Redacción. Palma
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Investigación de Son Espases, Carlos Veramendi, ha recordado que “mentir en sede parlamentaria tiene consecuencias”, en relación a la comparecencia del exconsejero de Salud, Vicenç Thomàs, quien negó que hubiese habido sobrecoste alguno en el modificado, algo que, por otro lado, “lleva haciendo cuatro años”.
Veramendi.
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Precisamente, Veramendi ha apuntado que los dos cargos de la etapa socialista que han comparecido, Josep Manuel Pomar y Luis Carretero, han confirmado un sobrecoste de 158 millones de euros.“Esa no es la cuantía real, hemos pasado de negarlo a dar alguna cifra, por lo que estamos seguros de que en algún momento reconocerán el importe real del sobrecoste que asciende a 280 millones de euros”, ha dicho.
Por otro lado, Veramendi ha recordado las “graves irregularidades” que han quedado en evidencia en la firma del modificado como la falta de informes técnicos del Ib-Salut. “Ellos, que son los defensores de lo público lo encargaron todo a consultorías externas”, ha precisado. Además, ha hecho hincapié en el “varapalo” que les da la Sindicatura de Cuentas, que reconoce que ha habido ocultación de información, el interés general no está justificado, y las obras se llevaron a cabo sin contratos previo.
Sobre el director general del Ib-Salut del Gobierno del Pacto, Josep Manuel Pomar, Veramendi ha reiterado que “incumplía la ley de incompatibilidades” ya que adjudicó a una empresa un contrato de 250.000 euros y, después, una vez dejado el cargo público, “recaló en ella”.
Por su parte, Pomar, ha negado su incompatibilidad por Son Espases ya que dejó su consultoría "tres años atrás" y su conocimiento de los 280 millones de euros del sobrecoste de Son Espases.
“Correcto y necesario”
Por otro lado, el exdirector de Gestión y Planificación del Ib-Salut y exgerente de Son Espases, Luís Carretero, ha asegurado que el modificado 3 de la construcción de Son Espases fue "correcto y necesario", y que se produjo después de que el Gobierno decidiera continuar con la construcción del hospital y se plantease que éste debía cumplir una serie de requisitos como disminuir su impacto visual y aplicar "una serie de mejoras" en el recinto, como las relativas a la accesibilidad.
En concreto, ha explicado que el modificado se planteó recogiendo una serie de "necesidades asistenciales". Posteriormente, se analizó para dimensionar cuál era el coste de la inversión (69 millones de euros con IVA) y se aprovechó para mejorar el proyecto de la concesión extrayendo algunas partidas que consideraban que tenían la posibilidad de exigir un descuento" o sacar el mobiliario, al haberse detectado que la concesionaria "ponía los cabeceros más baratos".
Carretero ha concretado que el modificado supuso un aumento de la inversión de 69 millones de euros pero que, cuando se hace el reequilibrio con entradas y salidas de partida, suponen un canon fijo anual de 18 millones y uno variable de 24 millones. El canon total sube a un siete por ciento aunque, como se generan una serie de ingresos adicionales para la administración como las plazas de parking y la superficie comercial, el aumento queda en el cinco por ciento.
Paralización de las obras
Por otro lado, la exconsejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración, Fina Santiago, ha asegurado este jueves que si la continuación de las obras del Hospital Son Espases se hubiera llevado al Consejo de Gobierno "los tres consejeros del Bloc habríamos votado que no y no se hubiese tomado la decisión por unanimidad".
Dicho esto, ha explicado que, durante los dos meses de paralización de las obras, se produjeron diferentes reuniones en las que se contemplaron qué posibilidades de paralización definitiva había.
En estas reuniones, en las que había representantes del Gobierno, el Consejo de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, también estaba presente una persona del departamento jurídico para valorar jurídicamente todas las propuestas que se fueran presentando.
Además, ha dicho que se barajó desde trasladar el proyecto a otras parcelas hasta convocar un nuevo concurso; además de alegar el tema de los hallazgos arqueológicos para paralizar las obras definitivamente. No obstante, ninguna de estas opciones fue adoptada finalmente por, entre otros motivos, "las indemnizaciones que podían llegar a los 135 millones de euros", ha apuntado.
Por ello, cuando habían pasado cerca de dos meses de la paralización, el entonces presidente del Gobierno, Francesc Antich, decidió continuar con Son Espases por lo que, adoptada esta determinación política, los miembros del Bloc, pese a estar en contra, lo que no hicieron, dice, era boicotear la construcción allí. |
