Redacción. Santiago de Compostela
El grupo popular ha rechazado, con su voto en contra, una iniciativa del BNG para extender la gratuidad en la prestación farmacéutica a las tarjetas identificadoras de personas sin recursos y parados de larga duración, por tratarse de una competencia estatal.

Carmen Acuña (PSOE), Miguel Santalices (BNG) y Ana Luisa Bouza (BNG).

Así lo ha explicado en comisión parlamentaria el diputado popular Miguel Santalices, quien ha justificado por esta razón la enmienda de sustitución de su grupo y se ha mostrado partidario de plantear esta cuestión en el consejo interterritorial por tratarse de un "debate interesante".

En el texto, el PPdeG proponía solicitar al Gobierno central que "estudie, analice y evalúe el sistema de aportación económica de los usuarios en la prestación farmacéutica, con el objetivo de hacerlo más equitativo, y para optimizar su contribución a la sostenibilidad del sistema."

Santalices ha indicado que no considera que la reposición de dicha tarjeta sea un "acto sanitario", tras lo que ha recordado que Galicia invierte en gasto farmacéutico el 12 % del total del presupuesto de la Xunta, 1.200 millones de euros, ha precisado.

En este contexto, ha abogado por una reforma del sistema sanitario que tenga como prioridad el gasto farmacéutico, de manera que sea más efectiva para blindar los servicios sanitarios públicos que por medio de la introducción de copagos, ha dicho.

Por su parte, la diputada nacionalista Ana Luisa Bouza, defensora de la proposición no de ley, se mostró de acuerdo en contemplar la enmienda del PPdeG pero como de adición y no de sustitución, porque lo que solicita es "asumible" y "si hay intención política de hacerlo la fórmula se encuentra", ha opinado.

Al hilo de ello, ha destacado la necesidad de solidaridad del sistema, sobre todo con las personas que más lo necesitan, y de sostenibilidad para que la sanidad funcione correctamente, de manera que, ha argumentado, se garantice la continuidad de los recursos económicos y no se renuncie a los que sean imprescindibles.

Así, ha dicho que no es el momento de eliminar la gratuidad de la prestación farmacéutica para determinado grupo de pensionistas, una cuestión "irrelevante" para las arcas públicas, ha afirmado, pero sí de contemplar el acceso gratuito a los medicamentos de personas en dificultades mientras la situación no se resuelva.

Bouza ha explicado que la cuestión técnica para ello está resuelta, pues este colectivo está identificado con el 'código 29' y de personas sin recursos (PSR), y se puede hacer un "seguimiento con rigor y austeridad" de la medida.

La diputada ha pedido una muestra al Gobierno de que "está aquí para algo más que para prestarle dinero a la banca a fondo perdido", ha dicho sobre las últimas decisiones financieras.

Por su parte, la parlamentaria socialista Carmen Acuña ha "suplicado" al grupo popular se sume a esta iniciativa, cuestión que no ha logrado, y que "hablen muy seriamente con el señor presidente de la Xunta (Alberto Núñez Feijóo) para detener este desastre sanitario".

Ha reconocido que "da un poco de miedo" escuchar a Santalices y ha reprochado a la gestión del PP que "poco a poco está desmantelando la sanidad pública, que hasta ahora era de las mejores y más baratas".

"Si la sanidad va a dejar de ser pública, gratuita y universal, ¿a quién le va a interesar que sea sostenible?", se ha preguntado Acuña en relación a la enmienda del PP, tras lo que se ha respondido a sí misma que "a esas empresas privadas que ustedes (el PP) están incorporando", ha concluido.