entrevista al Portavoz SANITARIO DE Izquierda unida en la asamblea de madrid
Bejarano: “Estamos convencidos de que no privatizarán los centros de salud”
El ‘Plan B’ de González a la externalización es recortar, asegura
Cristina Mouriño / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid se ha mostrado convencido de que la movilización ciudadana, profesional y política contra los planes de “privatización” del consejero Fernández-Lasquetty está teniendo repercusión en las intenciones del gobierno regional y asegura que “está convencido de que la externalización de la gestión de los centros de salud finalmente no se llevará a cabo”. Así se ha expresado Rubén Bejarano en la entrevista concedida a esta publicación en la que ha criticado que la política en recursos humanos del Sermas es “contraria y no cuenta con el acuerdo de la comunidad sanitaria”.
Rubén Bejarano.
La externalización permanece suspendida tras admitirse a trámite el recurso de AFEM ante el TSJM, ¿qué perspectivas ve en este proceso?
Nosotros lo vemos con preocupación, no solo en este momento sino desde el comienzo de la presentación de este plan, en la cual iba también la privatización de estos seis hospitales. Hemos sido absolutamente contundentes contra este plan. Creemos que esta gran externalización lo que hace es alejar a nuestra asistencia sanitaria del concepto de sanidad pública.
Lo que hemos visto es una respuesta contundente contra este plan, no solo por parte de los partidos y los grupos de la oposición sino de todos los profesionales sanitarios, de la ciudadanía, y además de los tribunales de justicia. Los dos últimos autos judiciales han sido muy contundentes, sobre todo el del Tribunal Superior de Justicia, y por eso decimos desde Izquierda Unida que tenemos un gobierno en rebeldía, porque no hacen caso a los profesionales, a la ciudadanía ni a los tribunales.
Precisamente el TSJM ha decidido ahora aunar todos los recursos contra este proceso en una sola sala, ¿qué opina su grupo?
Lamentablemente tenemos a nuestra asistencia sanitaria en sede judicial. Precisamente lo que no querían los ciudadanos de la Comunidad de Madrid que lo que querían era que se hiciera un plan que resolviera los problemas de sostenibilidad de nuestro sistema sanitario, y lo que ha hecho es un plan, rechazado por todo el mundo, y que estamos, después de un año, en sede judicial. Todas las organizaciones de profesionales sanitarios han hecho un recurso a la administración de justicia y ahora estamos, desgraciadamente, en esta situación.
La movilidad del personal de los seis hospitales también se encuentra paralizada. Esto genera incertidumbre en los profesionales, pero, ¿cómo afecta a los pacientes y a la asistencia diaria?
Por supuesto. Tiene un impacto negativo. Nosotros no hemos encontrado todavía los elementos positivos que defendía el gobierno regional cuando se embaucó en esta auténtica locura que ha metido en un lío jurídico y administrativo a nuestra asistencia. Uno de los que sufren sin duda el impacto, a parte de los usuarios, son los profesionales; nuestro mayor activo. El gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la consejería, había iniciado el pasado mes de agosto un proceso de movilidad referido al personal de estos seis hospitales, un proceso con muchas dudas. Nosotros hemos dicho desde el principio que los profesionales que van a trabajar en estos centros lo van a hacer sin conocer sus condiciones laborales. Estamos expectantes sobre lo que va a hacer el gobierno regional con todo este proceso.
Está pendiente una OPE en Atención Primaria, ¿tienen alguna novedad al respecto?
No. Necesitamos concretar más. Hemos iniciado con este nuevo periodo de sesiones una batería de comparecencias del señor Fernández-Lasquetty porque tiene que explicar todo esto. Hablando de Atención Primaria, nosotros estamos muy preocupados porque precisamente en este plan también venia la externalización de la gestión de algunos centros de salud. Es un proceso muy ambiguo sobre el que también vamos a pedir explicaciones.
Bejarano: “Lamentablemente tenemos a nuestra asistencia sanitaria en sede judicial”.
El portavoz de IU cree que el Gobierno regional dará marcha atrás en la “privatización” de los centros de salud.
¿Cree que el gobierno se lo está pensando dos veces y finalmente, conociendo el rechazo que existe por parte de los profesionales, no llevará a cabo esta medida?
Estamos convencidos de que si. Estamos convencidos de que la movilización está teniendo sus repercusión en las intenciones del gobierno y una de ellas sin duda es la pretensión original que tenían de privatizar los centros de salud. En el propio plan de medidas lo que venía era la privatización de 27 centros de salud a partir de un método curioso. Lo que pedía era que los directores con los profesionales del centro se constituyeran en una especie de sociedades médicas, en empresarios, eso sí con dinero público, para gestionar de forma más operativa los centros de salud.
La realidad es que cuando hablas con un director de un centro de salud lo que quiere es trabajar desde lo público, no convertirse en empresarios, trabajar en mejores condiciones y con los recursos humanos suficientes, y además con los recursos materiales suficientes.
Se rumorea que el presidente Ignacio González, tras los reveses judiciales, tiene un ‘plan b’ en lo referente a la externalización, ¿se habla de ello en los pasillos de la Asamblea?
Nosotros, al menos, ya le pedimos en la última comparecencia al consejero de Sanidad, que nos dijera que ‘plan b’ tiene por si al final los tribunales paralizan definitivamente este proceso. La verdad es que obvió la pregunta y no dijo nada. En todo caso, el presidente González sí que ha dicho públicamente y además lo ha cuantificado, que no le quedará más remedio que recortar. Si eso ya lo tiene el gobierno regional cuantificado, podrá darnos explicaciones de donde va a recortar, es decir, si va a seguir recortando en sanidad y si esa cantidad va a afectar a la Atención Primaria, la Atención Especializada, al personal, etc.
IU afirma que “El ‘plan b’ de González a la externalización es recortar”.
Rubén Bejarano valora el cambio en el régimen funcionarial propuesto por Lasquetty.
El consejero siempre les acusa en la Asamblea de no haber presentado alternativa a este proceso. ¿Qué considera IU que debería hacer la Consejería de Sanidad para evitar la externalización?
Nosotros reconocemos que nuestra asistencia sanitaria tiene problemas de sostenibilidad, eso es evidente. Al principio de la legislatura ofrecimos un pacto sanitario al gobierno regional de todo lo que consideramos la comunidad sanitaria (profesionales, sindicatos, colegios, partidos políticos) precisamente para abstraer a nuestra asistencia sanitaria de la privatización. El gobierno regional unilateralmente se ha embarcado en este proceso para resolver los problemas de sostenibilidad y nosotros, visto lo visto, ahora más que nunca, si que creemos que lo que requiere nuestra asistencia sanitaria es fortalecerlo desde lo público. Esta privatización es un auténtico fracaso, no resuelve nada y genera más problemas. Se tiene que resolver desde lo público y por ahí van las iniciativas de IU.
En el último pleno, Fernández-Lasquetty, abogaba por un cambio en el régimen funcionarial que rige la sanidad, ¿qué opina?
Hizo una crítica contundente contra el sistema de gestión de recursos humanos. El gobierno regional ya está demostrando en estos momentos que está haciendo una política contraria y sin acuerdo de toda la comunidad sanitaria y esto se traduce en que desde que presentaron el plan, hay 2.500 profesionales menos en nuestra sanidad pública. Nosotros lo que pedimos es que se siente y negocie de verdad con los profesionales porque todos ellos tienen una posición contundente no solo contra el plan sino contra algunos aspectos que derivan del mismo, como por ejemplo el plan de ordenación de recursos humanos.
El portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea regional responde a las preguntas de la redactora Cristina Mouriño.
Este plan ha afectado especialmente a la situación de eventuales e interinos, y también contempla la jubilación forzosa de los profesionales, ¿qué le parecen estas políticas?
Mal. Todas estas políticas están teniendo un impacto en unos profesionales que están trabajando con las mayores incertidumbres, precisamente lo que no quieren los usuarios. Están trabajando con un grado de incertidumbre que nosotros creemos que es peligroso. Los ciudadanos no quieren esta privatización y quieren que los profesionales estén en las mejores condiciones posibles. Nosotros queremos concreción que es lo que están pidiendo profesionales y ciudadanía.
¿Cómo está funcionando la jornada de tarde ordinaria?
Como te decía queremos que nos informen de todo eso. Nuestra batería de preguntas va muy dirigida también a conocer las condiciones del personal. Hablando de jornada de tarde, nosotros estamos viendo que en muchos centros hospitalarios hay quirófanos cerrados, consultas cerradas, mientras el gobierno regional sigue intensificando las derivaciones a la privada. Creemos que hay una gran contradicción porque todas estas derivaciones nos cuestan mucho dinero del presupuesto de todos los madrileños. Estamos convencidos de que todo ese dinero que el gobierno regional está transfiriendo a la privada lo que tenía que hacer es invertirlo desde lo público, abrir todos los centros sanitarios y si fuera necesario, contratar más personal.
Copago hospitalario. ¿Qué alternativa proponen? ¿Tiene previsto su grupo recurrirlo?
Precisamente estamos reunidos para ver qué tipo de recurso hacemos porque por supuesto, una iniciativa de esas características vamos a hacer desde IU. En la última sesión plenaria presentamos una proposición no de ley para que en la Comunidad de Madrid no se aplique la última medida ‘antisocial’ del gobierno de Mariano Rajoy que es el copago hospitalario. A todos se nos viene a la cabeza como en la última campaña electoral el Partido Popular decía que no iba a haber copago en la Comunidad de Madrid y en la Asamblea regional hemos podido debatir de ‘repago’ porque copago ya había. Lo cierto es que es una medida antisocial, no cumple el doble objetivo que dice el PP como medida de ahorro y disuasoria. El impacto económico es mínimo y disuadir, cuando hablamos de pensionistas y enfermos crónico, no creo que este tipo de enfermos tenga ingentes cantidades de medicamentos. Lo que hace sencillamente es penalizar al enfermo, es injusto.
