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Sergio López
Rosa Valdés (Liérganes, 1968) es licenciada en Derecho por la Universidad de Cantabria, master en Dirección de Empresas y tiene un posgrado en Mediación y Gestión de Conflictos. Ha desempeñado cargos en la política municipal y regional cántabra desde 1999. Entre otras responsabilidades es, actualmente, la portavoz del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) en la Comisión de Sanidad de la cámara autonómica. Desde allí apoya al ejecutivo de coalición, liderado por su partido, pero en el que el PSOE ostenta la Consejería de Sanidad.
Rosa Valdés, portavoz del PRC.
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El Tribunal Superior de Justicia ha derogado el decreto cántabro que establecía la universalidad de la sanidad. ¿Qué valoración hace el PRC sobre este asunto?
Acabar con el decreto estatal de exclusión sanitaria suscitó un consenso muy amplio. Solo se opuso el PP. El Real Decreto 16/2012 quiebra el principio de sanidad pública universal y gratuita. Para el PRC era un compromiso electoral pedir al Gobierno la derogación de esa norma y en ese punto tuvimos absoluta sintonía con el PSOE.
Respaldamos la decisión del Gobierno de Cantabria de aprobar esa orden, porque contribuye a paliar los efectos perjudiciales de este RD para los inmigrantes y también para los españoles excluidos de la asistencia sanitaria. Y estamos de acuerdo con la decisión del Gobierno de recurrir la sentencia.
Entendemos que el Gobierno de Cantabria tiene argumentos jurídicos, políticos y humanitarios para propiciar la adecuada atención médica de las personas excluidas en nuestra Comunidad Autónoma. Por ello nos parece correcta la decisión adoptada de seguir manteniendo la asistencia médica a todas las personas mientras los tribunales deciden de manera definitiva sobre esta cuestión.
¿Qué aspectos destacaría de la gestión de la consejera Maria Luisa Real?
Es muy importante que se haya recuperado la interlocución con los sindicatos a través de la mesa sectorial de la sanidad. En general, tenemos que hacer una valoración positiva, a pesar de la herencia que ha recibido. Hemos vivido unos recortes durísimos durante los últimos cuatro años, que han afectado a la asistencia sanitaria y a los profesionales, y estamos en proceso de mejora, aunque tenemos unos retos importantes para los años que restan de legislatura.
La lista de espera es uno de esos retos. ¿Cómo valora la situación? ¿Cree que las peonadas serán la solución?
La situación de las listas de espera no es buena. Existe un compromiso por parte de la administración para reducirlas. Se están destinando cuantías para ello, pero es pronto para valorarlo. Los últimos datos hablan de una demora media de 102 días, que es una barbaridad y no se ajusta a lo que establece la ley. El Gobierno va a tener que emplearse a fondo para reconducir esas cifras. Lo que espero que tengamos es información, porque la consejera anterior solo la ofreció en una ocasión a lo largo de toda la legislatura.
¿Qué otros desafíos cree que tiene la sanidad en Cantabria?
La cronicidad es una de las líneas estratégicas de la Consejería y coincidimos en que es una de las problemáticas principales en una región como la nuestra. El PP ha presentado recientemente una iniciativa de atención a la cronicidad, pero carecía de memoria económica, lo que ha impedido que saliera adelante. Estamos a la espera de qué novedades introduce el Gobierno para profundizar en este ámbito.
El traslado de Valdecilla ha venido rodeado de polémicas. Tuvo que mediar el propio Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria y de su partido. ¿Cómo ve la situación desde el Grupo Regionalista en la cámara?
El Gobierno ofreció una información muy clara explicando que era necesario que parte de las instalaciones que estaban en Valdecilla se trasladaran a Liencres. Ya se ha producido ese traslado y parece que la situación no es mala, sino todo lo contrario. Las instalaciones son magníficas.
Valdecilla, pese a los años de obra, no tenía las condiciones para acoger Oftalmología. Era un problema de falta de espacio. Se optó por mover Oftalmología porque estos pacientes reunían unas condiciones que permitían el traslado. Además, las instalaciones de Liencres son mucho mejores, disponen de quirófanos, cosa que en Valdecilla no había. Por otra parte, no olvidemos que Liencres –además de contar con transporte público y estar bien comunicado– también es Valdecilla. Forma parte del mismo complejo hospitalario.
Además del traslado, se ha denunciado la carencia de algunas instalaciones.
Eso ha sido consecuencia del plan director que dejó preparado el PP, en el que no se tuvo en cuenta para nada a los profesionales. Ahí el actual Gobierno ha tenido que afrontar la situación con nuevas inversiones en un contexto presupuestario muy difícil. De momento, el coste de las modificaciones se estima en un millón de euros.
También han criticado el modelo de gestión del hospital.
Ahí tenemos la 'patata caliente' del contrato de colaboración público-privada, que condiciona muchísimo al Gobierno a la hora de hacer nuevas inversiones. Ese contrato supondrá pagar más de 900 millones en 40 años.
Ustedes han apoyado la creación de una comisión de investigación en torno a este contrato, ¿qué esperan conseguir?
Fue una iniciativa de Podemos que hemos respaldado todos los demás grupos en la cámara, a excepción del PP. El contrato de colaboración público-privada es una fórmula de gestión obsoleta de la que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, hablaba maravillas mientras que su partido la eliminaba en Parlamento. La nueva Ley de contratos que se ha aprobado esta legislatura elimina la fórmula elegida.
Desde el punto de vista jurídico los informes dicen que va a ser imposible impugnarlo, así que lo único que nos queda es hacer un seguimiento estricto y riguroso de cómo se desarrollan las obligaciones por parte de la empresa adjudicataria para con los contenidos y objetivos del contrato. Lamentamos la fórmula elegida por la anterior consejera para este hospital.
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