Cristina Mouriño / Imagen: Adrián Conde, Pablo Eguizábal y Miguel Ángel Escobar.
“La Comunidad de Madrid sigue una política falta de ideas y ocurrencias. Estamos ante una Consejería extraordinariamente desprofesionalizada”. Así ha valorado las diferentes iniciativas tomadas por el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de la Asamblea regional, José Manuel Freire.en una entrevista para esta publicación.

En cuanto a la externalización de los seis hospitales. Desde la Consejería recalcan que la satisfacción de los pacientes en los que ya funcionan con este modelo es superior al 90 por ciento y en el caso del Rey Juan Carlos de Móstoles destacan que las reclamaciones son mínimas con 2,02 por cada 10.000 actos médicos, ¿cree que esto puede justificar que el departamento de Fernández-Lasquetty siga adelante con esta medida?

Esta argumentación no justifica que continúe siendo consejero porque es una argumentación ridícula. Recurrir a mediciones de satisfacción por lo menos técnicamente deficientes, a contabilidad de quejas absolutamente carentes de transparencia para justificar una medida de privatización es en sí mismo un disparate.

El gobierno viene dando la callada por respuesta desde el comienzo de esta crisis provocada por ellos, por su idea de desmantelar lo que tenemos, el núcleo de la sanidad pública, y negarse a dar razones contrastables.

En numerosas ocasiones han solicitado en la Asamblea de Madrid los documentos técnicos que avalen que la gestión privada es menos costosa que la pública, ¿disponen ustedes de documentos, que en el sentido contrario, justifiquen que la sanidad pública es más barata que la privada?

No se nos han facilitado porque tenemos la impresión de que no existen. Yo le he dicho muchas veces para provocarles: “Si no tienen razones contrastables es que quizá tengan ustedes intereses inconfesables”. Evidentemente la proximidad de la política del Partido Popular e intereses económicos en Valencia y aquí es demasiado evidente, por eso no hay informes.

No se trata de más barato o más caro. La eficiencia no consiste en eso. En cualquier caso, la carga de la prueba de quien pretende en estos momentos seis hospitales que funcionan como empresa pública y que según los propios datos del Gobierno, funcionan con eficiencia, le corresponde al Gobierno.

La Defensora del Pueblo ha rechazado recurrir la externalización pero sí reconoce la necesidad de que en estos hospitales se lleve algún tipo de auditoría o de control periódico, que en estos momentos no se está cumpliendo.

Este es uno de los problemas. Cuando uno contrata externamente servicios tiene que tener mecanismos para poder controlarlo y eso no se está haciendo. La Defensora del Pueblo ha asumido prácticamente todos los argumentos legales que venían en el informe que le han entregado los médicos de AFEM. Es más, al final de su documento, presenta unas conclusiones de extraordinario interés que debiera mirar el Gobierno, en el sentido de monitorizar cuidadosamente estos ‘experimentos’. La Defensora del Pueblo no ha puesto el recurso en el Constitucional y tampoco entiendo por qué asume los argumentos. Quizá también porque lo poníamos nosotros y  posiblemente también porque los plazos estaban acabando en el momento de presentar el informe, pero sus argumentos avalan todas nuestras preocupaciones.

¿Cree que la medida que se anunció hace unos meses en el Pleno de la Asamblea sobre el control financiero por parte de la Intervención General puede ir por esta línea?

Hemos pedido información sobre lo que significa esto exactamente. Nos da la impresión de que es más un control presupuestario por aquello de mantener los costes dentro de los límites que el Gobierno considera. Pero hasta ahora no tenemos esta información.

Ciertamente los controles de la Intervención van en términos de legalidad no en términos de eficiencia, calidad, de cómo impacta en los pacientes, de costes de oportunidad. Esto no lo hace la Intervención en nuestro país.

Recientemente se ha presentado el borrador que regulará la acreditación de las sociedades de profesionales que gestionarán los 27 centros de salud que va a externalizar la Consejería, ¿qué opina del documento?

Comparto la opinión que tienen las asociaciones profesionales de rechazar totalmente la idea y de ver que este documento no tiene valor alguno. Es un mero documento en el que se ponen los requisitos administrativos para acreditar eventuales sociedades profesionales que quieran meterse en esto. Como no se puede hacer medicina sin médicos es un documento perfectamente irrelevante. Los médicos han rechazado entrar en este juego. Sin embargo, sí que han aceptado colaborar con la Dirección General de Atención Primaria en el desarrollo de propuestas que ellos mismos hicieron para dotar de más autonomía a los centros.

Precisamente se han creado grupos de trabajo multidisciplinares para avanzar en medidas que mejoren la gestión de los centros que no se van a externalizar, ¿considera que puede ser contradictorio?

La Comunidad de Madrid está en una política a falta de ideas y ocurrencias. Dan marcha atrás en función de cómo ven la oposición a las cosas que plantean. Lo que está claro es que su política de Atención Primaria es extraordinariamente negativa. Y lo dicen los propios médicos. Están bajando el presupuesto para la Primaria y en concreto para personal de una manera que es poco compatible con la calidad. Mientras eso suceda todo lo demás son florituras que carecen de interés, es una manera de distraer al personal.

Dentro de esto, me parece muy positivo que se colabore y que haya un diálogo con los médicos y con sus organizaciones, también con el personal de enfermería y con el resto del personal sanitario para dotar de más autonomía a los centros porque la sanidad de Madrid tiene un centralismo burocrático asfixiante.

Mencionaba antes el recurso que ha registrado el PSM contra la externalización que no supone su paralización, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál sería el paso siguiente si se declara constitucional?

Lamentablemente, por lo que yo tengo entendido, al Tribunal Constitucional le llevará cierto tiempo decidir. Posiblemente estamos hablando de años. El valor que tiene la presentación del recurso es evidenciar con argumentos que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es contrario a puntos clave de la Constitución. Con ello pretendemos también alertar a posibles licitadores de que están entrando en terrenos movedizos, de gran inseguridad jurídica.

A parte está el efecto político de que haya argumentos como para considerar que lo que está planteando el Gobierno regional es inconstitucional en el fondo y en la forma.

Otra de las medidas que ha anunciado la Consejería es la integración del hospital Carlos III en La Paz, ¿cómo se va a proceder? ¿Cree que ha dado marcha atrás con respecto al primer plan que tenía para el Carlos III?

Honestamente, no sé si ellos saben lo que quieren hacer. Tengo la impresión de que en este asunto como en el de La Princesa estamos ante una Consejería extraordinariamente desprofesionalizada, ágrafa. No hay un solo documento de estrategia que nos diga hacia dónde va la sanidad de Madrid. Improvisan medidas que cuando se encuentran con la realidad, la realidad son unos profesionales cada día más conscientes de que están mal dirigidos y mal gobernados y protestan con gran eco en la sociedad y en la profesión.; y entonces echan para atrás. La Princesa es un caso y el Carlos III es otro. Sobre la idea de integrar el Carlos III en La Paz desconocemos la existencia de ningún documento donde se explique cuál es el objetivo y las condiciones. Además, tengo la impresión de que los propios directivos y los profesionales están tan ‘in albis’ a este respecto como podemos estarlo el resto de los ciudadanos, y esto ya es en sí mismo grave.

Hablaba de La Princesa hace un momento. Hace unas semanas se presentaban los cinco primeros planes de los 29 totales específicos para mayores, cuyo balance es satisfactorio según la Consejería y que permiten además al centro continuar con su actividad docente e investigadora. ¿Cree que esta es la mejor solución para este centro?

Por lo que yo se convocó a varios jefes de servicio y responsables del Hospital de La Princesa para dar cuenta de ello. Es un ‘show’ de relaciones públicas y de marketing. En La Princesa ha habido un error inmenso de cálculo. Pretender convertir en un geriátrico un hospital universitario en pleno centro de la ciudad, puntero en múltiples aspectos de la medicina, es un disparate de tal calibre que el Gobierno se ha visto obligado a dar marcha atrás. Hacer hincapié en programas orientados a mayores es una manera de salvar la cara.

Por su parte el sindicato Amyts ha anunciado que recurrirá el Plan de RRHH aprobado recientemente, ¿Qué le parece este plan?

Se trata de un documento de 582 páginas, lleno de gráficos y tablas. Hoy la informática permite aumentar las páginas exponencialmente. Es una manera de no decir nada y es, en gran medida, una tomadura de pelo. Tengo entendido que lo van a recurrir otros sindicatos también. Realmente yo no he encontrado ahí nada que sea plan. El núcleo del documento son traslados ‘ad libitum’ para la administración sanitaria, la jubilación a partir de los 65 años y poco más. Se ignora una parte importantísima de lo que son los recursos humanos como es, por ejemplo, todo el personal eventual.

Hay datos pero no información. Ciertamente un plan de 582 páginas es una suerte de burla a los destinatarios de dicho plan.

En cuanto a la asistencia a inmigrantes irregulares, ¿qué opina de los programas que han puesto en marcha comunidades como Asturias o Navarra que si les continúan atendiendo en las condiciones anteriores al RD 16/2012? ¿Qué gasto supone esta atención en la Comunidad de Madrid?

Todo nuestro respeto, admiración y apoyo a los gobiernos de Navarra y Asturias, y a cuantos otros hagan todo lo posible para que los pacientes que viven en España sin papeles tengan la atención humana que merecen. Nos parece un inmenso error y una de las decisiones más reprobables que ha tomado el Gobierno.

En Madrid posiblemente sea más gente la que se excluye que en el caso asturiano pero esto no se trata de un problema de ahorro. Se trata una medida para echar carnaza xenofóbica a determinadas bases. No tiene ningún sentido, ni económico ni sanitario, excluir a estas personas. Sobrecargamos las guardias de urgencias de los hospitales, ponemos en riesgo la salud pública, causamos sufrimiento a seres inocentes, es una canallada.

Sobre el copago farmacéutico en el último Consejo Interterritorial se trató la posibilidad de incluir tres nuevos tramos en la horquilla que va de los 18.000 a los 100.000 euros, ¿qué le parece esta medida?

Otra tontería, si me permite. La renta está para pagar impuestos, no para pagar medicinas. Si alguien quiere, por las razones que sea, diseñar un copago, que lo haga inteligentemente. Hay muchos expertos en España que podrían asesorar al gobierno si el gobierno quisiera ser asesorado. Los copagos están castigando innecesariamente a los sectores más débiles de la población que ya están castigados por la crisis. No tiene ningún sentido esto. Somos el único país que tiene copagos amplios. Somos, además, el único país que tiene copagos y no tiene límite a estos copagos. Por ejemplo, familias de personas en activo de la Seguridad Social que pagan entre un 40 y un 60 por ciento de los medicamentos, no tienen límite de cuanto pagan al año.

Por lo tanto, el hecho de fragmentar los topes es una improvisación más, el reconocimiento de un error que además complejizará más algo que ya está siendo costoso en términos de gestión administrativa.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha se pronunciaba hace unos días dispuesto a abrir el debate del copago en otros ámbitos distintos al farmacéutico, ¿Qué opina?

El Partido Socialista y yo personalmente estamos en contra de copagos en el sector sanitario. Nos adherimos al principio de que una sociedad es solidaria y justa. Pagamos impuestos según la renta que tenemos y recibimos servicios públicos según las necesidades. Si Echániz, que también es responsable de sanidad del Partido Popular, lanza esta idea, que lo ponga en su programa electoral. Me parece un atentado a las reglas democráticas decir en campaña electoral no vamos a poner copagos y luego ponerlos. Estamos dispuestos a abrir debate pero ha de hacerse con un documento.

Para concluir, es evidente que el farmacéutico es uno de los que mayor gasto del presupuesto de Sanidad acapara. Desde la Consejería promovieron el euro por receta como medida disuasoria pero se encuentra suspendida por el Constitucional en estos momentos, ¿qué medidas para la contención proponen desde el PSM?

El euro por receta creo pretendía recaudar 81 millones de euros. Esta es la cantidad que la Comunidad de Madrid regala a las familias más pudientes del territorio. Algún día cuando el presidente de la Comunidad escriba sus memorias nos explicará por qué se enfrenta con el presidente del Gobierno central por un tema como este. A mi entender no estamos hablando de dinero ni de sanidad. Para hacer una política sensata en medicamentos no hay una medida, son múltiples medidas. La primera es, sin lugar a dudas, atender bien y dotar bien a los médicos de Atención Primaria que son los que básicamente hacen la prescripción por recetas. Si maltratamos al personal de Atención Primaria, le quitamos tiempo, el profesional no puede explicar a los pacientes como contribuir a reducir este gasto. Muchas veces la receta es una manera de terminar la consulta. No tenemos un problema de mala prescripción en el país y hay muchas medidas que están escritas para concienciar a los ciudadanos y disminuir el coste. Una de ellas es la receta electrónica. No entendemos que todavía no tengamos receta electrónica en Madrid. Creo que es de las comunidades autónomas más retrasadas en esto.