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Redacción
El PP se ciñe en Extremadura a la línea oficial del partido y rechaza oponerse al RD 954/2015 sobre prescripción enfermera del Ministerio de Sanidad, como hizo la pasada semana en Castilla-La Mancha y Cataluña. El PSOE, por su parte, tampoco pide su derogación, contrariamente a lo que ha sucedido en buena parte de España.
María Victoria Domínguez, diputada por Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura.
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Ciudadanos ha presentado en la Asamblea de Extremadura una propuesta de pronunciamiento contra el RD de Prescripción que sólo ha contado con los votos favorables de Podemos. La razón de que la iniciativa no prosperara y que los dos partidos mayoritarios se hayan pronunciado de manera distinta a como lo han hecho en otras regiones es una cuestión de matices: el texto pedía la derogación de todo el real decreto y no sólo del polémico punto 3.2 que limita a los médicos la facultad de prescribir medicamentos.
Así, el diputado Carlos Javier Labrador, del PSOE, ha valorado que derogar en su totalidad el Real Decreto sería “un traspiés”. A su juicio, hay que “retomar el consenso y la coherencia” para que los enfermeros puedan prescribir medicamentos. Por parte del PP, el parlamentario José María Saponi ha negado que el decreto necesite ninguna modificación, ya que está “bien definido en su forma”.
Sólo C’s y Podemos piden la derogación
Durante la defensa de la iniciativa de su grupo, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, ha señalado que el Real Decreto “fue modificado unilateralmente” por el Ministerio de Sanidad tras las negociaciones con las distintas partes.
Domínguez ha manifestado que hay servicios afectados ya que “no tienen médicos”, por lo que crea un “perjuicio para el paciente” al tener que haber una prescripción médica antes de que el enfermero pueda actuar.
También ha explicado que estas modificaciones “suponen un retroceso de décadas” para la profesión de enfermería, que queda “atada de pies y manos”, y añade inseguridad jurídica para los profesionales.
Por otro lado, la diputada del Grupo Parlamentario de Podemos Irene de Miguel ha explicado que es necesaria “la derogación total” de este Real Decreto, ya que ha obtenido el rechazo de los colectivos sanitarios y “desencadena en una mala asistencia” sanitaria.
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