El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
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María Márquez. Madrid
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciado ante el pleno del Senado que la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo no contendrá penas de cárcel para la mujer que practique el aborto. Se trata de una decisión “histórica”, como ha resaltado el ministro, debida a que “la mujer es víctima, y no responsable”.
Gallardón lo ha anunciado, “con permiso del presidente del Gobierno”, al ser preguntado por la senadora del grupo socialista María Chivite, quien en un tono muy crítico, ha reprochado al Gobierno buscar “un retroceso de 30 años” para la población femenina. “Quiere meter a las mujeres en la cárcel”, ha espetado al ministro. Chivite ha basado su rechazo a la reforma normativa en que las leyes “más restrictivas” no reducen, según ella, “la tasa de abortos, sino que aumentan la tasa de mortalidad femenina”. Además, la senadora ha pedido al Gobierno que aumente la inversión en planificación familiar e impulse “el uso de anticonceptivos”.
El PP rechaza una moción socialista
También en el Congreso de los Diputados se ha tratado de este tema. En el Pleno se ha votado una moción del Grupo Parlamentario Socialista que pedía frenar la reforma de la ley del aborto. La moción ha sido rechazada con los votos del Grupo Parlamentario Popular.
La portavoz de Igualdad del PSOE, Carmen Montón, ha defendido la iniciativa sobre la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno. Montón ha puesto de manifiesto las discrepancias que en el seno del propio Partido Popular ha suscitado esta reforma y que explicitó el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario, Rafael Hernando, quien calificó la propuesta de Gallardón como “una opinión personal”. “¿Están todos y cada uno de ustedes de acuerdo?” les ha preguntado a los diputados y diputadas populares.
Montón ha reclamado al Gobierno que “no imponga el mayor retroceso en derechos y libertades de nuestra historia democrática” y ha defendido la actual ley, una ley de plazos combinada con indicaciones, similar a la práctica totalidad de leyes europeas, basada en las recomendaciones de organismos internacionales, que respeta rigurosamente la jurisprudencia constitucional, está avalada por el Consejo de Estado y fue aprobada con amplio consenso político y social, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos, da seguridad jurídica a las mujeres y a los profesionales sanitarios, proporciona garantías y equidad sanitaria, incide en la prevención de los embarazos no deseados y otorga la debida protección prenatal.
“En los tres años que lleva en vigor no se ha producido ningún desajuste, no se ha hecho un uso abusivo de la ley, no ha saltado ninguna alarma. ¿Qué razones objetivas llevan a este Gobierno a eliminar la ley, más allá de imponer su moral limitando la libertad de las mujeres?”, ha cuestionado Montón. “Las mujeres en nuestro país se quedan sin alternativas ante un embarazo no deseado. Se les empuja al aborto clandestino o inseguro”, denunció.
La portavoz socialista considera que “el Gobierno ha cedido ante el chantaje de los obispos y quiere imponer su moral religiosa, para limitar la libertad y vulnerar el derecho de las mujeres a su libre maternidad”. “Planean un retroceso más allá de la legislación de los años ochenta. Con un retorno al código penal del aborto como delito con pena de cárcel, eliminando el sistema de plazos y también las indicaciones de peligro de la madre y de malformación”, ha denunciado. “¿Acaso lo que planean es una abolición encubierta del aborto en España?”, se preguntó.
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