Guadalupe Martín: “Temo que el nuevo mapa sociosanitario recorte recursos”
“Si hay menos inversión y menos dotación económica, necesariamente hay menos servicios”, asegura
Enrique Pita / Imagen: Adrián Conde
El PSOE de Castilla-La Mancha ha denunciado reiteradamente un proceso de desmantelamiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la región. Este lamento se une, además, a la percepción del retroceso experimentado, al pasar de ser una de las regiones que mejor aplicaba la Ley de Dependencia a perder varios puestos según distintos indicadores. Guadalupe Martín, secretaria de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE de la provincia de Toledo, ha repasado para esta publicación la situación que atraviesa el sistema y la sanidad castellanomanchega.
Guadalupe Martín.
¿Qué balance hace el PSOE de la situación actual de la sanidad y la atención a la dependencia en Castilla-La Mancha?
Los balances con dos años de referencia desde la toma de posesión del Gobierno de María Dolores de Cospedal hay que hacerlos analizando los datos que reflejan la realidad de nuestra región, y tanto en el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) como en el ámbito sanitario estos dos años no han sido nada buenos para el Gobierno.
La lista de espera sanitaria se ha disparado considerablemente y son ya 187.000 ciudadanos los que están en las diferentes listas de espera, lo que supone un incremento del 65 por ciento, y el tiempo medio de espera es también considerablemente superior.
En cuanto al SAAD, ocurre exactamente lo mismo. Son más de 4.000 los solicitantes de valoración que hay en una lista de espera, que han presentado solicitud y ahí están; y son más de 12.000 los que habiendo sido valorados, aún no reciben servicios. Así, nuestra valoración de estos números no puede ser más negativa, pero no es nuestra valoración, sino las cifras oficiales, y son los ciudadanos los que sufren las consecuencias.
Habla de las listas de espera…El Gobierno de Cospedal ha anunciado recientemente un plan para mejorar la situación. ¿Va a surtir efecto?
Tiene que tener algún efecto, pero la cantidad económica que se pone sobre la mesa para este plan de choque, que el propio consejero José Ignacio Echániz ha cifrado en 15 millones de euros, y sin ver la planificación…Es cierto que hay grandes diferencias de unos centros a otros, pero no sabemos cómo se va a focalizar ni a acometer, si va a ser vía concierto, o va a ser por el pago de horas extraordinarias de los profesionales que se quieran acoger a atender las listas de espera. Evidentemente tiene que haber resultados positivos, pero mucho me temo que van a ser muy cortitos.
¿Cómo han afectado a la región las medidas adoptadas por el Gobierno de Rajoy en el sistema de dependencia?
El RD 20/2012 del mes de julio ha sido demoledor para el SAAD. No solo se aplica una demora en el tiempo considerado como límite para ser valorado para ser incluido en el sistema, sino que además, personas que ya se tenían que haber incorporado, que iban a estar en grado I y que en principio tenían reconocido el grado I, van a tener una demora de dos años, hasta julio de 2015, para incorporarse al sistema.
A esto hay que añadir que muchos de los beneficiarios que ya recibían servicios y prestaciones han visto modificada sus cuantías. El reflejo en los presupuestos está siendo grave como daño colateral, pero además, todos los beneficiarios de la Ley de Dependencia se ven afectados por una serie de incompatibilidades que hay que aplicar cuando muchas de las autonomías se habían dotado de un sistema en el que había ciertas compatibilidades. Y hay que añadir que las cuantías que percibían los cuidadores familiares se han visto reducidas y se han visto excluidos del pago a la Seguridad Social. Por tanto, creo que los daños que ha producido este decreto son grandes, son graves, y así lo recoge el propio informe del Consejo Económico y Social. Hemos leído de forma muy detenida el informe y la verdad es que se recogen de forma muy pormenorizada todos los daños colaterales que está teniendo la aplicación de este decreto y las medidas que está aprobando el Consejo Territorial.
Respecto a este Consejo, se dice que ahora hay más acuerdo entre autonomías, y es cierto, la mayoría son gobernadas por el PP y esto hace más fáciles los acuerdos, pero eso no significa que esos acuerdos no sean lesivos para los ciudadanos, como está siendo.
“En Castilla-La Mancha teníamos servicios a disposición de los ciudadanos por encima de la media”.
“Hay que planificar, pero eso no significa recortar recursos”.
El Gobierno de Rajoy asegura que se ha hecho una apuesta por los servicios profesionales, pero, ¿en qué se está traduciendo en la región?
En Castilla-La Mancha teníamos un punto de partida relativamente favorable en este sentido, porque teníamos muchos servicios puestos a disposición de los ciudadanos, pero no es así en todas las autonomías. Hay comunidades autónomas que tenían una gran carencia de servicios, y tenían que recurrir a prescribir en el Plan Individualizado de Atención más ayudas del entorno familiar, pero el Gobierno del PSOE de Castilla-La Mancha había hecho una compatibilidad clara entre servicios y prestaciones porque entendíamos que podía haber un cuidador familiar, pero si el beneficiario acudía a un centro de día, quizá necesitara ayuda para ir aseado a primera hora de la mañana. Habíamos hecho compatibles esos servicios, pero ahora todo eso se ha roto.
Teníamos servicios puestos a disposición por encima de la media, y también teníamos mucha ayuda a domicilio y muchas plazas residenciales, y en ese sentido ha afectado menos, pero hay regiones que tuvieron que empezar a hacer el entramado de la red de servicios sociales básicos. Estoy hablando de autonomías que iban con cierto retraso en la aplicación de servicios, y evidentemente lo han sufrido más. Nosotros habíamos hecho una aplicación de la ley que beneficiaba mucho a los ciudadanos dependientes, y ahora muchos de ellos no pueden ser aseados por un familiar para acudir a un centro de día, y son los que están sufriendo las consecuencias.
Además, se está pagando más por los servicios. Decir que se facilitan los servicios, o que se priorizan, está muy bien como titular, pero la ley tenía una vocación clara de facilitar el acceso a los servicios. Pero primero hay que crearlos, y si hay menos inversión y menos dotación económica, hay necesariamente menos servicios.
El Gobierno de Cospedal ha atacado al anterior ejecutivo socialista con el número de prestaciones por usuario. ¿Cuál es la situación ahora, ha cambiado? ¿A dónde lleva?
Esto cambia en el sentido de que al eliminar la compatibilidad entre determinados servicios y prestaciones, el usuario ha tenido que optar por una u otra. A la mayoría de ellos se les ha quitado los cuidados del entorno familiar y se les ha dejado por ejemplo la prestación de un servicio de ayuda a domicilio o de acudir a un centro de día. Pero también es cierto que nosotros dábamos prioridad a lo que el beneficiario decidía siempre y cuando las condiciones fueran óptimas.
Además, hay que tener en cuenta el modelo territorial de Castilla-La Mancha, con muchos núcleos de población muy pequeños en los que el beneficiario de la dependencia no tenía de forma accesible un centro de día, y había que resolver cuidados del entorno familiar. Pero eso es un encuadre que hay que hacer conociendo la realidad de la región y el por qué de estas cifras. También teníamos unas cifras por encima de la media de compatibilidad de servicios, con 1,56, pero también es verdad que si un beneficiario no puede ir a su centro de día porque no tiene transporte, ese ciudadano no puede elegir porque no tiene más opción que los cuidados del entorno familiar, y si además se recorta la cantidad de los cuidados del entorno familiar y el cuidador no tiene el alta en la Seguridad Social, difícilmente va a haber unos cuidados de calidad. Todo esto ha repercutido de forma muy negativa en los propios beneficiarios de la ley.
Guadalupe Martín, en un momento de la entrevista con el periodista de Sanitaria 2000, Enrique Pita.
Estas son las consecuencias para los usuarios, pero…¿y para el sistema en su conjunto? Porque desde el Gobierno se dice que estas reformas son beneficiosas para el SAAD…
Es un beneficio relativo, porque lo que están haciendo es aliviar cifras de rentabilidad económica. Nosotros lo que hemos primado en todo momento es la calidad asistencial al beneficiario y qué es lo que necesita realmente ese beneficiario; si necesita ayuda a domicilio y además tiene que ir a un centro de día, lo hemos dado por bueno porque era lo mejor para él. Si ahora hay que elegir uno de los dos servicios y además no se facilita el transporte, la gente está viendo que tiene que renunciar a determinados servicios, y por supuesto que va a haber menos beneficiarios, la ley se va a aliviar. ¿Eso tiene una rentabilidad económica? Bueno, se puede medir en términos de rentabilidad económica o en términos de daño en el tipo de servicio y de prestación que está recibiendo el usuario. La calidad asistencial de la Ley de Dependencia baja considerablemente, pero en términos de rentabilidad…esos términos los utilizan otros.
El actual Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que el mapa sociosanitario no existía y que lo está reorganizando. ¿Qué opina al respecto el PSOE?
En Castilla-La Mancha hay 919 municipios. Se hizo un mapa sanitario que estaba configurado en zonas básicas de salud y áreas de salud. De forma paralela, había un mapa de atención social, que además conozco muy bien porque es en el que he trabajado muchos años. Por tanto, había zonas de servicios sociales integradas en áreas de servicios sociales. Esos dos mapas no confluían, pero no lo hacían porque la realidad en la que se puso en marcha el mapa de atención sanitaria y luego el modelo de atención social no confluyeron en el tiempo, entonces difícilmente pueden coincidir. Nosotros intentamos unificarlos, pero vimos que el mapa de recursos que había en funcionamiento para los ciudadanos muchas veces no permitía la compatibilidad de ambos, por eso no se abordó un único mapa.
La Consejería dice que está unificando los mapas, pero lo cierto es que está habiendo dificultades, porque no en todas las zonas de servicios sociales hay servicios residenciales o servicios de atención a personas con discapacidad, porque eso va en función de las necesidades que había en la población y del propio compromiso de los municipios de la región en tener infraestructuras de atención social. Es muy fácil hablar de reorganización en la distancia, pero luego la realidad es otra. La sensibilidad de un gobierno municipal que invierte en un recurso para atención a personas con discapacidad no es la misma en todos los municipios de la región, y por eso se abrían convocatorias en las que los mapas se han ido configurando con la evolución del tiempo. Evidentemente había consultorios locales de ámbito sanitario en todos los municipios, y entonces es más fácil agrupar zonas básicas de salud con las zonas de los propios servicios sociales, pero no todos los ayuntamientos querían ser centros operativos de servicios sociales, y había que negociar, por lo que el ayuntamiento más sensible era ayuntamiento cabecera de una zona básica de servicios sociales.
Hay que planificar, pero planificar no significa recortar recursos, y mucho me temo que el nuevo mapa sociosanitario que pretende poner en marcha el Gobierno de María Dolores de Cospedal va a ir en el sentido de restringir recursos y agrupar municipios, pero eso no significa agrupar recursos.
La realidad de los municipios la conocemos muy bien porque somos de la región, y cuando alguien viene de fuera y no conoce la región, nos podemos encontrar con desaguisados como el cierre de los Puntos de Atención Continuada.
¿Cómo va a acceder el ciudadano a esos recursos que no se agrupan y de los que dependen varios municipios?
Siempre hay que facilitar que los ciudadanos accedan a los recursos. En todos los municipios no hay centro de día para la atención de personas dependientes, pero si tienen un centro de día cercano a su municipio se trasladaban allí. Ahora, con la suspensión de los transportes, evidentemente tienen muy limitados los accesos. A los ciudadanos hay que facilitarles el acceso a los servicios sanitarios y a los servicios sociales con condiciones de igualdad, y tenemos una tierra que es compleja, que tiene 919 municipios, y no todos los municipios tienen todos los servicios, pero yo creo que por eso precisamente se hacían recursos de cierta proximidad. No es lo mismo la realidad de la Serranía de Cuenca que la de La Sagra toledana, y por eso había más viviendas tuteladas en Cuenca que en Toledo. Todo es discutible, pero evidentemente la realidad es esa, y hay que facilitar que la gente se quede en su entorno y que los servicios y las infraestructuras sean cercanas a los ciudadanos. Evidentemente eso tiene un coste, es un modelo caro, pero habíamos apostado porque los servicios fueran lo más cercanos posible a los ciudadanos.
¿Se está limitando la posibilidad de acceder a determinados servicios?
Claro. La igualdad de oportunidades en el acceso supone la garantía de suministrar los recursos, y evidentemente, aunque hay cosas que son mejorables, cuantos más recursos haya, mejor. Esto no significa que haya derroche en los recursos, sino una planificación razonable.
¿Cómo va a afectar la reforma de la Ley de Régimen Local?
Nos tiene muy preocupados, porque nosotros hemos trabajado en un modelo, tanto en el aspecto sanitario como en el social muy cercano a los ciudadanos. La atención sanitaria estaba mucho más asumida por la administración regional, los consultorios locales eran la competencia que tenían los municipios, pero en materia de servicios sociales nosotros habíamos hecho un modelo, el Plan Concertado de Servicios Sociales, que unido a nuestro modelo del Plan Regional de Acción Social, daba garantía al acceso de todos los ciudadanos a los servicios sociales.
Si los municipios pierden competencias y solo van a mantenerlas los de más de 20.000 habitantes, que en nuestra región son 15 sobre 919, será un problema. Son muchos los que se van a quedar fuera. Además, la reforma dice que todos aquellos que no sean capaces de prestar el servicio, este será asumido por las diputaciones. Nosotros teníamos hecho un modelo regional extraordinario, que ha sido modelo para muchas autonomías, con excelentes profesionales que estaban disponibles para todos los ciudadanos. Si eso se desmonta y pasa a las diputaciones, mucho nos tememos que lo que ocurrirá es que se desmonte de forma total y absoluta la red de servicios sociales.
Además, nos preocupa que muchos de los profesionales que están contratados por los propios municipios no sabemos qué va a pasar con ellos. Si esos servicios van a pasar a ser prestados por las diputaciones, que no tienen estructura para garantizar los servicios sociales, o se externaliza o no sabemos qué harán, pero vemos que hay una tendencia privatizadora y a desmontar la red de servicios sociales, que está muy bien entramada en la Comunidad Autónoma y que es totalmente garantista.
Me hablaba antes de los ciudadanos que con la moratoria han quedado fuera del SAAD. El llamado limbo de la dependencia también está ahí…¿Cuál es la situación en la región?
Desde el principio de la implantación de la Ley de Dependencia hubo una avalancha de solicitudes. La gente solicitaba ser valorada, y desde 2007 hasta ahora son más de 23.000 los ciudadanos que habiendo sido valorados, tenían un reconocimiento de situación de dependencia grado I, y que estaban a la espera de incorporarse. Con la demora que se ha aplicado, todos esos ciudadanos están sin recibir servicios, pero también es cierto que están valorados como grado I, no se está haciendo su revisión, y lo previsible es que la situación de muchos de ellos haya empeorado y posiblemente empiecen a ser grado II o III. Además, se están haciendo revisiones de oficio que son radicalmente ilegales, porque no se pueden hacer si no hay solicitud del ciudadano o si no ha empeorado mucho su situación.
Todos los beneficiarios que eran de grado II que han visto bajado su grado al I han sido incluidos también en ese limbo, pero además se está dando la circunstancia de que con la nueva aplicación de los criterios de los valoradores estamos encontrando personas con ciertas dificultades que reciben resoluciones de no grado. Personas que están viendo mermados sus derechos. Esta resolución en concreto que he traído es de una persona con parálisis cerebral que tiene graves dificultades motoras y que tiene dificultades para el mantenimiento de la actividad en la vida diaria, y lo que no puede ser es que no tenga grado, parece increíble que ciudadanos como esta chica vean que se les excluye y no tienen grado aun teniendo un grado de minusvalía reconocido del 67 por ciento y teniendo la incapacidad laboral…
¿Cómo se puede justificar eso? ¿Sobre qué criterios?
Aplicando el modelo de la forma más restrictiva posible. Además, hay gente a la que se le ha bajado de grado y nivel de forma completamente descarada, con el simple argumento de “que recurran, que ya lo veremos en los tribunales”. Los ciudadanos se están viendo abocados a hacer recursos y acudir a los tribunales cuando además hay un coste añadido y muchos de ellos renuncian a presentar esos recursos. Es gente que ni siquiera está en el limbo de la dependencia. Al limbo real hay que unir estos ciudadanos que por una aplicación muy restrictiva y de forma dañina para ellos se les está aplicando la ley.
Evidentemente esto la señora Cospedal lo sabe, el consejero lo sabe, y el director general lo sabe, y no pueden decir que todas estas son personas con relativa dependencia y que son unos cuentistas. Hay que conocerles y doy fe que recibo a muchos ciudadanos porque he sido directora general de atención a la dependencia y la gente te llama y te envía su resolución y hay situaciones verdaderamente sonrojantes.
Son dos limbos. Uno creado por los valorados de grado I que se han visto retrasados y por mucha gente que está siendo expulsada del sistema por una falta de reconocimiento.
¿Cree que los tribunales darán la razón a estos ciudadanos?
Ya lo están haciendo. Ya hay sentencias que favorecen a los ciudadanos porque se les han recortado servicios y prestaciones y se les ha negado el reconocimiento. En las últimas semanas han aparecido varias, y supongo que con el tiempo habrá más.
¿Cuánto tiempo tiene que esperar un ciudadano en situación de dependencia con una dependencia no reconocida cuando además su situación se va agravando y muchos de ellos, además, se quedarán por el camino? Estamos hablando de personas con daños importantes y que no se merecen este trato por parte de un Gobierno regional que aplica un baremo de forma muy restrictiva y que deja en vía muerta la situación.
Otro elemento de polémica ha sido el informe del Tribunal de Cuentas en el que se recogían ciertas irregularidades en la aplicación de la Ley de Dependencia. ¿Cuál ha sido la situación en Castilla-La Mancha?
Nos llamó mucho la atención que a golpe de titular se dijera que había 30.000 personas que estaban dadas de alta en el sistema y que estaban fallecidos, y como eso, otra serie de datos. Esto se dijo a la entrada de un Consejo Territorial, se ocuparon titulares, pero se había hecho llegar a las autonomías el informe del Tribunal de Cuentas y estaba en periodo de alegaciones. Ese primer informe tenía una serie de errores a los que cada autonomía presentó sus alegaciones.
En Castilla-La Mancha se demostró claramente, y así está en el documento definitivo del Tribunal de Cuentas, que se aplicó la Ley de Dependencia como las mejores. No solo la valoración que hemos tenido de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, sino que el propio Tribunal de Cuentas reconoce que en algunos aspectos éramos los mejores. Es cierto que había un desfase de altas por un déficit en el cruce de los datos de algunos beneficiarios. La cifra inicial hablaba de 3.000, pero se ha quedado en 700. La Administración está manejada por personas, y las personas se equivocan. Nosotros hemos defendido que allí donde se encuentre un expediente que por un error aparece dado de alta una persona que ha fallecido, tiene que haber un expediente de reintegro, y se ha hecho siempre así. Los cruces de datos entre el INSS y los propios registros de los fallecimientos se ponían al día en el Imserso, y era el Imserso el que hacía esos cruces, además de hacerlos la comunidad autónoma. ¿Puede haber desfase? Por supuesto, pero ni mucho menos la cifra escandalosa que en un principio dijo Echániz de 30.000 y que luego matizó y se vio rectificado por las autonomías de su propio grupo político.
Hay otra serie de desfases en los pagos que los reconoce el mismo informe. En Castilla-La Mancha son exactamente 244.000 euros. No es una cifra despreciable, pero es que el propio informe del Tribunal de Cuentas también reconoce que ha habido un desfase del pago de la Administración General del Estado a la comunidad autónoma de más de un millón de euros. Evidentemente hay que compensar, pero es que esas compensaciones son normales entre administraciones: cuando se encuentra un defecto hay que ajustar los números y producir esas compensaciones.
Muchos expedientes duplicados, se dijo. ¿En Castilla-La Mancha había expedientes duplicados? Sí. ¿Cuántos? Siete, que analizados uno a uno han sido o bien un expediente de un padre que aparece como tutor de dos hijos con discapacidad. Claro, son dos expedientes, y como los hijos son menores, aunque ellos son los beneficiarios de la ley, el que aparece es el tutor. Había dos perceptores de ayuda, un padre con dos hijos. También había casos de expedientes duplicados porque había habido un traslado entre autonomías. O había dos hijos cuidadores de un dependiente, con lo que aparecen dos beneficiarios.
De esto no se pueden hacer escándalos, y desde luego no se puede insultar a los beneficiarios y sus familias, y en este caso se ha hecho, se ha ofendido a los beneficiarios, pero también a los profesionales, que han estado dando la batalla por poner en funcionamiento una ley que era compleja y que desde luego no se merecen este trato por parte de los responsables del Gobierno regional, y yo creo que este desprestigio no le ha venido bien a Castilla-La Mancha, cuando en todo momento hemos sido extraordinarios cumplidores de todo lo que se iba acordando, hasta tal punto de que éramos de las pocas autonomías que volcábamos todos los datos en el sistema de información. Se pueden achacar deficiencias de volcado de datos a otras autonomías como es el caso de Madrid o de la Comunidad Valenciana, pero desde luego a Castilla-La Mancha no.
“Se está aplicando el modelo de baremación de la forma más restrictiva posible”.
“En algunos aspectos el Tribunal de Cuentas reconoce que Castilla-La Mancha era la mejor en algunos aspectos de la atención a la dependencia”.
¿Considera que la reforma que se ha aprobado para el Sistema de Información del SAAD acabará con estos problemas de expedientes irregulares?
Seguramente. Se deben aclarar. En todos los sistemas se detectan deficiencias, y los sistemas están para ser evaluados y para hacer correcciones, pero tiene que haber un compromiso claro de las autonomías para volcar los datos. El mayor número de datos erróneos los tenían acumulados la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Castilla y León también tenía, y por cierto, el director general de Atención a la Dependencia en aquella autonomía algo sabe, y es hoy el responsable del Imserso.
No vamos a decir que todo funciona extraordinariamente, pero de ahí a desprestigiar un sistema que ha estado funcionando bien y que ha sido una garantía para los ciudadanos…no estamos dispuestos a permitirlo. Ni por nosotros, que hemos sido los responsables en la gestión, ni por supuesto por los profesionales que han trabajado en este sistema, que muchos de ellos han sido despedidos, se ha cuestionado su profesionalidad, y desde luego por los muchos dependientes de Castilla-La Mancha que han sido claramente insultados por el responsable de la Consejería.
Dejando atrás el SAAD y centrándonos más en Sanidad, hace unos meses Consejería y sindicatos alcanzaron un acuerdo para definir en qué partidas se podría recortar. ¿Cuáles son para ustedes las líneas rojas que no se deben traspasar?
Una línea roja importante es garantizar la universalidad, tanto de los servicios sociales como en el ámbito sanitario, y esa línea se ha visto completamente rota y traspasada por mucho por el Real Decreto 16/2012. En el momento que todas las personas no estamos en igualdad de condiciones para acceder al sistema sanitario, me parece una situación gravísima. Ahora mismo hay ciudadanos que no pueden acceder al sistema y esto está empezando a tener consecuencias. De ahí en adelante, se han traspasado muchas líneas rojas, y lo que pedimos al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad es que recapacite y que dé un paso atrás. La línea roja de la universalidad no se puede romper nunca, y ahora mismo la han cuestionado.
Hay otra serie de líneas rojas. La garantía de la calidad de los servicios se está viendo mermada. Cuando un ciudadano tiene que esperar muchos meses a ser atendido por un especialista, lógicamente para él es lo peor que le puede pasar, y de hecho, la salud de los ciudadanos no era una gran preocupación y ahora está empezando a serlo. Evidentemente la garantía en la atención para todos los ciudadanos de nuestro país nos parece la principal línea que debemos defender.
El Ministerio no está por defender esto. Dice que hay universalidad cuando no es cierto, y desde luego está habiendo enfermedades graves y denuncias clarísimas de ciudadanos que no están siendo atendidos por el sistema público de salud en distintas autonomías.
Una de las medidas más polémicas adoptadas por el Gobierno de María Dolores de Cospedal ha sido el cierre de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC) que, sin embargo, la Justicia ha terminado anulando. ¿Se ha llegado al final de este problema?
Creo que no. El propio consejero ha dicho que acataba la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha pero que evidentemente habrá remodelaciones.
El pasado año, en el mes de julio, empezamos a hacer las primeras denuncias de que parecía que había ciertas intenciones de cerrar 36 PAC, que luego se vieron reducidos a 21, no sabemos por qué. Se da la circunstancia de que todos aquellos que quedaron entre los 21 y los 36 estaban gobernados por un determinado signo político. De los 21 que se decidió cerrar la presión ciudadana, la presión de los propios alcaldes y la decisión de la Justicia, han puesto al consejero las condiciones en las que tiene que trabajar.
Con ese cierre, ellos hicieron una modificación de hecho del mapa de Castilla-La Mancha y supongo que estarán en la anunciada revisión del mapa de atención sociosanitaria. Lo que está claro es que el PSOE va a seguir plantando batalla para que no se cierre ni un solo recurso de atención sanitaria en nuestra región. Si el consejero piensa que puede agrupar centros de salud, nosotros vamos a estar enfrente; si piensa que el debilitamiento permanente tanto de los centros de atención de especialidades como los propios hospitales de la región con el cierre de recursos, con la pérdida de profesionales, etc, nosotros evidentemente no vamos a estar de acuerdo y en nuestra labor de oposición seguiremos diciendo al consejero que así no se mejora la atención a los ciudadanos.
¿En qué situación se encuentra el hospital de Toledo?
Muy delicada. Las obras están paradas, como saben todos los ciudadanos. Sabiendo que había una garantía de financiación para la construcción del hospital ahora están diciendo que están haciendo una revisión de esa financiación, que ya se ha constatado que está garantizada, pero el Gobierno regional ha considerado que era un recurso sobredimensionado, aunque saben que no es cierto. Había un plan verdaderamente estudiado de qué necesidades había, y sobre todo, por la población a la que se iba a atender, que va a ser de ámbito regional para algunas especialidades y la cobertura para la población. Este nuevo Gobierno ha decidido hacer una modificación sobre la propia infraestructura y lo que plantean es que el número de camas se reduzca, el de quirófanos se queda prácticamente igual, y hacer una infraestructura importante pero prácticamente igual que el Hospital Virgen de la Salud no parece razonable.
Con respecto al Hospital Provincial de Toledo, ¿cuál es la situación?
Por hacer las cosas deprisa, los tribunales han decidido que no había suficientes garantías para los trabajadores a la hora de integrarse en la Administración Regional. Hay que respetar a los trabajadores de los propios servicios de salud. Nunca hemos dicho que no estemos de acuerdo con la integración del Hospital Provincial, dependiente de la Diputación de Toledo, en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), pero ha estado un año cerrado y se ha despedido a mucha gente para hacer un traspaso de competencias y lo único que ha supuesto es este despido de personal y un desaprovechamiento de esa infraestructura durante un año. La colisión está en la garantía de las transferencias, de la inclusión de los trabajadores en el Sescam. Nosotros dijimos que no se cumplían las garantías, y así lo han dicho los tribunales.
¿Se privatizará el Hospital Mancha Centro?
Hay una primera avanzadilla en las intenciones de la Consejería de privatizar Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso. Hay también rumores de que Mancha Centro podría entrar en la misma bolsa. Yo lo lamentaría muchísimo porque es un hospital que está dando una garantía de calidad en su atención y está siendo centro de referencia en muchas especialidades y me parecería muy injusto. No digo que sea inevitable privatizar los cuatro, pero parece ser que la intención es incluir Mancha Centro en este paquete privatizador.
Nunca vamos a estar de acuerdo en que se privaticen los hospitales. Hablar de beneficios en la atención sanitaria me pone los pelos de punta como sanitaria que soy, pero al propio Gobierno regional que por ahí no vamos a pasar y que las privatizaciones, de las que ya hay experiencias y hay referencias, no dicen que la gestión sea ni más garantista ni más barata, y no podemos intentar buscarle la rentabilidad a la prestación sanitaria.
El propio consejero ha afirmado que el modelo de colaboración público-privada en Castilla-La Mancha no sería el mismo que en Madrid, pero ustedes han denunciado que esto no es así. ¿Cuál es el temor?
El temor es una privatización pura y dura y que nos dejen descapitalizados de determinados servicios del propio Sescam. No nos gusta el modelo que se está aplicando en Madrid y que a pesar de toda la respuesta ciudadana sigue su curso y nosotros no queremos ese modelo para Castilla-La Mancha. El consejero Echániz ha dicho que no va a ser el mismo modelo que en Madrid, pero tampoco dice dónde van a estar las diferencias.
Las infraestructuras son públicas, y evidentemente lo que se va a producir es una privatización de la prestación de los servicios. Madrid lo que tiene son muchos hospitales en los que la infraestructura ya es una inversión privada, pero no es el caso de Castilla-La Mancha, donde la infraestructura es pública. ¿Va a ser diferente? Claro, solo faltaba que además se pusieran a la venta los hospitales. No estamos de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro y no queremos que continúe por esa vía, pero es la pura ideología que está aplicando el Gobierno de María Dolores de Cospedal a una privatización pura y dura de los servicios públicos pero eso no garantiza en el momento en que una empresa de gestión sanitaria intente buscar rentabilidad en servicios, y no estamos hablando de los grandes hospitales de Madrid, sino de hospitales de referencia regional que son mucho más cercanos al ciudadano y que podrán no ser tan rentables como otros hospitales, pero tenemos la seguridad de que tienen que garantizar los servicios a los ciudadanos.
El Hospital de Parapléjicos ha sido certificado como centro de referencia nacional. Sin embargo, también se ha convertido en motivo de polémica. ¿Por qué?
Porque lo que se vislumbra en el horizonte es un afán privatizador de determinados servicios del centro. El Hospital Nacional de Parapléjicos lleva muchos años, desde que se instaló en Toledo, siendo centro de referencia a nivel nacional. Se han atendido lesiones medulares a ciudadanos de todo el territorio español, pero ahora se van especializando de forma muy concreta, tanto en lesiones medulares como en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y desde luego se estaba considerando que el nivel y los avances que tenía era puntero a nivel nacional. Reconocido todo este trabajo, lo que ahora se ve en el horizonte es que posiblemente integre en el mismo centro algunas especialidades, porque ya se ha dicho que se pueden derivar allí especialidades del Virgen de la Salud, y mucho nos tememos que también llevan ese camino de privatización. Lo que nos ha parecido muy lamentable es que líneas de investigación en las que estaba avanzando el Hospital Nacional de Parapléjicos se hayan visto suspendidas. Los avances científicos en investigación son lentos, no se puede hablar de rentabilidad a corto plazo, son siempre inversiones muy a largo plazo, y ha sido una lástima que se vayan profesionales de referencia internacional por falta de apoyo del Gobierno regional. El Hospital Nacional de Parapléjicos está teniendo una remodelación importante para garantizar unos mejores servicios y adaptarlos a que estamos en el siglo XXI, pero lo que no queremos es que el hospital pase a subastarse públicamente.
¿Qué valoración le merece el recurso que UGT ha presentado contra el Plan de Reordenación de Recursos Humanos?
UGT, dentro de sus líneas sindicales, hace un seguimiento muy estricto de qué es lo que está ocurriendo con todo el personal de nuestro sistema de salud y ha planteado este recurso porque lo que ha pretendido el Gobierno regional es tener disponibilidad completa de los profesionales para cuando quiera y donde quiera, sin tener el más mínimo respeto a los derechos de los trabajadores. Creo que es una lesión clarísima a los derechos acumulados durante mucho tiempo, y a eso hay que unir el grave deterioro de los profesionales que están sufriendo la presión permanente de los recortes, la falta de sustituciones, el cierre de recursos, etc. Trabajan con una precariedad que evidentemente les lleva a tener una tensión permanente y a perder garantías de la calidad del servicio que ofrecen. Hemos tenido excelentes profesionales y no podemos estar sometiéndolos a esta presión permanentemente, todos los días, y además amenazándoles con aplicarles una movilidad geográfica en función de las necesidades. La gente tiene derecho a consolidar su puesto de trabajo, a consolidar sus expectativas y a asentarse en un territorio, pero un profesional que está prestando sus servicios en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y que de buenas a primeras le puedan decir que tiene que irse al Hospital de Almansa…creo que es muy lesivo para las condiciones laborales.
