública, con una buena financiación y gestión, que permita la viabilidad y solvencia del sistema sanitario”. Desde Izquierda Unida, el procurador González Suárez ha afirmado que “no le importa atascar al Gobierno central con iniciativas autonómicas” y ha asegurado que “no le vamos a dar a Rajoy ni los cien días, porque queremos la máxima agilidad”.