Redacción. Valladolid
El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha presentado una proposición no de ley por la que insta a la Junta a hacer públicos con carácter trimestral los datos referentes a los hospitales o complejos hospitalarios públicos de Castilla y León, sobre listas de espera de atención especializada para los pacientes pendientes de consulta externa y de pruebas diagnósticas o terapéuticas.

Óscar López, portavoz del PSOE en las Cortes.

La iniciativa solicita también que se tomen las medidas necesarias para garantizar la “erradicación, en todos los hospitales públicos de Castilla y León, de la práctica del bloqueo en las listas de espera quirúrgicas, de consultas externas y de pruebas diagnósticas”.

El PSOE apuesta también por asegurar una citación de consulta externa, de prueba diagnóstica o terapéutica y “para asegurar la fecha de una intervención quirúrgica en un plazo no superior a las 48 horas desde que el profesional acreditado solicita las primeras o haya prescrito la necesidad de un tratamiento que requiera la utilización de un quirófano, con independencia del tiempo que pueda transcurrir desde la citación o programación de intervención hasta su realización”.

Asimismo, se solicita la modificación de dos decretos. Primero del decreto 68/2008 de 4 de septiembre por el que se crea el registro de pacientes en lista de espera de atención especializada y se regulan las garantías de espera máxima en intervenciones quirúrgicas en el Sistema de Salud de Castilla y León, para establecer como plazo máximo de espera de las intervenciones quirúrgicas programadas noventa días naturales, con la excepción de la cirugía oncológica y de la cirugía cardíaca no valvular, que tendrán un plazo de espera máxima de siete días naturales.

Y, en segundo lugar, del decreto 68/2008 de 4 de septiembre por el que se crea el Registro de pacientes en lista de espera de atención especializada y se regulan las garantías de espera máxima en intervenciones quirúrgicas en el Sistema de Salud de Castilla y León, para que se regulen también plazos máximos de espera en consultas externas y pruebas diagnósticas o terapéuticas y se establezca un sistema de garantías para el paciente en caso de incumplimiento, por parte de la administración, de los plazos establecidos.