Redacción. Valencia
El pleno de las Cortes de la Comunidad Valenciana ha rechazado, con los votos en contra del PP y a favor de los tres grupos de la oposición, una comisión de investigación planteada por Compromís y por EUPV sobre la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad.
Mónica Oltra, en el pleno de las Cortes.
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En concreto, Compromís planteaba esta comisión para abordar la situación relativa a las revisiones de nivel y grado de dependencia que puedan estar aprobándose sin que se haya producido mejora objetiva alguna, "en base a criterios económicos y no de mejora del estado de salud". Durante este punto, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha expulsado del hemiciclo del parlamento autonómico a la mujer dependiente Elvira Murcia (quien estuvo encadenada ante el Palau de la Generalitat), tras interrumpir la sesión plenaria diciendo que el Gobierno les debe "dinero". La portavoz adjunta de la coalición Mònica Oltra ha destacado la importancia de esta comisión "para saber la verdad que afecta a miles de personas que se levantan abocados al sufrimiento y a pagar una crisis que es una estafa porque el dinero ha desparecido y donde ellos parece que son los culpables".
Por su parte, EUPV proponía esta comisión de investigación con el objetivo de conocer cómo se ha aplicado la norma desde su entrada en vigor hasta la actualidad. Según la diputada de EUPV Esthér López, "es hora de que se depuren reponsabilidades políticas que nos han llevado a ser un territorio en el que se vulneran los derechos subjetivos como la Ley de Dependencia".
2.300 quejas al Síndic de Greuges
Al respecto, López ha denunciado que la aplicación de esta norma generó 2.300 quejas al síndic de Greuges y ha destacado que, según el defensor del pueblo valenciano, "más de 1.000 personas como mínimo están sufriendo una vulneración de un derecho subjetivo". También ha criticado la "opacidad" de la Conselleria de Bienestar Social.
El representante del PP Ricardo Martínez ha subrayado que la Ley de Dependencia ha desbordado las previsiones tanto en la tramitación como en la inversión social". Además, ha subrayado que esta norma está "mal financiada" porque aunque en principio el Gobierno central asumiría el 80 por ciento y las autonomías el 20 por ciento, en la práctica "ha sido una ley sufragada por las comunidades y por los propios usuarios; una ley de 'yo invito y tú pagas'".
Para Martínez, "si en algo no hay que poner la tijera es en el gasto social", pero ha resaltado que "gobernar es decidir y actuar en consecuencia". Así, ha asegurado que el Gobierno "ha actuado, no como le hubiera gustado actuar desde el punto de vista humano, sino con responsabilidad política".
Durante el debate de este punto, el primero del orden del día del pleno de esta semana, los diputados de la oposición han hecho referencia al parlamentario del PP y exconseller de Solidaridad, Rafael Blasco, después de que la Abogacía de la Generalitat y Fiscalía hayan solicitado entre 11 y 14 años de prisión por un delito de tráfico de influencias y otro continuado de falsedad en documento oficial, ambos en concurso con un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, en la pieza del 'caso Cooperación' relativa a las ayudas a la Fundación Cyes. Mònica Olta ha comenzado su intervención diciendo que la situación de los dependientes "no es la actualidad, la actualidad está sentada en la bancada del PP". Asimismo, Esthér López ha denunciado que el PP "es incapaz de apartar de su grupo a un acusado de uno de los casos de corrupción más graves". Asimismo, el diputado socialista José Manuel Sánchez ha dicho: "Ya nos gustaría que los dependientes de esta comunidad tuvieran el mismo grado de amparo por parte del presidente Fabra que el señor Blasco". "Mientras el presidente es incapaz de expulsar a los corruptos, sí expulsa a los dependientes", ha lamentado. |
