María Márquez. Madrid
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Senado ha aprobado la ‘Ponencia de estudio para la aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión sanitaria: presente y futuro’. Propuesta por el Grupo Popular en una moción aprobada por el Pleno de la Cámara Alta en 2012, recoge un informe con 14 recomendaciones para el Gobierno. Entre ellas, la necesidad de que los sistemas de información sanitaria sean interoperables “entre los sistemas públicos y privados”.
Jesús Aguirre, portavoz de Sanidad
del Grupo Popular en el Senado.
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Es el undécimo punto de las recomendaciones. La Comisión de Sanidad considera la necesidad de que “se proyecte la visión estratégica de la interoperabilidad entre los sistemas públicos y privados” potenciando una información “despersonalizada en pro de la investigación pública y privada, manteniendo siempre la confidencialidad de los datos clínicos y la máxima transparencia de la información”.
Con la premisa de eliminar “paulatinamente los circuitos de información en papel”, los senadores ven la conveniencia de la que información se estructure en base a “modelos de referencia de estándar internacional” y de que la telemedicina se convierta en una “práctica habitual en la actividad diaria de todos nuestros profesionales”. Para este fin, instan al Estado a crear “un sello de garantía de cumplimiento de las normas marcadas” que han de seguir las tecnologías de la información en lo que a aplicaciones móviles se refiere. En esta línea, apuestan porque la información clínica del paciente se rija por un “certificado digital como identificador único” facilitando al ciudadadano el pleno acceso a ella. El nodo central de “la intercomunicación” ha de ser liderado por el Ministerio de Sanidad, mientras que abogan por contar con una ‘Oficina de desarrollo armónico de tecnologías’ que evite “inconsistencias o incompatibilidades” entre las comunidades autónomas.
Para la historia clínica digital, aportan la idea de crear “un historial fármaco-terapéutico compartido entre profesionales sanitarios”, además de una “carpeta del ciudadano” que englobe aspectos tan diversos como la información sociosanitaria, voluntades anticipadas o telemedicina, entre otros.
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