Eva Fariña / Imagen: Miguel Á. Escobar / Diego S. Villasante. Sigüenza (Guadalajara)
El III Encuentro de Parlamentarios de Sanidad ha dedicado una mesa a las ‘Decisiones en política farmacéutica: criterio político o sanitario. Participación del paciente’, moderada por Miguel Santalices, portavoz del PP en el Parlamento de Galicia. Los participantes han analizado las novedades registradas en el Real Decreto-ley 16/2012, así como en las comunidades autónomas. El propio Santalices ha recordado que la puesta en marcha en Galicia del ‘cataloguiño’ “tal vez no fue entendido, ya que no era un pulso al Gobierno central, sino un pulso a la sostenibilidad del sistema”.

La mesa dedicada a las ‘Decisiones en política farmacéutica’ estuvo formada por Carmen Peña (izq.), presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Caridad García, portavoz adjunta de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso; Miguel Santalices, portavoz del PP en el Parlamento de Galicia, quien intervino como moderador, y Francesc Sancho, secretario de Estrategia y Coordinación de la Consejería de Salud de Cataluña.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carmen Peña, ha defendido una vez más el modelo español de farmacia, “que se basa en una concesión administrativa”, y que destaca por su accesibilidad para el usuario. En su opinión, la farmacia española se basa en “un sistema privado que funciona bien, y que trabaja en un 85 por ciento para el sistema público”. También ha incidido en que “la farmacia no es un comercio, ni el paciente es un consumidor”, por lo que las Administraciones públicas deben “buscar soluciones a la demora de los pagos”.”No se trata solo de pagar la remuneración de los profesionales, sino de abonar la medicación de los pacientes”.

Caridad García, portavoz adjunta de Izquierda Plural en la Comisión de Sanidad del Congreso, ha sido la más pesimista en cuanto a los resultados de la nueva legislación: “El mejor copago es aquel que no existe. Los pensionistas y los enfermos crónicos tendrán que pagar ahora parte de sus medicamentos en función de sus ingresos, algo que los ciudadanos en general desconocen absolutamente. Para las economías más bien débiles supone un palo muy fuerte, y no sabemos cómo van a reaccionar estos ciudadanos”.

En su intervención, Francesc Sancho, secretario de Estrategia y Coordinación de la Consejería de Salud de Cataluña, ha defendido que los recortes efectuados en esta autonomía son un reflejo de lo que ocurre en el resto de Europa: “No es culpa del Gobierno actual ni del tripartito, sino de la situación económica”. Según su criterio, la clave de las reformas es conseguir “una mayor corresponsabilidad e involucración” por parte de todos los agentes: “Siempre compramos por actividad, y nunca lo hacemos por resultados”. Así, ha explicado que en Cataluña se está intentando variar el sistema de compra: “En Oncología, por ejemplo, la Administración comparte riesgos con la industria, porque pagamos en función de los resultados, no del producto”. En cuanto a la participación del ciudadano, Sancho ha comentado que el Gobierno catalán se había decantado por el pago de un euro por receta, porque se trata de un sistema “fácil de aplicar, de implementar, de explicar y de corregir”.