Redacción. Mérida
El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que la atención a la dependencia es una "prioridad", pero ha aclarado que debe estar más dotada por el Estado porque el peso de esta prestación la están soportando las comunidades autónomas.

José Antonio Monago.

Como prueba ha alegado que los ingresos del Estado en la comunidad autónoma se han cifrado este año en 43 millones de euros, mientras que la región ha gastado 199 millones en dependencia, por lo que "el esfuerzo lo estamos haciendo".

El jefe del Ejecutivo ha hecho estas declaraciones en el Pleno de la Asamblea en respuesta a una pregunta del portavoz de la Agrupación de Diputados IU-V-SIEX, Pedro Escobar, sobre si sigue considerando que la atención a la dependencia es el cuarto pilar del Estado de Bienestar. "La atención a la dependencia es una prioridad", ha subrayado, para acto seguido aclarar que el "gran problema" es que el coste de la dependencia está soportada en buena medida por las CCAA y esta ley no está dotada suficientemente.

Tras acusar al Estado de dotar a la ley de menos recursos y de no haber evaluado junto a las CCAA sus resultados, Monago ha afirmado que cuando el PP llegó al Gobierno regional se encontró con un déficit de 11 millones en el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad).

Ha añadido además que el gasto ejecutado en dependencia creció un 19 por ciento sobre 2009 en Extremadura mientras que aportación Estado bajó 14 puntos, y que Extremadura es también la CCAA donde más ha crecido el porcentaje de dictámenes de aprobación de solicitudes.

"Si no tenemos dinero señor Monago, nos endeudamos", ha subrayado Escobar, que ha ofrecido el respaldo de IU para endeudarse de una manera finalista si es necesario para garantizar el desarrollo de esta ley.

La sesión se ha iniciada con la aprobación de una declaración institucional consensuada por los tres grupos en la que la Asamblea muestra su repulsa contra la violencia de género, aboga por intensificar la coordinación entre el Estado y las CCAA en esta materia y por mantener la lucha contra el maltrato "como prioridad de la agenda política".