Enrique Pita. Madrid
Gobierno y oposición siguen viendo realidades muy distintas, absolutamente opuestas, cuando se trata de evaluar la situación que atraviesa el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), según se ha puesto de manifiesto una vez más en el transcurso de la comparecencia de la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, que ha asegurado que el sistema está “consolidado” y es “más sostenible” ahora que cuando el PP llegó al Ejecutivo hace más de dos años.
De izquierda a derecha: José María Alonso, secretario primero de la Comisión; Antonio Román, vicepresidente primero de la Comisión; Susana Camarero, secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad; Mario Mingo, presidente de la Comisión; Soledad Pérez, vicepresidenta segunda de la Comisión, y Guillem García, secretario segundo de la Comisión.
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Donde el Gobierno observa una mejora de los indicadores, la oposición, encabezada por el PSOE e IU, lee un empeoramiento. Así, mientras Camarero ha asegurado que, por ejemplo, hay más dependientes atendidos, menos lista de espera y más empleo en el sector, la portavoz socialista, Rosa Aguilar, y el de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, han apuntado que el Gobierno está llevando a cabo una “demolición controlada” del SAAD, en el que no están entrando nuevos dependientes y que está destruyendo puestos de trabajo. Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, se ha preguntado si el Gobierno “tiene una hoja de ruta para el SAAD en los próximos años”, y que de ser así, “no la vemos”.
En este sentido, Camarero ha considerado que la visión catastrofista “se está quedando desfasada”, y ha asegurado que el SAAD se está “consolidando” gracias a las medidas puestas en marcha por el Gobierno, que, según ha enumerado, ha ordenado y simplificado la normativa estatal y agilizado el proceso de valoración de las situaciones de dependencia al tiempo que ha establecido garantías para la mejora de la calidad de la prestación económica de cuidadores en el entorno familiar y ha establecido indicadores de referencia para determinar el coste de los servicios del catálogo.
En el lado opuesto, Aguilar ha asegurado que “no se está haciendo sostenible el sistema”, más bien al contrario, “se está muriendo por inanición”, y ha asegurado que “hay miles de personas sufriendo las consecuencias de los recortes sobre los recortes”. Por su parte, Llamazares ha lamentado que la Ley de Dependencia se esté convirtiendo “en una ley de beneficencia”, y ha asegurado que “el Gobierno del PP no creía en este modelo de atención a la dependencia, sino en el del seguro”.
La financiación, otro caballo de batalla
Uno de los aspectos más debatidos y controvertidos ha sido el de la financiación. Los portavoces de PSOE, IU y CiU han lamentado que el Gobierno ha dejado de aportar las cantidades que debería según la norma. Así, se ha asegurado que se ha llegado a un sistema en el que las autonomías asumen el 80 por ciento del gasto. “Hace unos años el Gobierno contribuía con más del 40 por ciento al SAAD, hoy apenas supera el 20 por ciento”, ha señalado Llamazares, que ha definido la situación de desmantelamiento y desmoronamiento del sistema.
Sin embargo, Camarero ha recordado que el último informe del Tribunal de Cuentas ha reconocido que el SAAD está garantizado, y ha asegurado que las cuentas que hablan de un 20 por ciento de aportación del Gobierno central no son correctas ya que, según ha explicado, el Estado aporta un 19,71 por ciento en una partida finalista a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y otro 29,52 por ciento de forma no finalista en función del número de dependientes.
Por su parte, Campuzano ha señalado que se ve “incapaz” de ver que con el modelo actual “el sector vaya a ser capaz de responder a una realidad en la que cada vez tenemos más mayores” y ha recordado que “desde hace años” su grupo reclama repensar el SAAD y su financiación, ya que en su opinión, “tal y como está configurado no permite a las autonomías prestar los servicios necesarios”. Camarero ha recogido el guante y ha invitado a los grupos de la oposición a hacer propuestas. “Si consideran que tenemos que hacer cambios en el sistema de financiación, hagámoslo entre todos”.
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