Redacción. Barcelona
El Parlamento catalán ha aprobado con el apoyo de todos los grupos, salvo la CUP, que se ha abstenido, que antes de acabar el año, el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) haga públicos los contratos que mantiene con los centros sanitarios privados con ánimo de lucro.
Josep María Padrosa, gerente del CatSalut.
|
Se establecerán “medidas de control y normas de transparencia y buenas prácticas” para evitar que en ningún caso los centros sanitarios privados con ánimo de lucro puedan destinar a otras finalidades los fondos que reciben por prestar asistencia sanitaria derivada por la red hospitalaria y asistencial de titularidad pública.
Habrá también medidas de control para que los profesionales que compaginan más de un trabajo, con la finalidad de que no desarrollen en su jornada profesional en la red sanitaria pública los trabajos fruto de su actividad en los centros privados.
Asimismo, ha aprobado con el apoyo de todos los grupos menos el PP, que ha votado en contra, un punto en una moción donde se rechazan las “inapropiadas” declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier
Rodríguez, después de que la auxiliar de Enfermería Teresa Romero se contagiase del virus del ébola. Además, la cámara legislativa catalana también insta al Gobierno central a “tomar las medidas que sean necesarias para enderezar, de forma urgente, la gestión de esta grave crisis sanitaria”.
El pleno ha aprobado varios apartados de una moción presentada por C's sobre las relaciones que mantienen los centros sanitarios privados con ánimo de lucro con la red pública de asistencia sanitaria. El Parlamento ha aprobado garantizar la continuidad del Instituto Catalán de la Salud (ICS), entidad de la Generalitat que gestiona ocho grandes hospitales y la mayoría de ambulatorios de la comunidad, ante el proyecto de la consejería de subdividirlo en diferentes consorcios territoriales.
No a la “infrautilización”
En el debate entre los grupos, la diputada y médico del Hospital de Sant Pau Carme Pérez ha asegurado que no es de recibo derivar actividad asistencial de la red pública a la privada con ánimo de lucro cuando la primera tiene “infrautilización” de recursos, algo que también ha apreciado la parlamentaria de ICV-EUiA Marta Ribas.
La ecosocialista también ha reivindicado que se celebre una consulta en Lleida para que los ciudadanos decidan si los centros que en la actualidad gestiona el ICS se segreguen y se integren en un consorcio sanitario territorial, un proyecto del Govern que en su opinión abre la puerta a una posible privatización, extremo que CiU ha negado.
Violant Cervera (CiU) ha defendido el consenso, y en este sentido, Alba Vergés (ERC) ha pedido un Pacto Nacional con partidos, instituciones y agentes del sector sobre el futuro del sistema sanitario.
Núria Segú (PSC) ha rechazado que en Cataluña puedan haber empresas privadas con ánimo de lucro que gestionen los centros sanitarios públicos, como ocurre en la Comunidad Valenciana, e Isabel Vallet (CUP) ha asegurado que el modelo sanitario está “destrozado” por los efectos de las políticas neoliberales y privatizadoras. |
