María Márquez. Madrid
La regulación del cigarrillo electrónico en España entrará en vigor incluida en la modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, aprobada hace un mes en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, donde el PSOE alzó la voz para equiparar sus restricciones con el tabaco vegetal. El PP dijo entonces que esperaba la Directiva Europea, que ya ha llegado y que, si bien no es tan estricta como esperaban los socialistas, deja abierta la puerta a seguir regulando. Y así se posiciona también el grupo parlamentario que representa Rubén Moreno. La traba, explica, es que no hay “evidencias” por ahora para dicha restricción. En la UE, solo Francia ha dado la voz de alarma ante jóvenes que se inician en el hábito del tabaco con estos dispositivos.
Rubén Moreno, portavoz de Sanidad en el Congreso.
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Rubén Moreno ‘se queda’ con las bases de una regulación pionera asentadas por dicha Directiva europea. Hay una “puerta abierta” a un mayor control de esta actividad comercial y tabáquica que será asumida por el Gobierno, según anuncia. Pero por el momento, “no hay evidencias”, sino solo sospechas, de que el dispositivo electrónico pueda incitar al consumo en menores y no fumadores. Estos dos parámetros serán fundamentales en la vigilancia gubernamental junto al “desarrollo comercial” de las empresas, que han de dar debida cuenta a las instituciones sanitarias. En este punto, subraya que la legislación española “es la más avanzada en función de la evidencia que existe”. El portavoz ‘popular’ también incide en el límite de “20 miligramos por un mililitro de producto” que ha establecido la institución europea, pilar de estas directrices recién aprobadas, junto a la restricción de la publicidad y la alerta ante movimientos comerciales entre países en los que no está permitido el consumo del cigarrillo electrónico. “Se le ha considerado como producto de tabaco con todas las consecuencias”, insiste Moreno, quien está al tanto de las voces científicas y colegiales que han instado al Gobierno a no permitir que este mercado se desarrolle en nuestro país. Aquí es cuando el portavoz parlamentario admite que, si por él fuese, “restringiría todo tipo de producto tabáquico por las cifras de mortalidad anuales que ocasiona, y también por el elevado gasto sanitario que supone”.
Sobre si esperaban unas órdenes más duras de la Unión Europea, el portavoz de Sanidad en el Congreso señala que son fruto del análisis y acuerdo de todos los países, y que “no todas las directivas abren la puerta a un seguimiento posterior, como hace esta”. Sin embargo, no pierde de vista las advertencias de Francia: el 18 por ciento de estudiantes está empezando a fumar con el cigarrillo electrónico, el doble de lo que sucedía hasta ahora. “Tienen nicotina, por tanto es un producto tóxico, y debe ser vigilado. Tiene que probar que realmente ayuda a dejar de fumar”, concluye.
El PSOE quiere que España se distinga
Tal y como anunció en la última Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la portavoz socialista de Consumo, Pilar Grande, ve necesario equiparar el veto de consumo del tabaco vegetal al del cigarrillo electrónico. Grande llama la atención sobre el hábito, “el gesto de vapear” y de cómo sea asimilado entre los más jóvenes. Asegura que la Ley de Consumo “no es el espacio más adecuado" para regular el cigarro electrónico, y confía en que se puedan seguir dando pasos legislativos. Su grupo instará mediante una enmienda en el Senado (se ha prorrogado el plazo hasta el 13 de marzo) que España vaya más allá de la Directiva europea en la limitación del consumo. A Grande le preocupan también los efectos de estos dispositivos para el fumador pasivo (“se verán con el tiempo”) y que el análisis de las sustancias quede en manos de los fabricantes.
Los futuros límites
Son los acordados por los consejeros y la ministra de Sanidad, Ana Mato, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el pasado 18 de diciembre. "Hasta que no se conozcan los efectos para la salud" las autoridades sanitarias prohíben su consumo en centros educativos y zonas infantiles, centros sanitarios, centros de las administraciones públicas, servicios de atención al ciudadano y transporte público.
Voces médico-científicas piden más dureza legislativa
El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) o la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc) han sido las primeras voces médico-científicas que han pedido al Gobierno más mano dura con respecto al uso del cigarrillo electrónico. Este miércoles, la Organización Médica Colegial, junto a CNPT, y Separ, entre otras organizaciones, hará público su malestar. |
