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Viernes, 23 de diciembre de 2011   |  Número 37
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PARLAMENTO DE GALICIA
EN EL PLENO DEL PARLAMENTO
Farjas proclama que en España la asistencia sanitaria “no es universal”, entre duras críticas de PSdeG y BNG
Bouza (BNG) remarca que “por el momento” el derecho sí es universal y Pose (PSdeE) sugiere que la consejera “no quiere” que lo sea

Redacción. Santiago de Compostela
La consejera de Sanidad de la Xunta de Galicia, Pilar Farjas, ha advertido de que, "por mucho que se repita" lo contrario, la asistencia sanitaria en España "no es universal". "Sólo es universal con matices porque así lo estipulan el Gobierno central y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, incomprensiblemente, sigue siendo quien autoriza las coberturas", ha esgrimido en el pleno, entre duras críticas de PSdeG y BNG, cuyos portavoces en el debate, Modesto Pose y Ana Luisa Bouza, han advertido de que "por el momento sí lo es".

Pilar Farjas.

La aseveración de Farjas relativa a la universalidad de la sanidad pública ha llevado la polémica al hemiciclo gallego, donde Pose ha preguntado a la conselleira "cómo puede realizar" una afirmación de este tipo "salvo que le vaya en el ADN", en velada referencia a que forma parte de un Gobierno del PP, con Alberto Núñez Feijóo al frente. "Usted no quiere que sea universal", ha sentenciado Pose, convencido de que la "confusión" sobre el derecho a la sanidad sólo se genera si se contemplan "normas preconstitucionales".

"La sanidad es un derecho universal del ciudadano y, sino, pida informes a sus asesores jurídicos", ha recomendado el socialista, quien ha matizado que "nunca" hasta el momento "se le puso problemas a nadie" para ser atendido en el sistema público, con independencia de su situación personal. Por ello, aunque ha admitido que pueden darse "disfunciones" con usos impropios por parte de mutuas, ha asegurado que "lo último" que podía esperar el PSOE es que la Xunta "pusiese dificultades a los parados" con la tarjeta sanitaria.

En la misma línea, Ana Luisa Bouza ha considerado "evidente" que el Servizo Galego de Saúde "desactivó" tarjetas a desempleados de larga duración sin prestaciones y que posteriormente, "por presión política", las volvió a "reactivar". Así las cosas, ha pedido a la Xunta que garantice que "ningún problema burocrático" afecte a un derecho que, ha remarcado, "sí es universal". "Al menos, mientras no modifiquen la ley. Universal por los 15 días que nos quedan", ha apostillado, en referencia a la próxima toma de posesión de Mariano Rajoy como presidente estatal.

Frente a estas críticas, Farjas ha replicado que "por mucho que se repita una mentira no es verdad" y ha ejemplificado con el caso de los autónomos. "Creo que tenemos muchos autónomos, mi madre lo era, tenemos muchos autónomos que saben que en este momento en España no tienen garantizado el derecho a la asistencia sanitaria por la sanidad pública", ha defendido, un extremo que Pose le ha instado a aclarar tras declararse, en tono irónico y después que el popular Miguel Santalices le dirigiese este calificativo, como diputado "indocumentado".

Dicho esto, la conselleira ha tildado de "insidias" las acusaciones de la oposición y se ha reafirmado en que la Xunta no sólo no "recorta" prestaciones sanitarias, sino que las está "ampliando". Dicho esto, ha recalcado que es la Seguridad Social es la que "reconoce" la asistencia sanitaria y no los servicios autonómicos de salud, además de subrayar que el "nivel de paro actual" ha provocado la "pérdida del derecho" de muchas personas por haber agotado la prestación de desempleo, por lo que las propias comunidades, ha añadido, están haciendo "lo posible por solventar la situación".

Mensaje de tranquilidad

A renglón seguido, la conselleira ha enviado un mensaje de "tranquilidad", reafirmándose en que Galicia presta asistencia a "todos" los pacientes cumpliendo "con la legalidad" y evitando la "descobertura" de los parados de larga duración y ha justificado la orden que da lugar al denominado 'código 29' alegando que "garantiza" la misma tarjeta sanitaria y las "mismas prestaciones" de la cartera de servicios del Sergas y "no diferencia" entre desempleados "con o sin recursos".

Del mismo modo, ha defendido que la legislación vigente no extiende el derecho a la atención "a todas las personas que residen en territorio español, sino a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido el derecho por cualquier otra norma" y regula que esta extensión se hace "sin prejuicio de la exigencia" de las correspondientes obligaciones a aquellos terceros "legalmente obligados al pago".

En lo que respecta a otros colectivos, ha agregado que la norma remite a una regulación que deberá establecerse "en seis meses", pero atendiendo a la situación de las cuentas públicas. "Esa es la realidad en España, digan lo que digan", ha advertido Farjas, mientras que los grupos de la oposición han acusado de meter "por la puerta de atrás" --vía ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012-- el requisito de seis meses de empadronamiento para entregar la tarjeta sanitaria a inmigrantes.

"No tienen el coraje de hacerlo a la cara y lo hacen por la puerta de atrás, como otros recortes. Tengan el valor y el coraje de venir aquí y decir a los ciudadanos que los recortes que están viviendo no son verdad", ha instado Ana Luisa Bouza, a lo que Pilar Farjas ha respondido que, a su entender, el Parlamento gallego "no es ninguna puerta de atrás".

Por su parte, el diputado popular Miguel Santalices ha respaldado a la conselleira y ha acusado a PSdeG y BNG de cometer "una locura política". "Trataron de amedrentar a la población y jugaron con la sensibilidad de la gente creando alarmismo", ha reprobado, para concluir que, en todo caso, los ciudadanos ya les han hecho "pagar en las urnas" una actitud "desleal". "Y les van a seguir dando", ha apostillado.

Disposición adicional

También en clave sanitaria, en la pregunta que se debatió después de interpelación, Modesto Pose ha exigido a la conselleira que retire la disposición adicional del protocolo que "abre la puerta" a que los ciudadanos puedan pagar por el "mal uso de recursos sanitarios". "Con eso nos daríamos por satisfechos", ha sentenciado.

Por su parte, la conselleira ha remarcado que dicha disposición cuenta con el aval de la Asesoría Jurídica de la Xunta y que se ha aplicado por "coherencia legislativa", conforme el desarrollo de una ley aprobada por el anterior Gobierno, al tiempo que ha ratificado la voluntad de la Xunta de combatir el "fraude" para garantizar un sistema sanitario público "solvente". "Siguen con insidias", ha lamentado.

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