María Márquez / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid

“Le llamen como le llamen, el euro por receta es copago, y no está recogido en nuestra legislación”. Así de tajante se ha mostrado la secretaria de Políticas Sociales del PSOE, Trinidad Jiménez, con respecto a la medida recaudativa de CiU en Cataluña. Para “blindar” la sanidad catalana ante dicha tasa, Jiménez ha asegurado que “no escatimarán en medidas ni recursos” para que la decisión de Boi Ruiz no llegue a buen puerto. Pero no esta la única iniciativa legal que Jiménez y el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, tienen en mente ya que propondrán la modificación de la ley sobre concesiones privadas y ayer mismo se disponían a proponer al Gobierno la regulación de “un sistema de compesación de gasto y un registro de asistencias” que eviten los recientes conflictos de asistencia transfronteriza entre autonomías. Martínez Olmos dio por hecho que tras las elecciones andaluzas y asturianas, la cartera de servicios no será la que hemos conocido hasta ahora y estará supeditada a una financiación limitada.

La secretaria de Políticas Sociales ha anunciado que su partido “agotará todas las medidas” para impedir que el copago en la receta catalana se lleve a cabo, una vez que descartó, por su experiencia, que esta fórmula de financiación vaya a ser aprobada y extendida en el próximo Consejo Interterritorial. Jiménez ha enfatizado sobre los riesgos de la alianza PP y CiU en Cataluña, destacando la frágil situación de esta autonomía en lo que a listas de espera y cierre de centros se refiere. Medidas alternativas son posibles, en opinión del PSOE, y así Jiménez y Martínez Olmos insistieron en varias de las puestas en marcha en la etapa final de su gobierno, como la central de compras o la reducción del gasto farmacéutico. La asignatura pendiente, el impuesto de tabaco y alcohol financiador de la sanidad, también ha salido a relucir. Y dos novedades: la propuesta de un plan de mejor gestión de cobros cuando la sanidad pública atienda prestaciones del seguro privado (véase accidente laboral, doméstico o vial), y que la financiación de fármacos pase por un filtro de evidencia científica, es decir, que sea selectiva, medida que llevaría a las arcas, según el portavoz del Congreso, 2.500 millones de euros anuales.

Las prestaciones: al filo de un “retroceso histórico”

El desequilibrio asistencial entre autonomías ya no es una sospecha para Jiménez y Martínez Olmos. La secretaria de Políticas Sociales del PSOE habla de un 23 por ciento de aumento en las listas de espera señalando de forma especial a Cataluña, a la par que indica que las diferencias presupuestarias entre autonómicas alcanzan, en ciertos casos, hasta "un tercio" de las partidas. A este respecto, el portavoz de Sanidad alertó de un previsible recorte en la cartera de servicios dilucidado por él tras la comparacencia de la ministra Ana Mato en el Congreso y que refrenda la alianza catalana PP y CiU. "Ajustar las prestaciones al dinero disponible supondría un retroceso histórico de la sanidad española", sentenció Martínez Olmos.

Otros pilares del discurso socialista han sido la preocupación por el pago a proveedores y la frágil situación de la farmacia española, especialmente en el ámbito rural, y las concesiones privadas de gestión sanitaria. En este último punto, han manifestado su intención de modificar la normativa de forma que se establezcan principios de transparencia en la gestión, criterios de calidad asistencial “con inspecciones específicas” y la protección “especial” del patrimonio de la Seguridad Social, con las expectativas de conseguir 700 millones de euros adicionales.