Ricardo López / María Márquez / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
Trinidad Jiménez ha vuelto al ámbito sociosanitario gracias al nuevo organigrama socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba. Con la veteranía de haber liderado el Ministerio de Sanidad, se ha propuesto construir una oposición “útil” poniendo el énfasis en cuestiones que ella dejó perfiladas y se han atascado en los últimos meses, como la prescripción enfermera, el impulso al fondo finalista gravando el alcohol o el tabaco, o la Ley de Dependencia, ante cuya paralización está especialmente preocupada. No recuerda como un problema la heterogeneidad política del Consejo Interterritorial que lideró en diversas ocasiones, y en cambio muestra sus dudas ante la eficacia de la actual hegemonía popular con la que cuenta Ana Mato. Ante el conflicto de asistencia transfronteriza, lo tiene claro: "A pesar de la transferencia de competencias, el Ministerio debe liderar desde una posición de mayor liderazgo y fortaleza".

Trinidad Jiménez, secretaria de Políticas Sociales del PSOE.

¿Qué percepción tiene de la marcha del Ministerio de Sanidad desde que dejó el Paseo del Prado en octubre de 2010?

He seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido en el Ministerio. El más de año y medio al frente de Sanidad fue un tiempo muy intenso y complicado, pero también muy interesante porque me tocó gestionar una crisis pandémica de la Gripe A. Así que todo lo que ha sucedido ha sido objeto de mi atención. Además, dejé muy avanzados asuntos que eran para mí muy importantes, estuve pendiente de su aprobación final, como la modificación de la Ley Antitabaco. Ahora vuelvo a la responsabilidad que tenía en ese Ministerio, tomando contacto con los profesionales y organizaciones sobre las cuestiones más urgentes.

El Consejo Interterritorial (CI) del 18 de marzo fue un punto de inflexión en el consenso con las autonomías...

El Consejo ejerció una labor fundamental en la gestión de la crisis, con la presencia del PP y PNV, y todos se portaron con una gran lealtad institucional. Estábamos tan preocupados por gestionar la Gripe A con la gran alarma mundial que existió, que nos hizo a todos coordinarnos y cooperar para sacar adelante la mejor gestión. Es verdad que este nivel de colaboración no siempre se puede mantener. Espero que el CI, ante los desafíos más urgentes de la sanidad, sea capaz de preservar un sistema de salud que es de los mejores del mundo. Yo confío en que profesionales y consejeros sepan estar a la altura de las circunstancias.

Parece más fácil ahora que en su época, ya que prácticamente todas las autonomías son del Partido Popular…

No sé si es bueno que haya unanimidad en preferencias políticas porque cuando hay que consensuar, la política es por definición pacto y transacción, y cuando se armonizan los intereses, siempre suele haber un resultado mejor. Es verdad que la ministra tendrá mayor facilidad de lograr acuerdo, y espero que redunde siempre en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

¿Considera que en el último año de Gobierno socialista se rompió la cohesión existente?

La ministra Leire Pajín siguió en la senda de buscar acuerdos. Además, mantuvo gran parte del equipo que estuvo conmigo. No solo los ministros lideramos, sino que es muy importante la labor del equipo. En marzo de 2010, adoptamos acuerdos que se han ido desarrollando posteriormente, como el RD de troncalidad, o la prescripción de enfermería… La reducción del gasto farmacéutico también fue consolidada por Pajín. Ha funcionado con un alto nivel de acuerdo.

De esa hoja de ruta de 2010, ¿qué falta a su juicio para concretar todos los acuerdos?

En el último CI, la ministra Mato ha abordado cuestiones concretas que veníamos arrastrando en parte yo, y en parte la ministra Pajín, como la activación de la central de compras… Hay asuntos que redundan en una mayor gestión. Ahora lo que pasa es que los consejeros tienen grandes dificultades financieras, pero estoy convencida de que les gustaría contar con más recursos para atender de forma adecuada las necesidades del sistema. En cuanto a las reducciones presupuestarias, nosotros nos concentramos en reducir el gasto presupuestario, que cuando llegué era de un 25 por ciento, y hemos ahorrado 5.000 millones de euros. También tengo que destacar el apoyo de la industria farmacéutica, tengo una excelente valoración del esfuerzo que tuvieron que hacer.

Ahora hay que reducir costes estructurales que no afecten a la calidad asistencial, sin tener que recurrir a medidas extremas como el copago. Yo introduciría impuestos que con carácter finalista vayan encaminados a financiar la sanidad, esa es la única manera de garantizar el destino de esos recursos. Para ello, propusimos los impuestos de alcohol y tabaco, que sé que no es mucho, calculamos unos 1.000 millones de euros anuales, pero al menos es un respiro. También estamos haciendo una evaluación de las tecnologías sanitarias y de los propios medicamentos, además de una mejor gestión de cobros a terceros.

Hablaba de medidas de ahorro, y ahora está de actualidad la subasta de fármacos andaluza, que ha entrado en conflicto con el Ministerio de Sanidad…

He estudiado la fórmula. Es similar a la del principio activo: ir recortando poco a poco coste en medicamentos. Ahora nadie pone en duda que este tipo de prescripción es buena y perfectamente adecuada a nuestro ordenamiento jurídico. Andalucía ha tenido la capacidad de ir adaptándose a las necesidades para preservar el sistema público de salud, introduciendo además medidas innovadoras en el cuidado de los crónicos, el papel que tiene que tener la enfermería… Es un ejemplo. Esto ha provocado que tengan una mejor calidad asistencial sin incrementar costes, por tanto es un ejemplo para el resto de CCAA, sin incrementar costes.

¿Sería la subasta una buena medida para extender al resto del país?

Sí. Estaríamos dispuestos a ello.

Un momento de la entrevista realizada a Jiménez en el plató de Sanitaria 2000 TV, con el director general del grupo editorial, Ricardo López, y la redactora María Márquez.

¿Por dónde cree que irá la política farmacéutica de Ana Mato?

Es una de las competencias exclusivas del Ministerio, por lo que debería asumir el liderazgo en buscar mayor homogeneidad para controlar el gasto farmacéutico. El euro por receta me parece un copago encubierto y genera inequidad para los usuarios, que no tienen por qué soportar la insuficiencia financiera del sistema por el hecho de estar enfermos.

No sé muy bien cuál es la política farmacéutica del Gobierno porque no han hecho ninguna manifestación. Pero desde luego, el PSOE se opondría a desfinanciar determinados medicamentos que son para enfermedades menores pero que sí son utilizados diariamente. Además, al estar desfinanciados, los medicamentos quedarían sujetos ya no al precio que ponga el Ministerio, sino que provocaría inmediatamente una subida de los precios.

Hay que mirar quiénes usan cada día esos medicamentos, y por otro lado, el coste inmediato que tendría para los usuarios. Aunque son para dolencias menores, son también necesarios, y quien tiene una pensión de 450 euros y lo usa diariamente, sí que notará esa medida.

En el caso del conflicto por la asistencia en zonas limítrofes, ¿cree que estas situaciones van más allá de la crisis económica?

Es evidente que la situación económica ha agudizado las tensiones, sobre todo para la atención en zonas limítrofes y a desplazados. Nunca se había producido este problema, todos asumíamos que un madrileño que se desplazaba a Andalucía era atendido en los servicios de salud andaluces, sin ningún tipo de problema. Es verdad que poco a poco se introdujeron correcciones al sistema para que no hubiera un desequilibrio, pero siempre se han buscado fórmulas para atender esta situación.

En zonas limítrofres, de lo que se trata es de incrementar el Fondo de Cohesión, para eso está, si bien en estos momentos representa una gran dificultad. Pero la labor del Ministerio es mantener la cohesión del sistema. Nunca se había producido este caso. En su momento también hubo una situación de dificultad entre Aragón y Cataluña, o cuando Navarra se negó a practicar interrupciones de embarazo que obligaba a desplazarse a otras comunidades autónomas… Situaciones que fuimos arreglando desde el propio Ministerio.

¿Cree que el Ministerio le está prestando la atención suficiente? No ha estado en el orden del día del Consejo Interterritorial…

Fue el consejero vasco el que intentó sacar el tema y le prometieron atenderlo. Lo que he visto es que los propios representantes de cada autonomía han intentado buscar una vía de solución y creo que está ya más o menos encauzada la fórmula para que no haya diferencia política ni perjuicio para los pacientes.

¿Qué fórmula le parece más idónea: que sea el Estado el que ampare a las autonomías…?

Yo siempre he defendido que el Ministerio tenga un papel de liderazgo en la política española. Hay que poner en valor el papel de liderazgo que ha tenido en cada momento, y si tiene que cumplir su función, a pesar de la transferencia de competencias, hay que hacerlo desde una posición de mayor liderazgo y fortaleza.

El debate de los últimos días se centra en la cartera de prestaciones. ¿Considera que es bueno replantearse qué estamos ofreciendo a los ciudadanos en materia sanitaria, si es bueno ofrecer de todo para todos…?

Yo no recortaría en prestaciones, porque quien necesita tratarse de un cáncer, tiene que hacerlo. No se puede dejar de tratar en mitad de un proceso, ni por el hecho de que sea costoso renunciar a la última tecnología sanitaria. Por lo tanto, no soy partidaria de ese recorte.

Para eso existe una Agencia de Evaluación, que quise que figurara en el acuerdo de marzo de de 2010, porque fuimos conscientes de que algunos tratamientos y tecnologías se han ido incorporando sin evaluación, para que así realmente pudiéramos demostrar su grado de eficacia y bondad dentro del sistema.

No se me ocurre qué sacar de la cartera de prestaciones. El hecho de que hayamos ido evolucionando consiguiendo que muchas personas hayan convivido con la enfermedad es un gran adelanto, que haya más crónicos. Pero tenemos que seguir tratando a estas personas que antes se morían, lo que significa que tenemos que atender a los nuevos tratamientos que surgen.

¿Cómo ve la evolución de la industria farmacéutica y de las oficinas de farmacia?

Estamos muy preocupados por el retraso a los pagos de los proveedores. Las oficinas de farmacia han tenido que soportar una situación muy grave. Hemos planteado iniciativas parlamentarias para que se agilizasen estos cobros porque a veces estos retrasos eran absolutamente insoportables, sobre todo cuando se trataba de farmacias que tenían un menor volumen de movimiento, como las farmacias rurales. La exministra Pajín también introdujo ciertas correcciones para poder favorecer a estas oficinas.

La industria farmacéutica ha soportado en los últimos años gran parte de la dificultad que el propio sistema ha tenido. Es verdad que tenía margen suficiente porque hubo un periodo de mucho esplendor y nosotros trabajábamos de una manera muy intensa con ellos en el ámbito de la investigación. En este momento, la situación es que tienen menos margen de beneficio debido a la crisis económica y ha recortado gastos en investigación: ahora hay que buscar fórmulas para seguir investigando. Pensando principalmente en enfermedades raras, en las que la investigación es absolutamente imprescindible.

Zapatero intentó impulsar ese nuevo modelo productivo, apostando por la innovación como motor económico. ¿Se va a llegar finalmente a ese cambio?

Se va a llegar. Hay que entender que la situación que vivimos ahora es fruto de una coyuntura. España es un gran país, estamos dentro de las 10 primeras economías del mundo, por tanto hay que seguir haciendo una apuesta por España. Las empresas multinacionales se han quedado en España, y hay empresas nacionales que han seguido invirtiendo en innovación y desarrollo pese a las dificultades. Y no olvidemos que el más interesado en que se mantenga el SNS es la propia industria porque somos sus principales clientes. Es verdad que al recortar el gasto han tenido menos margen de beneficio, pero lo han entendido como un ejercicio de solidaridad nacional, pero estoy segura que saben que la apuesta es sostener el SNS como está concebido.

Espero que la ministra tenga la capacidad de mantener un diálogo constructivo con la industria porque son imprescindibles. La industria innovadora es un modelo productivo más relacionado con el futuro, y no como el que hemos tenido en nuestro país, volcado con la construcción. Hay que buscar otras soluciones para salir de la crisis.

Nos gustaría que valorase también la situación del colectivo de la enfermería. Aunque ha habido buenas intenciones en la etapa socialista, la prescripción enfermera finalmente no ha podido culminarse...

Esa fue una de las situaciones que me dio pena no poder terminar yo misma porque la había iniciado y logramos el consenso en el Parlamento, que fue muy complicado porque el PP se opuso y entonces tuvimos que buscar el consenso con CiU, PNV… Y tuvimos idas y venidas del Senado y del Congreso. Pero puedo decir que el compromiso, que fue impulsarlo, lo cumplí, y se aprobó la prescripción enfermera. Hasta donde yo sé, la exministra Pajín dejó el RD en proceso de información pública, por tanto si el Gobierno actual quiere, si demuestra voluntad política, el proceso lo puede tener concluido en tres meses. Yo desde luego, apostaría porque es un tema consensuado con la OMC.

La enfermería juega un papel muy importante en las aulas, en la prevención, en Atención Primaria, en el trabajo que hacen con los enfermos crónicos, pero también en Urgencias. Yo defendería potenciar las capacidades de las competencias de Enfermería. Además, necesitamos más enfermeros y más especializados, este también es otro reto del sistema.

El desarrollo de la Ley de Dependencia se ha visto condicionado a la crisis. En estos meses se ha producido una moratoria para la incorporación de dependientes moderados. Las comunidades se quejan de que no han recibido la financiación suficiente…

Cuando se puso en marcha la Ley y cuando se aprobó en el Parlamento, teníamos una realidad económica muy diferente, con superávit y capacidad de poner en marcha un nuevo pilar del Estado de Bienestar.

En la época en la que yo era ministra, también había crisis económica y sin embargo, hicimos un gran esfuerzo para llevar adelante el desarrollo de la Ley. Cuando dejamos el Gobierno, había 700.000 personas incorporadas al sistema y por tanto con una prestación consolidada, de servicio o económica. Esto es absolutamente necesario porque nuestra población ha envejecido: el 80 por ciento de las prestaciones están dirigidas a cuidados a personas mayores y a ayudas a las familias. Incoporamos a los dependientes más graves y dejamos para el último tramo a los menos dependientes.

El nuevo Gobierno ha dejado paralizado el expediente de 30.000 personas. Yo creo que es un gran error. En primer lugar, porque existe una obligación legal, y en segunda lugar, porque la Ley de Dependencia tiene que aplicarse por justicia social e imperativo ético. Asiste a personas mayores de una forma bastante barata, ha permitido desarrollar muchos puestos de trabajo, y se han incrementado el número de personas relacionadas con este sector social tan importante. Hay que evitar el empobrecimiento de las familias que necesitan este servicio y ver que hay un nuevo nicho para el mercado laboral. En el peor momento de la crisis, 2010-2011, cuando aún era ministra, el sector que creaba empleo era el relacionado con la dependencia.

No vamos a estrangular el crecimiento de la economía con una única obsesión de recortar el déficit, que es importante, pero no podemos deprimir la economía hasta ese punto.

¿Qué opina del papel de las autonomías?

Algunas lo han hecho peor y otras mejor. Nunca he hecho un reproche público a ninguna comunidad autónoma. Con algunas pude trabajar muy bien y después el resultado que han tenido con las cuentas que vemos hoy, ha sido muy positivo. Pero evidentemente, han sido autonomías con mayor compromiso las que mayor voluntad política demostraron, de hecho Andalucía es el ejemplo. Hay que reconocerlo, las cuentas son públicas y objetivas. Otras comunidades autónomas utilizaron los recursos que les dábamos no para poner en marcha la Ley, sino para atender los gastos sociales que ya tenían transferidos: pretendían cubrir su política social (infancia, familia…) con el dinero transferido para la Ley de Dependencia.

Desde el sector empresarial se critica mucho que no haya habido otro filtro más importante para el cuidador familiar, en teoría contemplado como “excepcional” en la Ley. ¿Qué opina?

Hablamos de una Ley que se aprobó hace siete años, en plena bonanza económica, y el sector empresarial vio grandes expectativas poniendo en marcha grandes centros para atender los servicios de la Ley. Posteriormente, se enfrentaron con dos situaciones: había menos recursos para atender un servicio en una residencia, que es más caro que en casa; y no tuvieron en cuenta una realidad social que se ha impuesto de una manera muy clara, y es que las personas mayores, en su inmensa mayoría, no quieren salir de sus casas para ser atendidos, sino que prefieren ser cuidados por un familiar o un cuidador profesional. Y esto es razonable. Esto pasó también en Alemania cuando se puso en marcha un sistema parecido a la Ley de Dependencia, y más tarde, poco a poco, a medida que se mejoran las condiciones y los servicios, las personas mayores van buscando ellos mismos una salida más profesional. Pero necesitamos todavía un tiempo para que la Ley de Dependencia pueda llegar a ese estadio.

Aunque ha vertido algunas opiniones sobre la gestión del nuevo equipo ministerial, nos gustaría saber qué opinión le merece la nueva ministra, Ana Mato.

Lleva apenas dos meses al frente del Ministerio, así que sería una frivolidad por mi parte opinar sobre su gestión en este tiempo cuando acaba de tener su primer Consejo Interterritorial. Su gestión entra en lo convencional y el orden que ya estaba predeterminado. Además, tampoco me gusta hacer valoraciones personales sobre todo de los ministros que están representando la cartera a la que yo he representado anteriormente. Hay que dejar el margen necesario y tratar acuerdos antes de entrar en críticas indiscriminadas, que no conducen a nada y que pudieran dificultar acuerdos en un ámbito tan importante.

¿Ha podido hablar con ella?

Nos hemos saludado pero no hemos tenido ninguna reunión. Es verdad que ha hecho la propuesta del Pacto por la Sanidad pero todavía no ha hecho una propuesta concreta que eventualmente se nos pueda remitir. Es importante que en este Pacto participemos los agentes políticos pero también los agentes sociales, los sindicatos y el sector profesional.

¿Y a nivel personal, qué espera Trinidad Jiménez en esta nueva etapa?

Estoy muy comprometida con la nueva dirección encabezada con Alfredo Pérez Rubalcaba, la persona más adecuada para que en este momento empecemos a recuperar la confianza de los españoles. Queremos hacer una oposición útil, por lo que ayudaremos al Gobierno a enfrentarse a los desafíos de nuestro país. También desde la oposición se puede servir a los intereses de España, es la actitud que he mantenido desde el primer momento.