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Lunes, 16 de mayo de 2011   |  Número 24
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
QUIERE QUE SE PRESENTE AL CONSEJO INTERTERRITORIAL Y SE REMITA AL CONGRESO
El PP exige un Plan de Cuidados Paliativos en seis meses
A través de una proposición no de ley pide revisar las prestaciones actuales de cada autonomía

Leire Sopuerta Biota. Madrid
El Grupo Parlamentario Popular de la Cámara Baja ha presentado una proposición no de ley a través de la cual insta al Gobierno a presentar “en el plazo de seis meses al Consejo Interterritorial y remitir al Congreso de los Diputados un Plan Nacional de Ciudados Paliativos que incluya el desarrollo de un marco regulatorio y una normativa de la cartera de servicios de cuidados paliativos a los terminales, que garantice la equidad de los ciudadanos en todo el territorio nacional”.

Los diputados del PP Ana Pastor y Mario Mingo.

Además, la iniciativa demanda que en el plazo de tres meses se lleve ante el Consejo Interterritorial y el Congreso de los Diputados un informe de evaluación relativo a las prestaciones actuales sobre cuidados paliativos en cada comunidad autónoma. Así como a elaborar un informe evaluativo anual de la Estrategia de Cuidados Paliativos 2010-2014. Otra de las peticiones del Partido Popular se refiere a la regulación de las diferentes tipologías y requisitos comunes de organización y gestión, recursos, calidad y seguridad que han de reunir las Unidades de Cuidados Paliativos en los diferentes niveles asistenciales de los sistemas autonómicos.

Asimismo, pide que se establezca la puesta en marcha de áreas de capacitación específicas en medicina y enfermería paliativa en los términos previstos en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Por último, el PP quiere que se actualice el marco jurídico para permitir el ejercicio de psicólogos y trabajadores sociales en los equipos interdisciplinares de cuidados paliativos.

En la exposición de motivos de la proposición no de ley, el PP lamenta la “falta de liderazgo político” a la hora de establecer unos criterios reguladores comunes de obligado cumplimiento para toda España, lo que “ha disminuido significativamente la eficacia de la Estrategia, reduciéndola a un elenco de recomendaciones, generándose inequidades en el derecho a la prestación de cuidados paliativos entre comunidades”.

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