Jesús Vicioso Hoyo / Hiedra García Sampedro. Madrid
La bancada popular de la Cámara Baja ha echado por tierra la propuesta del Grupo Mixto en la que instaba al Gobierno a emprender la anulación de la patente de sofosbuvir, al igual que la enmienda de CiU en la que se solicitaba, de nuevo, la creación de un fondo específico para la introducción de medicamentos innovadores, entre los que se encuentran los de la hepatitis C.
La portavoz de Sanidad del PP en el Congreso de los Diputados, Teresa Angulo.
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Las líneas de acción desarrolladas por Sanidad para introducir los nuevos medicamentos contra la patología no satisfacen, todavía, a todo el arco parlamentario y la divergencia de posturas se han vuelto a poner de manifiesto en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. La representante del BNG Rosana Pérez Fernández ha pedido iniciar los trámites para emitir licencias obligatorias para fabricar sofosbuvir. Y lo ha hecho a través de una proposición no de ley en la que también se exigía “atender de inmediato a las personas afectadas por el virus de la hepatitis C que se encuentran en fase 3 y 4 de la enfermedad para que accedan con carácter urgente a los nuevos tratamientos”.
A este respecto, la portavoz del PP ha dejado en evidencia a la proponente ya que le ha recordado que el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C, que será aprobado este jueves en el Consejo Interterritorial, va incluso a más y recoge como pacientes prioritarios a los que se encuentran en fase 2.
La portavoz de Sanidad de CiU, Conxita Tarruella, ha presentado una enmienda, aceptada por Rosana Pérez, en la que se instaba la puesta en marcha de un fondo específico para la financiación de fármacos innovadores, incluidos los de la hepatitis C. La petición no es nueva, ya que otros partidos lo han solicitado, entre ellos el PSOE, cuyo portavoz en la comisión, José Martínez Olmos, ha reconocido que la financiación es la parte con más carencias del plan nacional.
Otras críticas al plan de Sanidad han llegado por boca de Gaspar Llamazares. El diputado de IU ha afirmado que “es posible reconocer avances”, para después añadir que el “talón de Aquiles” es el que ha denominado “crédito Montoro”, en referencia a la fórmula de financiación establecida por el Gobierno.
Al final, los 23 votos de la mayoría popular han rechazado la iniciativa, frente a los 18 que han dado su visto bueno.
Evaluación de la Estrategia en Salud Mental
Otro punto que se ha abordado en la comisión sectorial ha sido el de instar al Gobierno a que se actualice la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta la evaluación que se ha realizado sobre el cumplimiento de este plan entre 2009 y 2013. El diputado del Partido Popular que ha defendido la proposición no de ley, Manuel Ibáñez, ha asegurado que la evaluación ha sido presentada a los comités de seguimiento este 25 de marzo.
Según ha criticado la portavoz socialista, Puerto Gallego, esta proposición se registró “hace un año y no se ha cambiado ni una coma”, un periodo en el que el PSOE ha solicitado “en varias ocasiones” la presentación de esta evaluación. Para Gallego, el Gobierno del Partido Popular ha “abandonado a los pacientes de salud mental”, a quienes han afectado “profundamente los recortes”, por esta razón, ha pedido “restaurar el daño causado” y crear una nueva estrategia en salud mental “que se sustente en un sistema con carácter público”.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Catalán de CiU a través de su portavoz Conxita Tarruella, ha defendido una enmienda para que se tenga en cuenta los avances de las comunidades autónomas en salud mental, ya que algunas como Cataluña han actualizado sus estrategias y las están desarrollando. También ha solicitado una partida específica para ayudar a las comunidades en la implantación de las medidas.
Finalmente, se ha aprobado, por unanimidad, la creación de un grupo de coordinación sobre enfermedades raras que servirá para seguir y evaluar la estrategia nacional sobre estas patologías. |
