Cristina Alcalá. Madrid
El PSOE se suma a la posición que mantiene el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y dice ‘no’ a la expropiación de las patentes de las farmacéuticas, tal y como proponen algunas formaciones políticas, como Podemos, que piden arrebatar esta exclusividad de la industria para garantizar el acceso de los medicamentos a todos aquellos pacientes que lo necesitan. Otros partidos, como UPyD o Izquierda Unida se muestran más comedidos, y piden una revisión profunda de los acuerdos entre ambas partes y, llegado el caso, emitir una licencia obligatoria para la fabricación de génericos.
Los socialistas José Martínez Olmos y Encarnación Llinares.
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En este sentido, el principal partido de la oposición defiende que, además de elaborar un plan nacional de abordaje a la enfermedad, se le dote con una financiación suficiente que mane del Fondo de Cohesión. El dinero de esta partida específica deberá calcularse en base al precio que Sanidad ha negociado con los laboratorios multiplicado por el número de pacientes que requieren el fármaco en España, explica a Redacción Médica el portavoz socialista de estos asuntos en el Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos.
“España puede asumir el coste de estos tratamientos, pero consideramos que el ministerio no ha negociado bien el precio”, remarca el diputado granadino, quien detalla, además, que sin presupuesto económico, la estrategia puesta en marcha por Sanidad para combatir este virus “no servirá de nada y será un fracaso”.
Una idea que comparte su compañera de filas dentro del partido, la senadora Encarnación Llinares, quien reniega además del “juego” que están llevando a cabo los laboratorios con “la salud de las personas”, al negar, dice, el acceso al tratamiento a todos aquellos enfermos que lo necesitan. “El ministerio tiene que ejercer su función de liderazgo y cohesión entre las farmacéuticas y las comunidades autónomas, las entidades finales encargadas de distribuir estos medicamentos”, explica a este diario, “con el objetivo de evitar las desigualdades entre territorios y garantizar la cura a los pacientes”.
Sanidad no cierra la puerta a esta partida específica
Por su parte, el departamento que dirige Alfonso Alonso se defiende alegando que, de momento, quienes tienen que sufragar los costes de los fármacos son las propias comunidades autónomas, hasta que conozcan “la dimensión del problema y puedan financiarlo”, es decir, hasta que puedan cuantificar cuántos pacientes necesitan ser tratados con las nuevas terapias, tal y como explicó este lunes su ‘número dos’ en Sanidad, Rubén Moreno. En ese momento, el Gobierno estudiará la forma de financiar este problema sanitario.
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