María Márquez / Imagen: Diego S. Villasante. Madrid
La secretaria general de Sanidad y Consumo, Pilar Farjas, intentó ahuyentar fantasmas de copago y recorte de las prestaciones en su presentación de los presupuestos ministeriales en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, y lo hizo reiterando los adjetivos “público” y "gratuito". Pese a la insistencia de los portavoces de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, y del PSOE, José Martínez Olmos, Farjas no se ha manifestado sobre el recorte de 7.000 millones de euros que, previsiblemente, presentará hoy al Consejo Interterritorial. A destacar, dos únicos anuncios: no se desfinanciarán fármacos de menor coste y todas las prestaciones que recoja "el marco legal" (incluidas algunas señaladas como susceptibles de desaparecer de la cartera como el aborto o el tratamiento de fertilidad), están garantizadas.

Primera intervención del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. En la mesa, el presidente de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Mario Mingo, y el letrado a la derecha de la imagen. En la izquierda, José María Alonso, secretario primero (PP); Antonio Román, vicepresidente primero (PP).

En su intervención, Farjas ha estimado la deuda sanitaria en 20.000 millones de euros y ha resaltado que la intención ministerial es la de “blindar las prestaciones públicas y gratuitas del SNS”. Para ello ha aludido al incremento de 6 millones de euros del Fondo de Cohesión, puesto en duda por Gaspar Llamazares, quien ha matizado que “desaparecen” otras partidas, tales como 16 millones de euros correspondientes a estrategias de salud y 12 millones del Plan de Salud Bucodental. Llamazares ha llamado también la atención sobre el “hachazo” al Plan Nacional sobre el Sida y la investigación sanitaria, cuyas partidas se verán reducidas, según sus cifras, en 22 millones de euros concernientes a la concesión de créditos.

Llegada del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, recibido por el presidente de la Comisión, Mario Mingo, quien conversa con el portavoz de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares. A continuación, el portavoz socialista, José Martínez Olmos, junto al director general del Imserso, César Antón.

Gran parte del protagonismo del debate parlamentario se lo ha llevado sin embargo el recorte de 7.000 millones de euros estimado por el Gobierno, que ha llevado al portavoz de la Izquierda Plural ha calificar los presupuestos presentados por los tres representantes ministeriales de “ficticio” ya que será hoy, en el Consejo Interterritorial, cuando se diluciden, en su opinión las cifras definitivas. Para Llamazares el plan gubernamental es “inasumible” al sumarlo con “el 4,4 por ciento de recorte de 2011 y los recortes autonómicos, un 10-12 por ciento global”. Por su parte, el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos, ha subrayado que “ningún euro de ahorro, ni de repago ni de copago, se podrán asegurar para la sanidad con carácter finalista”, y ha demandado a la ministra Ana Mato que “o deja de hablar de Pacto o viene aquí a hablar con los partidos, porque no se puede articular solo en el Consejo Interterritorial, entonces sería el ‘autopacto”.

Las portavoces de CiU, Conxita Tarruella y Lourdes Ciuró i Buldó. A continuación, Joan Tardá (ERC) y Toni Cantó (UPyD).

El portavoz del PP, Manuel Cervera, ha matizado que el SNS “como tal es insostenible” y ha agradecido el esfuerzo ministerial por conseguir un sistema “único y equitativo”. Para Cervera, la situación presupuestaria actual es fruto de una mala “herencia” ya que, según él, el anterior Gobierno “gastó 90.000 millones de euros más de lo podían”, por lo que instó al PSOE “a no dar lecciones”.

Moreno garantiza la aplicación de la Ley de Dependencia

El encargado de iniciar el turno de intervenciones ha sido el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, quien detalló “la salvaguarda” presupuestaria, pese a la crisis, de los “pilares” de su gestión: dependencia, mayores, servicios sociales, tercer sector, igualdad, violencia de género, familia e infancia, discapacidad, jóvenes y drogodependencias. La partida de la Secretaría se enfrenta a un recorte del 13 por ciento (365 millones de euros) que le deja un presupuesto de 2.309 millones, llevándose el 61 por ciento del mismo la aplicación de la Ley de Dependencia. Y fue precisamente esta norma, junto a la violencia de género y la igualdad, uno de los apartados que ha causado mayor inquietud entre los parlamentarios. Así, desde ERC, Joan Tardá, ha solicitado a Moreno que aclarase los términos de “cumplimiento de financiación” en término porcentual entre autonomías y Estado, y Gaspar Llamazares le ha acusado, basándose en las partidas, de no considerar esta norma “como una prioridad”. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Socialista en políticas sociales, Luis Carlos Sahuquillo, ha asegurado que el nivel mínimo de protección (203 millones de euros; 18,7 por ciento) que garantiza el equipo de Moreno “es el mismo de 2011”. En su último turno de palabra, el secretario de Estado ha admitido “entender la preocupación sobre la Ley”, aunque ha reiterado que “el Gobierno garantiza escrupulosamente" lo que dicha norma "dice”.

Reducción en el capítulo de personal

El desglose presupuestario más pormenorizado ha corrido a cargo de la subsecretaria de Sanidad, Política Social e Igualdad, María Jesús Fraile. Acentuando el contexto socioeconómico actual y que la reducción de las partidas de este Ministerio (13,6 por ciento) es menor a la media del resto de departamentos (16 por ciento), Fraile ha resaltado el importante descenso en el capítulo de personal, que contempla una disminución de “altos cargos” del 33 por ciento, o lo que es lo mismo, de 962.000 euros anuales. Esta medida se ha llevado a cabo tanto en la Secretaría General de Sanidad y Consumo como en la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Este capítulo ha sido de especial interés para la diputada socialista Ángeles Álvarez, quien ha preguntado por el aumento de “sueldos de asesores”, ante lo que la subsecretaria ha replicado que la reducción se ha extendido también a personal eventual, con un 30,33 por ciento menos (de 1.028.300 euros en 2011, a 726.460 euros este año). El portavoz socialista José Martínez Olmos ha calificado las partidas de “insuficientes” y ha pedido al Gobierno que deje de relacionar los actuales presupuestos con la “herencia socialista” porque en todo caso se trataría de “una autoherencia” en referencia a que “gran parte del déficit estatal” estaría ubicado, según sus palabras, en autonomías gobernadas por el PP. Afirmación que más tarde rebatiría Manuel Cervera asegurando que las “autonomías no han sido responsables del déficit, porque no ‘teníamos’ herramientas para gestionar mejor, ya que el PSOE ‘nos’ equivocó, calculando ingresos que no existieron”.

Y como haría más tarde Pilar Farjas, Fraile también ha destacado que entidades esenciales tales como la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) “prácticamente” mantienen sus dotaciones, al igual que el Imserso, que acusa una reducción del 5 por ciento.