Leire Sopuerta Biota.
El Grupo Parlamentario Popular del Parlamento de Andalucía ha presentado sus enmiendas a la Ley de Salud Pública. Entre otras medidas, ha solicitado que se dote a la norma de presupuesto económico para que pueda desarrollarse y “no quede en papel mojado”, ha explicado a Redacción Médica Ana María Corredera, portavoz del PP en matera sanitaria.

Ana María Corredera, del PP.

Asimismo, desde este grupo parlamentario se ha insistido, a través de varias enmiendas, de la importancia de “acotar” el desarrollo reglamentario de la ley. “Desde el PP hemos pedido que todos los compromisos concretos que se dejan para un desarrollo posterior se hagan en un periodo no superior a los seis meses”.

También el PP ha propuesto la supresión del Centro de Investigación de Salud Pública y del Observatorio de Salud Pública. La razón, según Corredera, es que “la propia consejería puede ejercer ese trabajo”. El PP, ha explicado la portavoz, “no está de acuerdo con la creación de dos nuevos organismos, ajenos al Parlamento, y por tanto, fuera de su control, y que, además, generan más gasto”.

Los médicos mostraron en el Parlamento su “alarma y preocupación” por la posible aprobación, por parte de la Administración Sanitaria de Andalucía, de un Código de Conducta Ética de los profesionales de salud pública, vinculado a un repertorio de buenas prácticas sanitarias y sociales, que conforman su actitud socialmente responsable y que garantice la objetividad e imparcialidad de sus actuaciones.

Ante esto, el PP apuesta por que la Consejería de Salud ponga en marcha una comisión de la que formarán parte “colectivos, asociaciones y colegios profesionales implicados en el desarrollo de lo contenido en la presente ley, para la elaboración, aprobación y seguimiento de un código ético”.

También el partido ha presentado enmiendas en las que se incide en la participación de los profesionales a la hora de informar sobre salud pública; se solicita que Educación para la Salud sea una asignatura optativa en Educación Secundaria; o se propone la creación de un Plan de Inspección de Salud Pública, que será anual y que contará con la colaboración de administraciones públicas, agentes sociales y colegios profesionales y científicos.

Las enmiendas serán debatidas en ponencia el día 8, posteriormente pasarán a Comisión y a Pleno, para su votación final. La norma sigue el trámite de urgencia, así que los plazos se acortan, lo que hará posible su aprobación antes del fin de la legislatura.